Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Una alerta porque varios aspectos del Estatuto Anticorrupción de 2011 no han sido reglamentados, lanzó la directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar. Explicó que es preocupante que esto suceda cuando se está a un año de los comicios presidenciales y legislativos.

“El Estatuto Anticorrupción como tal  prácticamente no ha sido reglamentado, y hay muchísimos temas contenidos en el Estatuto, que no han sido aún reglamentados, que siguen en la ley estatutaria, pero que no han aterrizado, digamos, a la realidad. Entonces eso es supremamente preocupante, estamos a dos años de la aprobación de la Ley, pero además estamos cerca de un año de la terminación de este Gobierno”.

Varios aspectos del Estatuto Anticorrupción han sido reglamentados, como es el caso del Estatuto General de Contratación de la  Administración Pública, a través del Decreto Nacional 734 de 2012, y lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional, por medio del Decreto Nacional 4632 de 2011.

El Estatuto Anticorrupción es una de las iniciativas clave del gobierno del presidente Santos, que dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Sin embargo a juicio de la Directora de Transparencia por Colombia hay varias disposiciones que no han sido “aterrizadas”. Un ejemplo de ello es el tema del cabildeo o lobby, del cual la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) apenas hace mención en cuanto al derecho a la información, pero solo en caso de que existan pruebas de algún delito: “La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria”.

No obstante, el proyecto de Estatuto Anticorrupción presentaba un capítulo completo sobre regulación del cabildeo, definiendo su práctica, con qué temas se relaciona y estableciendo un registro público de lobistas, para quienes además se fijaban unas prohibiciones.

Ungar dijo que además “que faltan muchos temas por reglamentar al interior del Estatuto, sino la provisión para diferentes entidades para hacerle seguimiento al cumplimiento de lo que establece el Estatuto Anticorrupción. Puso como ejemplo que la norma prohíbe que personas que han financiado en un determinado porcentaje campañas electorales puedan ser contratistas.

“Hemos hablado con muchos alcaldes de municipios pequeños y no tan pequeños del país, y nos dicen que no tienen cómo saber quién financió ‘porque no tengo acceso a esa información’. Y nos decían, ‘yo necesitaría tener un funcionario para que me averigüe si los contratistas que están licitando contratos en mi municipio, financiaron campañas y a quién financiaron’”.   

De otra parte, ayer la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia se reunió con los integrantes de la comisión del Mecanismo de Evaluación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, quienes visitan el país para conocer los avances en el proceso de implementación de dicho instrumento en aspectos de penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional.

La visita de evaluación de esta Misión de la ONU se extenderá hasta el próximo 1° de marzo, tiene como propósito conocer la institucionalidad y la normatividad con que el país cuenta para luchar contra este flagelo.

La Comisión del Mecanismo de Evaluación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción visitará en los próximos días otras entidades nacionales que tienen que ver con el tema, como la Secretaría de Transparencia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Precisamente el Gobierno Nacional trababa a través del  secretario para la Transparencia, Carlos Fernando Galán, los lineamientos de una nueva política anticorrupción, la cual estaría lista antes de que finalice el presente año.