"No olvidar que la licencia del proyecto Los Ciruelos fue otorgada en el Gobierno pasado. El bosque seco no se puede afectar. Así de claro".

Así tuiteó ayer el presidente Juan Manuel Santos con relación al polémico proyecto ecoturístico en el Parque Tayrona, Los Ciruelos.

Como lo publicó ayer mismo EL NUEVO SIGLO, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, le pidió a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) un concepto jurídico para actuar en defensa del ecosistema circundante al área donde fue autorizada la construcción del proyecto.

La importancia que el Gobierno le está dando al tema fue precisada por el propio presidente Santos al trinar también ayer que "funcionarios de este Gobierno saben bien que la prioridad en el caso del parque Tayrona es la conservación del parque por encima de todo".

Expresidente Uribe lo admitió

Mediante un comunicado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) precisó que “la antigua Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales (DLPTA), del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), a través de la resolución 631 del 3 de abril de 2009 otorgó licencia ambiental a la empresa Reserva Los Ciruelos para el desarrollo del proyecto ecoturístico Los Ciruelos, ubicado en el Parque Nacional Natural Tayrona, cuya aprobación contó con el concepto técnico de viabilidad emitido por la Unidad de Parques Nacionales Naturales en el mes de enero de 2009. El concepto en mención daba viabilidad a la construcción de doce ecocabañas, dos cabañas para administración, dos muelles de acceso y dos flotantes. El área total del proyecto es de aproximadamente tres hectáreas”.

El expresidente Álvaro Uribe reconoció, en Twitter, que "nuestro Gobierno en efecto adjudicó de manera transparente, nunca para daños ambientales", acusando a Santos de "desviar la atención" sobre la polémica, indicando que el gobernante " no administra concesiones de ecoturismo y desvía atención".

Acciones del gobierno Santos

Frente a las decisiones administrativas del gobierno de Uribe, el de Santos, explicó la comunicación de ANLA, “evidenció la perforación exploratoria de dos pozos de aguas subterráneas por fuera del área autorizada en la licencia ambiental, por lo que mediante resolución 065 del 9 de noviembre de 2011”, la ANLA “impuso medida preventiva de suspensión de las actividades evidenciadas, hasta que la empresa realizara el sellamiento de los pozos y la restauración del área afectada. De acuerdo con la normatividad vigente una vez la empresa cumpla con los requisitos impuestos para el levantamiento de la medida preventiva dicha medida debe ser levantada dada la transitoriedad de las mismas. El cumplimiento del sellamiento de los pozos y la recuperación del área afectada se dio en el año inmediatamente anterior”.

En julio de 2012, la UAESPNN le recomendó a la ANLA “adoptar nuevas medidas para evitar la posible generación de un daño inminente sobre los ecosistemas de bosque seco tropical presentes en la zona del proyecto licenciado”.

Con base en eso, la ANLA le solicitó a la UAESPNN precisar “la información técnica allegada en el nuevo concepto, para analizar los impactos ambientales que supuestamente no fueron previstos en el concepto técnico”, documentación que está siendo analizada actualmente.

Empresarios insisten

El vocero de los empresarios que desean adelantar el proyecto, Ramón Jimeno, dijo que ellos tienen la licencia ambiental, que cumplen con toda la normatividad exigida y que el proyecto se ejecutará.

Jimeno también afirmó que la licencia ambiental les permite remover 21 metros cúbicos de material vegetal. “Esos 21 metros cúbicos corresponden al espacio donde estarán las cabañas. Eso es muy poquito porque van en pilones en el aire".

Por su parte, la directora de Parques Naturales, Julia Miranda, dijo que la licencia a la que hace alusión Jimeno es del año 2009 y que ésta se podría modificar para proteger el bosque tropical.

Miranda también afirmó que la Corte Constitucional es clara cuando anunció en un fallo que ninguna licencia ambiental puede ir en detrimento de un parque natural.

El ministro Uribe también se refirió a la sentencia de la Corte, que es la C-746/12, según la cual las licencias ambientales pueden ser modificadas e incluso canceladas: “Una licencia ambiental puede ser objeto de modificación, suspensión e incluso cancelación por parte de la autoridad ambiental competente, cuando se puedan causar daños no previstos en la licencia autorizada inicialmente”.

“No se va a permitir la tala de árboles ni a dejar depredar los bosques, ni afectar la riqueza existente allí, por lo que mi obligación es conservar y proteger los ecosistemas del Parque Tayrona”, enfatizó Uribe.

Presencia indígena

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental del proyecto ecoturístico playa Los Ciruelos, manifestadas por autoridades del sector, son algunas de las razones por las cuales el ministro del Interior, Fernando Carrillo, ordenó profundizar las investigaciones en torno a los actos de competencia de este Ministerio, con miras a presentar en los próximos días un diagnóstico jurídico del tema.

Uno de los puntos centrales, es revisar cuidadosamente si el Oficio expedido el 10 de enero de 2008 que certifica que no se registran comunidades indígenas en el área del proyecto está incurso en una o varias causales de revocatoria directa.

Los terrenos en que se proyecta la construcción del ecohotel podrían estar comprendidos dentro de los límites demarcados por la Línea Negra. Un perímetro circunferencial compuesto por puntos geográficos específicos y configurados por hitos invisibles, que demarcan una especie de frontera dentro de la cual se encuentran los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra.

Así pues, si se verifica que el área de influencia del proyecto está dentro de la Línea Negra y que es lugar de pagamentos o de actividades culturales o espirituales de otro tipo, y si se aplican los precedentes jurisprudenciales como los de un caso similar, como fue Puerto Brisa, debemos revisar cuidadosamente el acto de certificación.

En caso de encontrar que esa certificación es manifiestamente opuesta a la Constitución o a la ley, que no está conforme con el interés público o social o que causa un agravio injustificado, procederemos según corresponde, de acuerdo con los artículos 93 a 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Protección del bosque

“En esa área específica hay que proteger la riqueza ecológica, principalmente este bosque que es casi único en Colombia y está amenazado de extinción”, afirmó el ministro Uribe, agregando que por eso se requiere un concepto unívoco para que la ANLA “pueda hacerle seguimiento a la viabilidad del proyecto que ha licenciado".

En concepto del Ministro “en esa zona no se puede adelantar ninguna actividad productiva porque se debe evitar cualquier daño como consecuencia de los trabajos, obras y actividades que allí se realicen, ya que está cubierta por el bosque seco tropical”.

Recordó el Ministro que “la Constitución Política le impone a la propiedad privada dos funciones: una social y otra ecológica, y este es un caso de esos”.

El Titular de la Cartera de Medio Ambiente explicó que “el concepto que emita Parques Nacionales Naturales es vinculante para que la ANLA pueda actuar en correspondencia para definir el futuro de la Licencia Ambiental, a la cual le dio vía libre el 27 de diciembre pasado”.