La decisión del segundo vicepresidente peruano, Omar Chehade, de no renunciar a su cargo mientras se le investiga por presunto tráfico de influencias y a cambio de pedir una licencia le genera una situación incómoda al gobierno de Ollanta Humala, estiman políticos y analistas.

La negativa de Chehade a renunciar a su cargo se considera aún más complicada por el hecho de que el domingo pasado el presidente Humala le pidió en una entrevista televisiva dar un paso al costado, lo que fue interpretado en varios sectores como un pedido de renuncia.
Pero el vicepresidente, en una carta a la opinión pública el martes, señaló que no renunciaría pues se considera inocente de los cargos que se le imputan, y dice que esperará hasta que terminen investigaciones paralelas de la Fiscalía y del Congreso.
Chehade se reunió a comienzos de octubre con altos oficiales de la policía en un restaurante de Lima, donde -según la acusación de un general allí presente- expresó interés en desalojar a trabajadores de una cooperativa azucarera de las tierras que ocupan desde hace tres años para entregarlas al poderoso grupo empresarial Wong.
El caso de esa cooperativa está en manos de la Justicia, que es la que debe decidir el destino de las tierras.
El congresista del partido de gobierno Javier Díez Canseco calificó como "equivocada" la decisión de Chehade. "No es lo que el jefe de Estado esperaba", agregó.
El parlamentario opositor Mauricio Mulder consideró que al no renunciar a su cargo Chehade "está creando una crisis política".
"Solamente cabe la renuncia, y aferrarse al cargo es hacerle un desaire al presidente Ollanta Humala, quien tendrá que pedirle la renuncia para no quedar desairado", dice Mulder.
Otro congresista opositor, Carlos Bruce, consideró que "Chehade se equivoca cuando dice que renunciar significaría reconocer que es culpable. No, renunciar sería asumir su responsabilidad política".
Bruce agregó que "Chehade tiene que reconocer que ha metido al gobierno en una crisis política de proporciones"./AFP