Sigue abierta la convocatoria pública por parte de la Autoridad Nacional de Televisión, que remplazó a la Comisión Nacional de Televisión, para otorgar contratos de concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción a nivel nacional.

El valor por la explotación de la concesión de televisión por suscripción corresponderá una tarifa constituida por un componente fijo equivalente a 42.853.719 pesos, diferido en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión; así como un componente variable, el cual es calculado sobre el número de suscriptores que reporte mensualmente el concesionario.

La ANTVseñaló que en el proceso de selección se tendrá en cuenta lo previsto en el TLC firmado entre Colombia y

Estados Unidos, que indica que “no habrá restricciones en el número de concesiones de televisión por suscripción a nivel zonal, municipal, y distrital una vez que las actuales concesiones en estos niveles expiren y en ningún caso más allá del 31 de octubre del 2011”.

Hace unos días esta licitación recibió algunas críticas en la Comisión Sexta del Senado por la participación de las empresas públicas de telecomunicaciones.

En este sentido el parágrafo 2° del artículo 14 de la Ley 1507 establece que dentro de los seis  meses siguientes a la expedición de esta Ley, la ANTV otorgará las concesiones de televisión por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten.

Según explicó el senador Eugenio Prieto (Partido Liberal), “el articulado no determinó que mediante una licitación las empresas públicas de telecomunicaciones pudieran acceder a las licencias de televisión por suscripción, al contrario, intentamos crear una herramienta que garantizara las oportunidades en igualdad de condiciones a los operadores nacionales”.

Para el senador Carlos Ferro (Partido de la U), “la competencia entre las multinacionales y las empresas nacionales debe garantizar la igualdad de condiciones. No estamos pidiendo que se otorguen licencias sin estudios previos a los públicos, pero tampoco se trata de aprovechar la autoridad para imponer obstáculos a los operadores regionales y favorecer las empresas privadas".