Tras la polémica de los últimos días, el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo Torres aclaró ayer que los más de mil postulados a la Ley de Justicia y Paz no tendrán un derecho automático a quedar en libertad.

Según el funcionario “lo que tienen es una expectativa de libertad en la medida que hayan cumplido con los requisitos que establecieron las leyes de desmovilización”.

A partir de ayer, cada uno de los desmovilizados de las extintas “Autodefensas Unidas de Colombia” (Auc) tienen una posibilidad de libertad, que consiste en la sustitución de la medida de aseguramiento que cada uno de ellos tiene en su contra en este momento y por virtud de la cual están presos.

Pero no es un beneficio automático pues cada proceso será sometido a una evaluación detallada de la Fiscalía en la que se determine si esos excabecillas y excombatientes colaboraron efectivamente con la justicia y cumplieron con los compromisos que adquirieron al momento de su desmovilización. Sólo entonces, si el ente acusador certifica que sí contaron la verdad y entregaron bienes adquiridos de manera ilegal, se podría hacer efectiva su libertad.

“Habrá que analizarse cada caso en concreto, cada situación en particular de los miles de reclusos que están en las cárceles en este momento, postulados a Justicia y Paz, para saber si contribuyeron a la verdad o le hicieron conejo a la justicia”, declaró Perdomo Torres, en el marco dentro del congreso “Visiones del derecho internacional y su aplicación en Colombia”, organizado por la revista Semana y la Fiscalía General.

Las organizaciones de derechos humanos han advertido que los cabecillas y combatientes de estas facciones ilegales van a salir de la cárcel, pese a que la ley establece que se les aplicaba una pena máxima de ocho años solo si reparaban a sus víctimas y contaban la verdad de lo sucedido, lo cual no ocurrió.