Aunque todavía no hay fecha para la radicación ante el Congreso del proyecto sobre una reforma al régimen de tierras en Colombia, la polémica alrededor de los alcances de la iniciativa ya alcanzó un punto de máxima tensión.

Todo empezó cuando el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Aurelio Iragorri, dijo que era “falso que nos estemos copiando de Venezuela, este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, es para darles más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país”. 

Dijo además que “es absolutamente necesario tener un marco normativo para ordenar la casa y tener un desarrollo productivo. Esta no es una ley de expropiación o extensión de dominio, el propósito es ponerle orden a la propiedad rural, que ha sido el motivo del conflicto entre los colombianos, la verdad es que el desorden que ha habido en el manejo de las tierras en el país ha impedido lo que todos queremos, un desarrollo productivo del campo en Colombia para que al final del ejercicio al campesino, al agroindustrial, al finquero, le quede más plata en el bolsillo”.

Los riesgos

A esta explicación del Ministro de Agricultura, le siguió la opinión de Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, al sostener que “no crea ningún riesgo. Lo que hace, por el contrario, es ratificar la propiedad privada en el país”.

Agregó que hoy hay 8 millones de personas que no son dueñas de las tierras donde trabajan y que lo que hace el proyecto es entregar esas tierras a los campesinos.

 “Lo que se está buscando es ordenar la propiedad para todos, privilegiando a los campesinos más vulnerables”, dijo.

 Concretamente, el funcionario manifestó que no se están cambiando las reglas de juego, tal como lo manifestaron algunos gremios.

“Plantea que cuando hay una negociación fallida entre el Estado y el propietario que sea un juez de la República el que determine si procede o no la expropiación”, aclaró.

 En ese sentido, Samper manifestó que las críticas que ha recibido el proyecto son desmedidas.

Dentro de la defensa del Gobierno surgió la voz del secretario general para la Presidencia, Alfonso Prada, quien explicó que el Gobierno nacional determinó que el proyecto de Ley de Tierras no será aprobado por un decreto vía fast track sino que será presentado al Congreso de la República para un debate de cara al país.

Así lo planteó el secretario general de la Presidencia de la República, Alfonso Prada, quien manifestó, que la iniciativa será presentada al Congreso en el menor tiempo posible.

Dijo que el proyecto de tierras se ha socializado con diferentes sectores del aparato productivo del país para conocer su punto de vista y hay claridad sobre el respeto de propiedad privada.

Prada manifestó que la idea es fortalecer la propiedad en materia de los campesinos para garantizar la propiedad privada, e indicó que vio mucha tranquilidad con los sectores que se reunieron anoche en la Presidencia de la República.

Comentó que se recibieron más de 1.500 reclamaciones por parte de todos los estamentos y que, ahora, esta iniciativa será presentada a las Farc, con el fin de conocer su punto de vista.

Y los gremios

Sin embargo también hubo críticas por parte de los gremios y el que encabezó estas opiniones fue el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien señaló que el proyecto de tierras no soluciona los problemas sobre el tema en el país.

El dirigente gremial señaló que el proyecto proclama una transformación estructural de la realidad rural del país con equidad, igualdad y democracia, pero no explica en qué consiste ese “revolcón” en términos de las variables objetivas que modifiquen el atraso social y productivo del campo colombiano.

Dijo que “yo creo que el campo no puede seguir siendo un instrumento demagógico de ciertos sectores que creen que lo pueden tener como bandera. La gran diferencia que yo he tenido a lo largo de estos años con el Gobierno, es que incorporó en la negociación un solo sector económico, el sector rural, ¿con qué argumento?, porque había que entregarle alguna cosa a las Farc y le entregó al sector rural. El sector rural no puede seguir siendo el botín de guerra de la visión estratégica con el cual el país eventualmente puede tener un desarrollo sostenible”.

Sobre la forma como se ha dicho que el proyecto afecta la propiedad privada, el presidente de los ganaderos señaló que “perturba la propiedad privada, porque le otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para que extinga el dominio. Expropiar indica indemnizar, extinguir es la sanción que le impone el Estado a un particular cuando la tierra ha sido obtenida de manera ilícita. Además el proyecto sería aprobado muy probablemente a través de un Decreto con fuerza de Ley y no a vía Congreso- fast track”.

Para el dirigente gremial, “este proyecto es muy similar a la Ley de Reforma Agraria que Chávez tramitó vía ´facultades habilitantes´. Las similitudes entre la Ley venezolana del 2010 y la que se pretende aprobar en Colombia en el 2017 para cumplirles a las Farc es impresionante”.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que los diferentes gremios de la producción han realizado más de 38 observaciones sobre 8 temas muy importantes al proyecto de la Ley de Tierras que está a punto de presentar el Gobierno y que busca expropiar los lotes de ‘engorde’ o terrenos improductivos para entregarlos a los campesinos.

Según Bedoya las propuestas se basan en el respeto de la propiedad privada, la inclusión social y la competitividad del campo colombiano.

“Entre los puntos más relevantes están: las funciones jurisdiccionales de la Agencia de Tierras; la expropiación por inexplotación; extinción de dominio y las facultades de la UPRA; la posibilidad de ampliar los resguardos indígenas sin criterios objetivos y las reservas campesinas”, sostuvo Enrique Bedoya.

Además agregó el dirigente gremial que “tenemos toda la expectativa de lo que presentará el Gobierno para tener toda la tranquilidad o intranquilidad del caso”.

Y los sectores políticos

Pero los sectores políticos también se metieron en esta polémica. El presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien además conoce el tema, y sobre el particular anotó, “Este es un proyecto de ley que está desbordado y atenta contra la propiedad privada en el país. No es lógico lo que se propone, no tiene ningún asidero. La Agencia Nacional de Tierras, ANT, no puede manejar la totalidad de territorio, solo puede tener acción sobre las tierras del Estado, solo sobre esas, no sobre las privadas sobre las que se rigen por el Código Civil colombiano y son los jueces de la República los que toman las decisiones sobre ellas”.

Y agregó, “Lo que está pasando es que con este proyecto se está creando una ‘Gestapo’ de tierras. La ANT quedaría con un poder máximo para tomar decisiones, eso es peligroso, la ley no puede ser abusiva con la propiedad privada”.

Y criticó, “No es lógico que alguien desde un escritorio tenga el criterio para decidir si lo que se cultiva o para lo que usa la tierra es productivo o no. Pues mientras para un propietario puede ser productiva la ganadería para ese funcionario lo productivo puede ser un cultivo, allí hay un problema de interpretación muy grave y obviamente va en contra de la  propiedad privada”.

Por su lado el senador Antonio Guerra manifestó, “No hay coherencia entre las palabras de los altos funcionarios del Gobierno y  lo consignado en el Decreto-ley”, señala Guerra de la Espriella.

Normatividad

Manifiesta que la normatividad vigente contempla suficientes  herramientas que obviamente necesitan unos ajustes, pero, anota,  que de manera concertada con el Congreso se podrían incluir y lograr los objetivos que tiene el Gobierno  a través de lo que han denominado proyecto de Decreto-ley para el manejo y ordenamiento social de la tierra en Colombia.

“Si existe el mecanismo del fast track  por qué no llevarlo a esa instancia especial legislativa”, subrayó.

Antonio Guerra de la Espriella puntualizó que hay mucha ambigüedad y que por eso las palabras del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri,  y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper,   no corresponden a lo que se interpreta en el proyecto.

Contravía

Pero las críticas también se escucharon de la izquierda, una de ellas fue del senador Iván Cepeda del Polo Democrático quien aseguró que esta propuesta, que sería en realidad un Decreto-ley, va en contravía de lo pactado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

"Lo que se pretendería no es de ninguna meta de implementar los acuerdos de paz, sino por el contrario, seguir avanzando por la vía de la concentración de tierras. Y eso sería una grave falta a lo que se ha pactado en La Habana durante años de negociación", señaló.

Cepeda agregó que después de ver el borrador de un proyecto de ley o de un Decreto-ley, "para supuestamente desarrollar el punto primero de la reforma rural integral de los acuerdos de paz", se declara "abiertamente en contra de esa propuesta, porque lo que hace es borrar de un solo tajo todo lo que los campesinos han conquistado en este país".

 El congresista cuestionó que, por ejemplo, ese borrador propone que se anule la Ley 160 de 1994, "que entre otras cosas prevé la limitación de la concentración de tierras a través de la Unidad Agrícola Familiar".

El expresidente y senador Álvaro Uribe, afirmó que la propuesta "es igual a la economía centralmente planificada del Estado marxista, de Castro, de Chávez. Eso acaba con toda la confianza de inversión".

 Para Uribe, esta modificación acerca al país al modelo de países como Venezuela. "En Venezuela y en Cuba empezaron con expropiación del campo y después acabaron con la industria y con el comercio, dejaron a los ciudadanos sin empleo, sin alimentos, sin bienes, sin servicios, en extrema pobreza. ¡Por favor! Qué desafío tan grande en contra de los intereses superiores del país", concluyó.

Más análisis

Por su lado el Partido Liberal, el senador Guillermo García Realpe, señaló que “lo primero que uno le pide a la gente es que estudie la iniciativa, porque finalmente se va a establecer una vía administrativa por decreto y lo que tiene que ver con tenencia de tierras, con el tema de baldíos, con el tema de acumulación de unidades agrícolas familiares va por ley de la República, eso va a tener un debate muy amplio”.

Anotó que los sectores de izquierda dicen que son propuestas capitalistas, y la gente de derecha dice que somos castro-chavistas, comunistas, “esas son visiones muy sesgadas, pero trazadas por una actitud per se”

El presidente del directorio Conservador, el senador Hernán Andrade, dijo, “el proyecto hay que estudiarlo con ex ministros, con actores, lo que era el proyecto original, y vamos a estudiarlo internamente el próximo jueves de 8 a 12 del día, tengo varias ideas, la mía es de formalizar para superar el tema de las tierras”.

El proyecto “permite entregar baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”, dice una carta firmada por senadores y representantes a la Cámara, como Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Ángela Robledo, de la Alianza Verde, así como por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas. El documento va dirigido a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), es decir, a los representantes de las Farc, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro del Interior y el Consejero para el Posconflicto, encargados de revisar que las propuestas legislativas para el posconflicto se acomoden al marco del acuerdo final.