El decreto-ley 019 de 2012, conocido como el decreto antitrámites, celebra mañana cuatro años de vigencia, en los cuales se ha logrado la racionalización de 1.244 trámites, para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos.

El decreto con fuerza legislativa se promulgó para suprimir o reformar normas y requisitos innecesarios dentro de la administración pública.

El Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que las mejoras logradas en desarrollo de la norma  van desde la reducción de documentos y tiempos de duración del trámite, la apertura de sitios adicionales de atención al usuario, reducción de costos, el intercambio de bases de datos, instalación de call centers, hasta la habilitación de requisitos en línea por parte de las entidades responsables de los trámites.

Gracias a la medida, ahora para acceder a los servicios de salud solo es necesario el documento de identidad; no se cobra por formularios, se puede obtener duplicado de la cédula por medio de un aplicativo,  se pueden registrar visas en línea, se pueden hacer en línea consultas sobre situación militar, se acepta el pago de multas de tránsito por medios electrónicos y se eliminaron la exigencia anual de la revisión técnico-mecánica de vehículos nuevos, los certificados de supervivencia para el pago de mesadas pensionales y las certificaciones de contraseña de la cédula de ciudadanía.

Los avances obtenidos se han logrado gracias al desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites al interior de las entidades del orden nacional y territorial (alcaldías y gobernaciones), que consiste en realizar mejoras sustanciales de tipo normativo, administrativo y tecnológico a los trámites considerados de mayor impacto.

Entre los aspectos conseguidos con la Ley Antitrámites se destaca la celebración de convenios, acuerdos de servicio o consulta en las páginas web para el acceso a los registros públicos de la Cámara de Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Dirección General Marítima y la Aeronáutica Civil, por parte de instituciones públicas o particulares que presten servicios públicos.