La profundización en la protección al campesinado es uno de los cambios que se presentan en la ponencia presentada para primer debate al proyecto gubernamental llamado de las Zidres, más conocida como de baldíos o de Altillanura.
Lo que expresa uno de los ponentes, el representanta a la Cámara Arturo Yepes es que la Comisión considera que el Congreso debe dejar completamente claro que el beneficiario de la asignación de la tierra en las Zonas Integrales de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, exclusivamente tiene que ser el trabajador agrario.
“Lo que se pretende es que siendo el trabajador el dueño de la tierra, el empresario aporte el capital”, dijo Yepes.
En la iniciativa también se destaca que se establecen unas obligaciones a cargo del Estado con la finalidad de que se garantice la construcción de la infraestructura del desarrollo de las Zidres.
En la ponencia, que ya fue radicada, se precisa también el concepto de las zidres.
Yepes explicó que el Gobierno nacional presentó un proyecto general, bien intencionado, pero le faltaba blindarse contra posibles distorsiones que pudiera tomar otro gobierno en el futuro.
Manifestó el ponente que lo que se puede destacar es la decisión del Gobierno de que las zonas que fueron inexplotadas en el pasado sean, mediante el sistema de asociación, explotadas económicamente no solo para generar empleo, sino seguridad alimentaria.
Sin gestores
Según el ponente de la iniciativa, desaparece la figura de los gestores y se establece el modelo de trabajo entre el capital privado y los campesinos de manera asociada.
El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que este proyecto fue diseñado bajo dos preceptos: el primero, el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a otros servicios públicos rurales con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina y, el segundo, en el entendido que existen zonas en donde la productividad implica mayores esfuerzos, tanto económicos como de asociatividad.
El artículo primero establece que “se crearán las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), como zonas especiales de aptitud agropecuaria aisladas de los centros urbanos más significativos”.
Explica que “las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico estarán destinadas a: Promover la inclusión social del trabajador agrario como agente social productivo; Disminuir la pobreza; Promover el desarrollo social y económico de la zona; entre otros aspectos”.
Explica que Empresa Asociativa son “organizaciones económicas productivas, que resultan de la asociación de empresas agrícolas, forestales, pecuarias, acuícolas o pesqueras con productores o trabajadores agrarios”.
Y el proyecto productivo: Es el formulado por una empresa asociativa para adelantar actividades productivas.
Las empresas asociativas, que decidan adelantar proyectos deberán inscribir el respectivo proyecto.
Los proyectos productivos aprobados por el Ministerio de Agricultura recibirán algunos estímulos, como por ejemplo, líneas de crédito especiales para trabajadores rurales y empresarios; mecanismos especiales de garantía sobre la producción de los proyectos productivos, entre otros.
Las empresas asociativas podrán solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural la entrega en concesión, leasing, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, de baldíos ubicados en Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, con el fin de ejecutar los proyectos productivos.
El valor de la contraprestación recibida por el Estado será destinado al Fondo de Desarrollo Rural y Económico e inversión de los recursos obtenidos de los contratos.
La empresa asociativa podrá adquirir, recibir en aporte predios adquiridos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho del dominio.
Los proyectos asociativos que pretendan realizarse mediante la adquisición deberán establecer un mecanismo que permita que, antes de los dos primeros años, los trabajadores agrarios asociados se hagan propietarios de un porcentaje de tierra.
El Ministerio de Agricultura aprobará proyectos presentados por las empresas asociativas.
También ejercerá la vigilancia de los proyectos con el fin de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores agrarios.
Se crea el Fondo de Desarrollo Rural y Económico (FDRE), como una cuenta especial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Y, el Estado, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, o quien haga sus veces, podrá comprar los bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad privada, por el valor que aparezca registrado en el avalúo catastral.