La mayoría de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara estaría compuesta por los partidos Liberal y Social de Unidad Nacional (La U).

Por La U estarían los representantes Carlos Edward Osorio, Nicolás Guerrero y otros dos congresistas cuyos nombres, al cierre de esta edición, aún no estaban confirmados.

En cuanto a los liberales, estarían Alejandro Chacón, Edgar Gómez y otros dos por definir.

Atendiendo a una preocupación que los legisladores de esa colectividad vienen manifestando desde el cuatrienio pasado, el Partido Conservador estableció que sus congresistas en la Comisión de Acusación fueran todos abogados. La responsabilidad recayó sobre los representantes Germán Blanco, Humphrey Roa y Nicolás Albeiro Echeverry.

Por Cambio Radical estarán Hernando Padaui y Carlos Alberto Cuenca, por el movimiento Cien por Ciento por Colombia el legislador Yahir Acuña y por la Alianza Verde la congresista Angélica Lozano.

La Comisión, compuesta por 15 miembros, es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al presidente, al fiscal general, a los magistrados de la Corte Constitucional y Suprema de Justicia, así como del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

Una fuente de la Comisión le dijo a EL NUEVO SIGLO que se tienen más o menos unos 1.700 procesos y expresó que los más relevantes son los que remitió la Contraloría, que son juicios de responsabilidad fiscal que involucran a varios altos funcionarios.

La fuente señaló que hay expedientes disciplinarios y penales como son los procesos contra el actual senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, y el tema de los viajes de los magistrados. Uribe tiene 27 denuncias por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

El representante Blanco dijo que el papel fundamental de la Comisión será “hacer un juzgamiento previo de algunos aforados que pertenecen al Ejecutivo o a la Rama Jurisdiccional y algunas conductas que se consideran como irregulares y que no son juzgadas por ninguna otra autoridad”.

Blanco expresó que los congresistas “que lleguen a la Comisión deben estar con toda la transparencia” para “que hagan gestiones que no estén permeadas por hechos  de corrupción”.

Cabe recordar que la Contraloría remitió los procesos fiscales contra los aforados debido a que la contralora Sandra Morelli tenía la duda si ella podía investigar a los aforados.

Sin embargo, en un fallo de la Judicatura se aclaró que la Comisión es el juez para las faltas penales, fiscales y disciplinarias para los aforados constitucionales.