La ley de Justicia y Paz ha vivido en el centro de las polémicas nacionales, desde su formulación por parte del Gobierno anterior. Y, como era de esperarse, esa condición se prolongó al proyecto de ampliación, recientemente aprobado por el Congreso.

Uno de los más críticos de esta última iniciativa, desde cuando la entonces fiscal Vivian Morales la radicó en el Legislativo, ha sido el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático.

Según Cepeda, el proyecto de reforma a la Ley 975, de Justicia y Paz, limita el derecho a la reparación de las víctimas, ya que elimina el incidente de reparación a éstas dentro del proceso judicial a los desmovilizados y les impone a los afectados por el conflicto armado la carga adicional de elevar su reclamo ante el Gobierno Nacional.

Para el congresista, “esto no es un mico, sino un orangután que se le trepó al proyecto. Es inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación para que las víctimas participen en los procesos y para que accedan a la reparación”.

El representante Cepeda agregó que este proyecto contradice la Ley de Víctimas en cuanto deja sólo una opción para la reparación, mientras la norma contempla que se pueden ejercer las vías judicial o administrativa sin que sean excluyentes.

En respuesta, el viceministro de Justicia, Miguel Samper, consideró que no hay “nada más alejado de la realidad” que lo sostenido por Cepeda.

De acuerdo con Samper, “lo que está ocurriendo en la actualidad es que la sentencia en materia de las indemnizaciones se está quedando en el papel y el Representante sostiene que esto había sido una vía efectiva para la reparación, cuando en 7 años de proceso solo se ha decretado una reparación”.

El viceministro Samper señaló que “lo que se está haciendo es evitar que las víctimas se sometan a todo un proceso judicial, que eleven sus expectativas para después salirles con un chorro de babas”.

Samper argumentó que con la norma aprobada lo que se está haciendo es proteger los derechos a las víctimas.