EL NUEVO SIGLO: Como uno de los impulsores de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, ¿qué piensa sobre las denuncias de infiltraciones que denuncia el Centro Democrático se dieron a su campaña presidencial en 2014?

JUAN MANUEL GALÁN: Me parece que lo que hay que hacer es aplicar la ley, darle plena aplicación a todo ese esfuerzo legislativo que hicimos para sacar adelante la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que tiene las herramientas, tiene los instrumentos para castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos por cuenta del mal uso de los instrumentos de inteligencia y contrainteligencia. De las instituciones que tienen a su cargo la inteligencia y contrainteligencia del Estado, que debe estar al servicio exclusivamente de la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos. No debe estar al servicio de un gobierno ni debe estar al servicio de perseguir opositores, de perseguir al poder judicial, a los periodistas o a los defensores de derechos humanos, como se hizo en el pasado por parte de gobiernos anteriores que creyeron que esos organismos eran para interceptar a la Corte Suprema de Justicia o para interceptar a los partidos de oposición, como el país sabe que lo hicieron. Ahora con esta Ley, si se aplica, se puede determinar quiénes son los responsables de esos abusos, y esos abusos se pueden castigar, no tienen por qué estar en la impunidad. La Fiscalía, los operadores de justicia cuentan con todas las herramientas en la Ley de Inteligencia para proceder y aplicar esa Ley en contra de los abusos que ocurran.

ENS: Denuncias del Centro Democrático sobre infiltración surgen por la información que entregó el almirante Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, a la Fiscalía, que dio inicio a investigaciones sobre el saboteo al proceso de paz. ¿Considera usted que Echandía actuó de forma irregular?   

JMG: Creo que sobre todo cuando un servidor público conoce de un eventual delito su obligación es comunicarlo a las autoridades y denunciarlo. Si el almirante Echandía eventualmente recibió una información que consideraba implicaba la posible comisión de una violación a la ley, pues lo mínimo que puede hacer, es su obligación como ciudadano pero sobre todo como funcionario público, es comunicarlo a las autoridades, en este caso la Fiscalía, para que procedan a evaluar esa información y decidan si es una información que tiene asidero, credibilidad, que eventualmente amerita la apertura de una investigación. Pero la obligación de cualquier ciudadano y cualquier funcionario público es informar a las autoridades sobre los delitos que eventualmente se puedan estar cometiendo, para que las autoridades definan si es un delito o no lo es.  

ENS: ¿Qué papel está cumpliendo el Congreso a partir de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia?  

JMG: Introdujimos en la Ley de Inteligencia, porque no estaba contemplado en el proyecto original del Gobierno nacional, la posibilidad de que el Congreso de la República por primera vez en la historia pudiera hacer control político a los organismos de inteligencia del país y a sus actividades. Obviamente ese control político se ejerce en una situación distinta a la que el Congreso ejerce el control político en los demás temas que son de su competencia. En este caso como se trata de información reservada, como se trata de información que no puede ser divulgada ni filtrada, el Congreso debe proceder con unos protocolos y con un reglamento especial para no poner en riesgo a las fuentes y a los métodos de inteligencia que tienen que ver con esta información reservada. Eso ocurre en todas las democracias avanzadas del mundo: en el Congreso de Inglaterra, en el Congreso de Estados Unidos, en los demás congresos del mundo hay comisiones que se encargan de hacer control político a las actividades de inteligencia y contrainteligencia dentro de ese marco de guardar la reserva de la información a la que tienen acceso. En el caso colombiano ha habido dificultades en poner en marcha las actividades y la acción de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, la comisión legal que se creó para tal fin, pero ya por lo menos se logró elegir a los integrantes de la Comisión, ya han venido sesionando, han venido actuando, y eso es un paso muy importante hacia la democratización, la legitimidad del control político al que deben estar sometidos también los organismos de inteligencia y contrainteligencia de una democracia.