La ley de primer empleo’, creada en 2010 para incrementar los puestos de trabajo entre los jóvenes y población vulnerable, es uno de los argumentos principales del Gobierno para mostrar los resultados positivos de empleo en el país.
Sin embargo, sus resultados todavía no son concretos aunque la desocupación en el país ha caído a un dígito desde hace un año.
Según un análisis de Fedesarrollo, una de las principales iniciativas que se han realizado en el país para combatir los altos niveles de desempleo juvenil es la Ley 1429 de 2010, más conocida como la “Ley de Primer Empleo”, mediante la cual el Gobierno ofrece estímulos económicos y deducciones tributarias a las empresas que se formalicen y contraten población vulnerable y de baja empleabilidad, incluyendo jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, personas desplazadas, reinsertados y personas en situación de discapacidad.
Subsidios
Señalan los expertos que cualquier empresa formal que vincule a trabajadores jóvenes menores de 28 años puede descontar del impuesto de renta el valor de las contribuciones parafiscales y un porcentaje de los aportes que realiza en salud y pensión.
Cabe resaltar que se trata de un subsidio escalonado, de manera que se descuenta el 100% en los primeros dos años, 75% en el tercero, 50% en el cuarto y 25% en el quinto año. Dado que el objetivo es generar nuevos puestos de trabajo formal para la población joven, este beneficio tributario únicamente aplica para nuevos empleos, no para reemplazar personal contratado con anterioridad.
Un análisis general de las cifras señala que desde el establecimiento de la Ley 1429 en 2010, la tasa de desempleo juvenil ha evidenciado una reducción más pronunciada con respecto a la tasa de desempleo promedio de la economía.
Desempleo juvenil
Sin embargo, para el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, CGT, Fabio Arias, “esas cifras no son ciertas sino hay que ver lo que se presenta en las ciudades con un incremento en el desempleo juvenil. La política ha sido bien intencionada, pero su balance es negativo. Nadie duda que la desocupación entre los jóvenes ha aumentado”.
El dirigente sindical señala que las motivaciones que tiene el Gobierno para incentivar la generación de empleo entre el empresariado, no han dado resultados. “Cuando las empresas le dan trabajo a los jóvenes, es mal remunerado, y son empleos de mala calidad, aprovechándose de que el joven necesita emplearse. No hay empleo de calidad”.
Mientras tanto, Fedesarrollo sostiene que “mientras entre 2010 y 2014 la tasa de desempleo de la población joven disminuyó en 4,2 puntos, la tasa de desempleo total mostró un descenso de 2,7 puntos. Dado que la contracción del desempleo nacional ha sido más moderada, la brecha entre ambas tasas ha mantenido una ininterrumpida tendencia decreciente”.
Si bien la tasa de desempleo juvenil ha mostrado un mayor ritmo de contracción, no es posible atribuir este descenso únicamente a las políticas de primer empleo; no obstante, las cifras podrían indicar cierta incidencia positiva sobre las tasas de desempleo de este grupo poblacional.
Programas
Una medida de estímulo por el lado de la oferta es el programa “Jóvenes en acción”, a través del cual el Gobierno Nacional otorga incentivos económicos a bachilleres que hayan logrado ingresar a la educación superior para que puedan continuar con su proceso de formación académica.
El programa le otorga a sus beneficiarios doscientos mil pesos mensuales para apoyar sus gastos de sostenimiento y manutención. Al ser un mecanismo de Transferencias Monetarias Condicionadas, los jóvenes que hacen parte del programa deben cumplir con ciertos compromisos para continuar en el mismo.
Por otra parte, este año se inició el programa “Ser pilo paga”, una medida que beneficia a la población más joven de bajos recursos con buenos rendimientos académicos mediante becas para acceder a la educación superior.
Teniendo en cuenta que la falta de experiencia es uno de los principales obstáculos que impiden una adecuada inserción de los jóvenes al mercado laboral, en un esfuerzo adicional por generar oportunidades de empleo de calidad para este grupo poblacional, el Gobierno Nacional inició este año el programa de “40 mil primeros empleos”, una iniciativa cuyo objetivo es beneficiar a cuarenta mil jóvenes entre 18 y 28 años que nunca hayan trabajado para que puedan adquirir experiencia en su área de estudio.
Inversiones
La inversión necesaria para llevar a cabo esta estrategia es de 300 mil millones de pesos, los cuales se destinarán al pago de los primeros tres meses de salario de los participantes, incluyendo las prestaciones sociales que exige la ley.
El pago de los tres meses siguientes está condicionado a que las empresas contraten por lo menos por otros seis meses al 60% o más de los jóvenes vinculados al programa. Pese a que dicha estrategia busca contribuir con la formalización laboral y la reducción del desempleo juvenil, genera importantes inquietudes en cuanto a su financiamiento y efectividad.
El programa “40 mil primeros empleos”, está dirigido a la población sin experiencia laboral, recién egresados de algún programa de Educación Superior y bachilleres que no hayan podido continuar con su proceso de formación en las regiones con mayor tasa de desempleo juvenil.
Oportunidades
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que el propósito principal es eliminar la principal barrera de acceso del trabajo a los jóvenes, a través de la consolidación de una primera experiencia laboral relevante.
“Este primer empleo es una oportunidad para que nuestros jóvenes se pongan en marcha y arranquen con sus vidas laborales”, expresó el Jefe de Estado.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, explicó que para implementar el programa se requiere el concurso de la empresa privada creando oportunidades de trabajo que respondan al perfil e interés de los jóvenes, generando un entorno laboral propicio para el desarrollo personal y profesional del nuevo trabajador, incluyéndolo en los procesos de capacitación de la empresa y garantizándoles 6 meses después y por un tiempo mínimo de 6 meses adicionales la vinculación laboral de al menos el 60% de los jóvenes que hacen parte del programa.
El Gobierno nacional, reveló Garzón, se compromete entre tanto, a financiar el salario y los aportes a Seguridad Social del trabajador por hasta 6 meses, permitiendo que su empresa aproveche el dinamismo, la creatividad, curiosidad y las ganas de aportar que tiene el joven.
De acuerdo con Fedesarrollo refiriéndose a este programa, “en primer lugar, el Gobierno debe asumir más de la mitad de los costos del programa, sin hacer explícita la fuente de financiamiento ni la sostenibilidad del mismo en el mediano plazo. En segundo lugar, al tener el contrato una temporalidad tan corta (seis meses), no hay forma de garantizar la permanencia de los jóvenes en la formalidad una vez finalice su vinculación con las empresas”.
Por otra parte, es un programa que corrige un problema temporal sin solucionar problemas estructurales como la falta de formación, lo cual tiene consecuencias importantes a mediano plazo sobre la competitividad y productividad del país. Más aún, este tipo de iniciativas podrían generar incentivos inadecuados para los jóvenes, quienes en lugar de seguir estudiando una vez finalicen el bachillerato podrían optar por buscar empleos que seguramente serán de baja calidad (dado el perfil del joven), perpetuando los bajos niveles de productividad del país.
Finalmente, debido a que las empresas no deben asumir los costos de contratación de los jóvenes (al menos los primeros tres meses) existe el riesgo de que no se preocupen por capacitar a los mismos y únicamente saquen provecho del subsidio del Gobierno.
En suma, un monto como el que se requiere para llevar a cabo esta medida podría ser destinado para la financiación de programas de formación y educación, lo cual tendría un mayor impacto no solo a mediano sino a largo plazo.
Balance
Uno de los grandes retos de los diseñadores de la política económica y social es reducir el alto nivel de desempleo juvenil y mejorar las condiciones laborales para la población joven.
Un avance importante en este sentido son las leyes de primer empleo, políticas mediante las cuales el Gobierno ofrece incentivos a las empresas para que vinculen formalmente a la población joven.
Adicionalmente, en muchos países se ofrecen programas de formación y capacitación, en los que se complementa la formación académica de los jóvenes con el aprendizaje en el lugar de trabajo. La evidencia a nivel global sugiere que la efectividad de los subsidios a la contratación es mayor cuando se focaliza en subgrupos específicos (OIT, 2015).
Sin embargo, las estadísticas laborales del país sugieren que la exención temporal de pagos para seguridad social establecida en la Ley 1429 de 2010 probablemente tuvo un impacto positivo, algo que debería corroborarse con estudios de impacto más detallados.
De acuerdo con Fedesarrollo, la política de “40 mil primeros empleos” planteada recientemente por el Gobierno Nacional genera muchas más dudas, no solo por el enorme costo que tendría (300 mil millones de pesos), sino por generar subsidios poco focalizados y con potenciales efectos indeseables sobre los incentivos a mejorar los niveles de formación de la población joven.
La principal recomendación es definir una política integral para la juventud, en la que se integren las estrategias gubernamentales a nivel educativo que se adelantan a través del SENA con programas asistenciales que maneja el Departamento de Protección Social (DPS), tales como el llamado programa de “Jóvenes en Acción” y lo que se haga en materia de mercados laborales mediante iniciativas como las comentadas en este documento.
Como referencia oficial, se debe mencionar que la tasa de desempleo nacional se situó en 8,9% en el mes de mayo, un aumento de 0,1 pps con respecto al año pasado. En los últimos dos meses, el número de personas desocupadas viene creciendo a tasas mayores (en promedio 7,1%) que el total de la fuerza laboral (que crece en promedio 3,2%). Sin embargo, para las 13 ciudades principales, la tasa de desempleo en mayo fue de 9,6%. Lo anterior representa una reducción de 0,4 puntos frente a la cifra registrada doce meses atrás y constituye el dato más bajo desde que se tiene registro.