Más de 1.500 personas, entre desmovilizados de Farc y uniformados, se han beneficiado con la medida. Sin embargo su situación jurídica sigue en el limbo porque la Corte Constitucional está pendiente de emitir un fallo sobre esta norma

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Se cumple mañana el primer año de ser expedida la Ley de Amnistía e Indulto (No. 1820), la primera norma a la que el Congresos le dio vía libre en la tarea de la implementación del acuerdo de paz con las Farc. A pesar de que en términos generales ha operado porque un reciente corte indica que más de 1.500 personas, entre uniformados y desmovilizados, se han beneficiado, son muchas las dudas que existen sobre su futuro.

Esta norma  tiene como objetivo cesar la acción penal contra los miembros de las Farc que decidan dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Además busca beneficiar a aquellos que no hayan cometido delitos graves mencionados en el punto cinco del Acuerdo final, entre ellos, el secuestro, el acceso carnal violento y, en general, los delitos de guerra y lesa humanidad.

La amnistía automática o de iure se concede por virtud de la Ley a los integrantes de las Farc que hayan cometido delitos políticos como la rebelión o los delitos conexos.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, no hay amnistía ni indulto. Para ellos la Ley 1820 contempla la figura de renuncia a la acción penal, cuando se trate de delitos menores y de aquellos no relacionados con crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.

Tras ser aprobada la Ley de Amnistía e Indulto por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República se empezaron a producir las amnistías de iure y los indultos a los desmovilizados, así como la libertad condicional a los policías y militares.

La Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz informó que con corte al 7 de diciembre pasado, han sido amnistiados 621 e indultados 147 por los desmovilizados de las Farc; en tanto que 800 uniformados han sido beneficiados con la medida de libertad condicional.

A continuación, algunas de las principales dudas que existen sobre la Ley de Amnistía e Indulto, a un año de ser sancionada:

1. Corte no se ha pronunciado

La Ley de Amnistía e Indulto es una de las 20 normas para la implementación del acuerdo de paz que están en la Corte pendientes de fallos que deben determinar si son o no compatibles con la Constitución.

El estudio de esta normativa en este momento se encuentra suspendido debido al periodo de vacancia en la rama judicial, y solo se reiniciará hasta la segunda semana de enero de 2018, cuando la Corte Constitucional volverá a sesionar.

Mientras tanto hay incertidumbre en el Gobierno, el Congreso así como los desmovilizados de las Farc y uniformados acerca de qué pueda pasar con la Ley de Amnistía.

Si eventualmente la norma fuera tumbada se produciría una verdadera hecatombe jurídica porque quedaría en el limbo la situación jurídica de los cerca de 800 desmovilizados e indultados de las Farc por delitos políticos. La consecuencia inmediata sería que tendrían que regresar a prisión.

Una situación parecida ocurriría con los más de 800 policías y militares que gracias a esta norma están en libertad y que por ello han pasado las fiestas de fin de año al lado de sus familias.

Ni qué decir del caso de más de 8 mil integrantes de las Farc que esperan beneficiarse con la ley de amnistía y que hoy están asentados en las zonas de capacitación.

2. Campanazo de CPI

La Corte Penal Internacional ha hecho varios reparos ante el Gobierno y en un concepto que entregó a petición de la Corte Constitucional a la Ley de Amnistía, al considerar que algunas de sus disposiciones conducirían a la impunidad.

El Gobierno ha insistido que el acuerdo de paz no generará impunidad y que los máximos responsables de la comisión de los graves delitos serán sancionados en el marco de la justicia transicional.

No obstante, la preocupación por los llamados de advertencia de la Corte Penal Internacional creció a principios de este mes, al conocerse que abrió la puerta a intervenir en Colombia por casos de crímenes de guerra ejecutados en el conflicto armado que podrían quedar en la impunidad producto de las amnistías y medidas similares que se otorguen por el acuerdo de paz.

Así lo consigna el informe anual sobre exámenes preliminares dado a conocer en La Haya, Países Bajos, por la Fiscalía de la CPI, a cargo de Fatou Bensouda.

Reza el documento que “la exclusión de crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, de las amnistías, indultos, y del beneficio especial de renuncia a la persecución penal, conforme está prevista en la Ley de Amnistía, es un aspecto importante del marco jurídico que regula la JEP. Sin embargo, en relación con los crímenes de guerra, el requisito legal de que la conducta haya sido cometida de forma sistemática podría llevar a que se dicten amnistías u otras medidas similares en favor de individuos responsables por crímenes de guerra que, si bien no fueron cometidos en forma sistemática, podrían no obstante estar abarcados por la jurisdicción de la CPI”.

3. Incertidumbre de Farc

 El fenómeno de las disidencias ha crecido entre los cerca de 14 mil integrantes de las Farc que se desmovilizaron. Comenzó con cerca de 60 hombres del Frente Primero que desconocieron el acuerdo con el Gobierno, y hoy pasan de 800 los disidentes, según datos de inteligencia militar.

El Gobierno ha señalado que es un error que las disidencias no aprovechen los beneficios del acuerdo de paz para volver a la legalidad. Considera que quienes insisten en las armas lo hacen para seguir con actividades criminales como el narcotráfico y la extorsión.

Sin embargo algunos analistas piensan que un importante número de exguerrilleros de las Farc se ha ido a las disidencias porque creen que no hay suficientes garantías jurídicas para desmovilizarse. Es el caso de las amnistías que se han entregado y que podrían quedar en el limbo si esta ley es declarada inexequible por la Corte.

4. Preocupación en las regiones

Tras finalizar en agosto pasado el proceso de entrega de armas por parte de las Farc, las 26 zonas veredales en distintas regiones del país en las que estuvieron por varios meses para su desmovilización pasaron a ser espacios de capacitación.

Sin embargo crece la preocupación en algunos departamentos porque en los nuevos espacios los desmovilizados salen y entran con gran facilidad, lo que a juicio de algunos alcaldes y gobernadores como el de Antioquia, Luis Pérez, podría generar problemas de seguridad.

Hace unas semanas el jede de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, dijo que solo el 45% de los ex miembros de las Farc están en los espacios de reincorporación.

El Gobierno negó este hecho y aseguró que la mayoría de los desmovilizados se mantienen en las zonas de capacitación, y aunque aceptó que están saliendo, aseguró que regresan.

En este sentido la aplicación de la Ley de Amnistía a los desmovilizados que aún falta, que es la mayoría, permitiría que se comprometan a cumplir el acuerdo so pena de perder el beneficio.

5. Participación política

Varios de los amnistiados e indultados de las Farc hacen parte de las listas que el ahora partido político presentó  para las elecciones de Congreso en 2018.

En ese sentido hasta que la Corte no se pronuncie sobre la Ley de Amnistía, no es clara cuál es la situación jurídica de los aspirantes al Congreso que han sido beneficiados con esta medida o con indulto.

De igual forma cabe  la posibilidad de que el Partido Farc decida ocupar con amnistiados algunas de las 10 curules (cinco en Senado y cinco en Cámara) que le garantiza el acuerdo de paz el próximo Legislativo.

De nuevo ahí surge la duda sobre cuál es la real situación jurídica de estas personas, que solo se sabrá hasta que la Corte se pronuncie.

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