La ley de propinas pasó en segundo debate en la Cámara de Representantes y ahora será discutida en el Senado de la República.

La iniciativa, que es autoría del representante por Bogotá Efraín Torres, busca que estos dineros lleguen al personal de servicio de los restaurantes, bares y establecimientos comerciales.

“El personal de servicio de todo establecimiento comercial contará con que se le respete la totalidad del monto de las propinas, evitando así que los dueños de los locales se apropien de este dinero”, apuntó el congresista del Partido de la U.

Torres agregó que “ese dinero entregado de manera voluntaria, es independiente del valor pagado por los bienes y servicios que ofrece el establecimiento, por lo que claramente se observa que los beneficiarios de las mismas tienen que ser los miembros de la cadena de servicios. Esto en pro de garantizar los derechos de los trabajadores”.

El legislador también afirmó que este proyecto significaría un paso adelante en las condiciones de trabajo en el país, ya que muchas veces el empleador establece normas a las que el empleado debe someterse por encima de los derechos laborales.

“En muchas ocasiones he escuchado al personal de servicio sobre este tema. Resulta que los empleadores asignan solamente un porcentaje de las propinas para destinar a los empleados y con lo que les resta invierten en el establecimiento, o incluso en casos extremos, se hacen de este dinero para completar los salarios. Esto va en contravía de unas buenas condiciones laborales”.

El proyecto de ley establecería además sanciones para dueños de establecimiento en dos tipos de casos. En primero de ellos, cuando dueños de establecimientos impongan la propina dentro de las facturas y apliquen una obligatoriedad al consumidor. De darse esta situación Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas hasta por más de 1.200 millones de pesos.

En el segundo de los casos el congresista por Bogotá asegura que “tiene que ver con la apropiación de las propinas por parte de los empleadores. Allí podría entrar a sancionar el Ministerio de Trabajo hasta por 3 mil millones de pesos. El que no cumpla con las normas vigentes y sea reiterativo en las faltas podría verse afectado hasta con el cierre del establecimiento”.