Ante las dificultades para hacer efectivo el cobro, ayer la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la modificación en la plusvalía con la mayoría de los votos y donde se modifican los Acuerdos 118 de 2003 y 352 de 2008, se crea el Fondo para el cumplimiento o compensación de cargas urbanísticas por edificabilidad.

El secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, enfatizó en que es necesario ajustar los hechos generadores de plusvalía a lo dispuesto por la Ley y aclaró que este proyecto de acuerdo no cambia la tasa de participación por plusvalía, ni crea cargas urbanísticas.

Para los concejales Patricia Mosquera, del Partido de La U, y Daniel Palacios, de Centro Democrático, uno de los objetivos del proyecto de acuerdo es armonizar las disposiciones establecidas en el régimen de participación en plusvalía con la normatividad vigente.

La plusvalía es la obligación tributaria de propietarios de predios que cumplen alguna de las siguientes características: el predio pasa a tener un uso más rentable, se incrementa la edificabilidad o cambia la clasificación del suelo por ejemplo al pasar de rural a urbano.

Por otra parte, el proyecto de acuerdo establece la constitución de un fondo para cargas urbanísticas, lo que, según la Administración Distrital, permite ser más eficiente en la destinación de los recursos y flexibilizar las posibilidades de destino y ejecución.

Al respecto, el tercer concejal ponente, Nelson Castro, del Polo Democrático, explicó en su ponencia positiva con modificaciones que no se puede crear un fondo sin conocer antes cómo será su estructura. Esta ponencia fue rechazada, pero la mayaría del Concejo respaldó las ponencias de los concejales Nelly Patricia Mosquera y Daniel Palacios al considerar que el ajuste de la plusvalía a la legislación nacional y el fondo para cargas urbanísticas favorecerá el desarrollo urbanístico de la ciudad.

En la otra orilla, los concejales del Polo Democrático Manuel Sarmiento, Álvaro Argote, Celio Nieves y Venus Silva; Juan Carlos Flórez de ASI; Antonio Sanguino de Alianza Verde; y Gloria Stella Díaz del MIRA consideraron que este proyecto de acuerdo debió haberse presentado posterior al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“No puedo acompañar este proyecto hasta que no vea materializada la visión de ciudad que la Administración nos presentó en un comienzo”, manifestó Juan Carlos Flórez.

A lo anterior, Manuel Sarmiento, vocero del Polo, agregó que la plusvalía es una herramienta que no ha sido aprovechada. “En la ciudad se ha alcahueteado que los grandes constructores no paguen plusvalía. 269 mil millones de pesos se dejaron de recaudar. Este es un proyecto para  favorecer los cacaos de la construcción”, señaló Sarmiento.

Para el concejal Daniel Palacios, quien ratificó la ponencia positiva al proyecto de acuerdo, señaló que la iniciativa busca armonizar los hechos generadores (Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial) y los momentos de exigibilidad con lo que está establecido en la normatividad Nacional (Decreto-ley 019 de 2012 y Decreto Nacional 1077 de 2015), excluye del pago por participación en Plusvalía los tratamientos urbanísticos de “Mejoramiento integral” y “Conservación”, esto implica que los dueños de los predios  de barrios  en formalización no harán el pago por participación en plusvalía. 

“En nuestra ponencia, logramos que los propietarios originales sin importar los estratos, será exigible la participación en plusvalía al momento de la expedición de la licencia urbanística”, explicó el Ponente.

Además, se creará un Fondo Cuenta adscrito a la Secretaría Distrital de Hacienda, para el cumplimiento de cargas urbanísticas por edificabilidad, donde se harán inversiones en infraestructura para la ciudad. En este punto se logró incluir la priorización del diseño, construcción y adquisición de predios para el mejoramiento de los equipamientos de seguridad, defensa y justicia.

“Algunos de los equipamientos de seguridad, defensa y justicia que se  construirían son: estaciones de Policía, CAI, centros de convivencia, casas de justicia, comisarías de familia, estaciones de bomberos, juzgados y tribunales, escuelas militares, cárceles y unidades de fiscalía”, explicó Palacios.

Con el respaldo de los demás concejales, este proyecto de acuerdo pasa a sanción del alcalde Mayor, Enrique Peñalosa.