La forma como el Gobierno ha venido manejando la situación del país en momentos de los estallidos sociales, ha hecho que la protesta popular sea una de las armas más importantes para lograr reivindicaciones.

Así lo dio a conocer la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, al presentar el estudio Defensa de la empresa privada en Colombia, donde se analiza el desarrollo de la economía nacional en los últimos años.

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero Nieto, dijo a EL NUEVO SIGLO que las luchas sociales se han convertido en un factor determinante a la hora de realizar inversión en sectores específicos de la sociedad, dejando a un lado las políticas públicas de impacto general.

Explicó cómo entre 2003 y 2010 se realizaron en el país 608 consultas previas, mientras que en entre 2001 y 2016 se presentaron 4.818 peticiones, lo que muestra un aumento del 692%, con un alto costo para el erario.

De igual manera, la investigación permite ver cómo la mala aplicación de las consultas previas y las consultas populares mineras frenan el desarrollo del país. Sólo para mencionar un ejemplo, realizar una consulta previa le cuesta a los privados entre $2 mil millones y $10 mil  millones.

Dijo que los principales actores de la lucha social son la población urbana, seguida de asalariados, estudiantes, campesinos y trabajadores independientes.

“Esperamos con este documento contribuir al debate de las ideas. En medio de una agenda coyuntural tan movida como la nuestra, muchas veces pasamos por alto las discusiones a profundidad. Como lo hemos expresado el día a día se nos queda en la punta del iceberg: los escándalos de corrupción, las regulaciones que se expiden a diario, las indignaciones por el alza de impuestos y la ineficiencia del gasto público entre otras. Aquí lo que pretendemos es mirar debajo del iceberg y abrir el debate sobre los temas estructurales”, concluyó Guillermo Botero.

Campanazo sobre política económica

Así mismo, el informe entrega un balance del modelo económico colombiano y señala que la dependencia del sector minero-energético afecta el crecimiento económico. Así lo evidenció el boom que se vivió entre el 2004 y el 2014 y cuyo fin mostró el carácter monoexportador del país.

En la misma línea, según la investigación,  las políticas públicas mantienen los principales problemas de incentivos y barreras a los empresarios. La confianza empresarial se encuentra deteriorada, a pesar de la estabilización de las calificaciones de riesgo y los indicadores internacionales. De hecho, el índice de Confianza al Consumidor presenta una tendencia negativa desde hace 3 años.

La investigación también indica que uno de los problemas más graves que enfrenta el sector empresarial son las  altas cargas tributarias, de hecho es una de las principales razones por las cuales las sociedades y empresas cierran en el país. En Colombia se realiza una reforma tributaria cada dos años, lo cual produce inestabilidad normativa y una sensación de desconfianza para los empresarios.

Otro tema en el que Fenalco ha venido haciendo un llamado de atención y que el informe ratifica, es que el  Gasto Público no tiene una hoja de ruta clara y se mantiene en  números rojos. El déficit fiscal de 2010 a 2016 aumentó un 66,16%, incluyendo un incremento súbito de 2014 a 2015 de $5.90 billones. Este comportamiento genera sobrecargas fiscales sobre personas naturales y jurídicas.

Otros riesgos

Botero explicó que existe una alta regulación para las empresas en materia de regulación.

Para mostrar el desafío que tiene el empresariado colombiano en esta materia, el dirigente informó cómo entre los años 2000 y 2016 la rama ejecutiva expidió 94.748 normas, que afectan directamente los negocios en el país.

Otros factores que ponen en riesgo a la economía colombiana son las coaliciones presidenciales; relación entre el Ejecutivo y el Congreso;  la elección de magistrados de las altas Cortes y de las cabezas de los órganos de control influenciadas por coyunturas políticas y la marcada inestabilidad constitucional, no solamente desestimula la representación democrática, sino que afecta el desarrollo de negocios en el país.

También, temas como la implementación del Acuerdo Final con las Farc, el fast track, la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso al proceso de paz (Csivi) )y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), son evaluados en el informe, que asegura que con estos mecanismos surge una nueva institucionalidad, una especie de Estado paralelo.

Particularmente sobre este punto, el informe advierte que el empresariado convive en un entorno de hiper-regulación, que el clima de negocios afronta un alto grado de inseguridad jurídica y que con la implementación del Acuerdo Final se aumenta la carga normativa para el  empresariado.

Adicionalmente la investigación alerta sobre la imagen menoscabada de las instituciones, que genera que los ciudadanos pierdan la confianza en el direccionamiento gubernamental y en cada uno de los escenarios donde se desenvuelven.