La crisis de seguridad en Buenaventura, que se viene agravando en los últimos meses tiene en estado de alerta a las autoridades, sobre todo a la Defensoría del Pueblo que en menos de un mes ha emitido dos alertas al Gobierno.

Al cierre de esta semana, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, estuvieron en la ciudad portuaria visitando diferentes barrios y comunidades. Un representante de la Agencia de la ONU para el tema de los refugiados (Acnur) también recorrió la zona.

El alto funcionario internacional expresó su preocupación porque durante este año se han presentado ya 145 homicidios en el puerto y la población vive en un difícil clima de violencia.

Howland urgió a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría visitar juntos la zona y acordar medidas urgentes con las autoridades locales, departamentales y nacionales con el fin de parar la violencia que enfrentan los pobladores.

A su turno el Defensor del Pueblo exigió que el Gobierno designe un gerente para la ciudad, al tiempo que anunció que solicitará al Ministerio del Interior medidas urgentes para frenar el incremento de la violencia en el último año, así como incrementar el gasto social para enfrentar la crisis de derechos humanos.

Cifras de la crisis

Según Otálora hay una especie de ‘ley del silencio’ que impera en algunas comunas atemorizadas por los grupos armados ilegales. En algunos sectores de la ciudad se ven viviendas desocupadas y muchas otras destruidas producto de los enfrentamientos entre las bandas criminales conocidas como “La Empresa”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, que buscan a sangre y fuego primacía en el ‘control territorial’.

La Defensoría denunció que atraviesan una situación crítica cerca de 1.300 familias (que suman alrededor de 4.000 personas) al ser víctimas de desplazamiento intraurbano.

Según las cifras oficiales, mientras en 2012 se registraron 122 homicidios, en lo corrido del año ya se han presentado 145 homicidios.

Incluso se considera que la cifra puede ser mayor, debido al temor de las comunidades a presentar las denuncias tanto de asesinatos como de amenazas y extorsiones.

De acuerdo con la Defensoría, las intimidaciones han llegado a casos como el de ocho cuerpos de víctimas desmembrados que aparecieron antes y después de la realización de una marcha por la paz, que organizaron algunos líderes sociales, lo que lleva a pensar en un macabro simbolismo de terror, coincidieron los altos funcionarios que integran la comisión humanitaria.

Las víctimas, en su mayoría, habitaban las comunas 3, 4, 9 y 12 de Buenaventura, quienes han tenido que abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en esas zonas del puerto.

Incluso el pasado 6 de noviembre se registró un caso de desplazamiento masivo  en la ciudad portuaria que bien podría ser catalogado como “una de las expulsiones de población más elevada en un solo evento violento de las que se tenga registro en el país”.

Citando datos de la Personería Distrital local, la Defensoría  indicó que 629 familias de los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros tuvieron que salir de sus viviendas por temor a los enfrentamientos entre esas bandas criminales.

La misma entidad había reportado que en el Registro Nacional de Desaparecidos se reportan 71 casos “de presuntas desapariciones forzadas y de 94 casos de desapariciones catalogadas como no forzadas en Buenaventura, en especial en los barrios El Centro, Juan XXIII y Piñal. A ello se suma que también se presentan casos de reclutamiento forzado de menores.

Falencia estatal

Para la Defensoría hay falencias en la respuesta estatal frente a la crisis en Buenaventura, puesto que las mismas tres entidades habían realizado en noviembre de 2012 una visita humanitaria en la que advertían la crítica situación de derechos humanos y un año después la situación ha empeorado.

El Defensor del Pueblo anunció el viernes que, de manera conjunta con las oficinas de la ONU para los DD.HH. y para los Refugiados, presentará un detallado informe sobre esta visita al Ministerio del interior con el objetivo de solicitar del Gobierno Nacional una política pública integral que incluya obras, servicios públicos y programas de empleo.

“Necesitamos presencia del Estado para los habitantes de Buenaventura que, por un lado, observan el desarrollo de la economía que ingresa por el puerto y, por otro, viven en medio de las condiciones más extremas de pobreza. Eso es lo que vamos a demandar del Gobierno”, dijo Otálora.

Las autoridades han reaccionado frente al embate de las bandas criminales y las milicias guerrilleras en el puerto. Son varios los operativos en que se ha capturado y judicializado a líderes de estas organizaciones criminales, que se pelean sobre todo por el control de negocios de microtráfico, contrabando, hurto y sicariato. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.

Aunque  Otálora Gómez reconoció la labor que cumple la Fuerza Pública y destacó los resultados que se han traducido en capturas y en incautaciones pero estas acciones deben ir acompañadas de inversión pública y de gestión local.

Lo más grave es que el viernes el Defensor del Pueblo lamentó que tanto el Alcalde de Buenaventura como el Gobernador del Valle, quienes habían sido convocados, no hubiesen atendido el llamado de la entidad ni de los organismos internacionales. “Pese a que el Alcalde volvió a incumplir las convocatorias envió un representante, sin embargo, el Gobernador ni siquiera se excusó. Esto refleja la indolencia y la falta de atención de las administraciones locales frente a una de las problemáticas más graves de derechos humanos que registra el país”, puntualizó Otálora Gómez.