Esta es la intervención del integrante del gabinete ante la Cámara de los Lores, en donde expuso cuál es la posición de Colombia en medio del debate mundial sobre qué hacer para atacar el problema del tráfico de estupefacientes.

“Señoras y señores:
Constituye un verdadero honor, en mi condición de Ministro del Interior de la República de Colombia, participar en esta reunión. Agradezco al Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para la Reforma a la Política de Drogas, a la Fundación Beckley y demás organizaciones y a la Baronesa Meacher por su amable invitación.
Me complace, primero que todo, que el problema mundial de las drogas se aborde a la manera en que será objeto de discusión hoy y mañana: sin tabúes y con la mente abierta, como recientemente lo sugirió la Comisión Global de Políticas de Drogas. Nada debe impedirnos, ni ahora ni en el futuro, escuchar con atención los argumentos que se expresen desde posturas diferentes y formular tranquilamente los argumentos propios. Nada debe impedirle al mundo, tampoco, preguntarse por otras posibilidades y ensayarlas, si esa es su voluntad.
Cualquier reforma global y sustancial a la política de drogas, sin embargo, debe ser el resultado de un proceso de reflexión serio y objetivo y provenir de un acuerdo de las naciones que consulte las particularidades con que se expresa el problema en cada uno de los Estados. Es un hecho que existen esas particularidades. En buena parte de Europa, por ejemplo, las drogas son, o quieren tratarse, principalmente, como un problema de salud pública. En buena parte de Latinoamérica, en cambio, las drogas son un problema de salud pública, y al mismo tiempo, de seguridad nacional. En Colombia, sus efectos han sido verdaderamente nefastos, para la política, para la economía, para la sociedad, para el medio ambiente. Las drogas, por varias décadas, han sido el principal factor de la violencia. Así mismo, el narcotráfico, junto con los grupos armados ilegales que financia, el enemigo número uno del Estado colombiano. Por cuenta suya, miles de dignatarios, miembros de la fuerza pública y ciudadanos, han perdido la vida, así como acontecido las violaciones más dramáticas a los derechos humanos.
Todo ello debe tenerlo en cuenta la comunidad internacional. También lo que hemos hecho. Si en algún país se hizo realidad la llamada “guerra contra las drogas”, fue en Colombia. Puedo asegurarles que no hemos tenido un segundo de descanso, ni ahorrado ningún esfuerzo. Tampoco en este Gobierno, bajo el liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos. Insistimos en la erradicación de cultivos ilícitos, en las labores de interdicción, en la condena y extradición de narcotraficantes, en la extinción de dominio sobre bienes producto del narcotráfico y en la lucha contra el lavado de activos y los grupos armados ilegales, que como lo advertí, financian sus masacres, secuestros y demás actividades criminales, con los recursos de las drogas. Insistimos también, y con distintos enfoques, en los programas de desarrollo alternativo, en la modernización de nuestro sistema legal y de política pública y en el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Acciones y resultados
Los resultados del Estado colombiano no son suficientes, pero sí satisfactorios.
Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes excluyó a Colombia de su lista de países de observación especial.
En materia de oferta, los avances son evidentes, como también lo reconoció hace poco el informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 2001, había en Colombia cerca de 145.000 hectáreas de cultivos de coca; el año pasado se reportaron 62.000, el nivel más bajo desde que se realizan estas mediciones. En el año 2000, existían 7.500 hectáreas de cultivos de amapola; en 2010, la cifra fue de apenas 341 hectáreas.
Hoy en día, el potencial de producción de látex de estas hectáreas representa muy poco, cerca del 1%, de la producción mundial.
Gracias a las labores de interdicción aérea, marítima, fluvial y terrestre, el Estado colombiano ha logrado incautar, aproximadamente, 1 millón 700 mil kilos de marihuana, 1 millón 500 mil kilos de clorhidrato de cocaína y más de 7.000 kilos de heroína. 23.413 laboratorios han sido desmantelados desde 1998.
De otra parte, 1.407 extradiciones por narcotráfico y delitos conexos hemos aprobado desde 1999, al tiempo que hemos extinguido el derecho de dominio sobre 10.251 bienes producto de las drogas.
Otro importante frente de acción ha sido la lucha contra el lavado de activos o blanqueo de dinero, que calculamos en una cifra cercana al 3% del PIB y cuya principal fuente en Colombia es el narcotráfico. Del total de 49 recomendaciones formuladas por el GAFI en materia de lavado y financiación del terrorismo, Colombia reportó, en la última evaluación de que fue objeto por parte del GAFISUD, sólo una recomendación no cumplida, lo que nos ubica en el primer lugar entre los países del Grupo.
La comunidad internacional debe saber también que nuestras acciones no han sido sólo de tipo represivo. Desde 1985, incluso antes de que en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 se incorporara el concepto de desarrollo alternativo, Colombia cuenta con experiencia en esta materia, a través de distintos programas que han tenido por objeto la sustitución de cultivos, ofrecer opciones de actividades lícitas a los campesinos y preservar los ecosistemas. Es el caso del Programa Familias Guardabosques, que ha vinculado, desde 2003, a 122.882 familias, y el del Programa Proyectos
Productivos, mediante el cual han sido atendidas 47.895 familias.
Así mismo, nos hemos esforzado por modernizar el marco legal y fortalecer las instituciones para obtener mejores resultados en materia de drogas. El Gobierno se encuentra próximo a presentar al Congreso de la República, un nuevo Estatuto de Estupefacientes para reemplazar el actualmente vigente, que data de la década de los ochenta. Será una normativa moderna, ajustada a los estándares internacionales y, totalmente, respetuosa de los derechos humanos y el medio ambiente.
Nos preocupa, como a ustedes, el consumo, que en Colombia ha aumentado considerablemente, particularmente en los jóvenes. El 9,1% de la población entre los 12 y los 65 años de edad, según datos de 2008, ha consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida. 540.000 personas lo hicieron en el año interior a la medición. La droga de mayor consumo es la marihuana, seguida por la cocaína.
En términos generales, nuestra situación es intermedia entre 7 países de la región que utilizan similar metodología para calcular el consumo: presenta cifras menores a las de Argentina, Chile y Uruguay, parecidas a las de Bolivia y más altas que las de Ecuador y Perú.
Existe cierto consenso de que se trata de un problema, principalmente, de salud pública, y así debe ser abordado, lo que no significa, necesariamente, legalizarlo.
Decisiones internacionales como la de levantar la prohibición al consumo, de una, varias o todas las drogas, no pueden tomarse de manera improvisada o con base en ideologías radicales que son tan equivocadas como aquellas a las que se oponen. Deben provenir, primero, de un acuerdo global que no ignore ninguna de las dimensiones del problema, pero sobre todo, respaldarse, como lo mencioné, en estudios serios y objetivos acerca de su verdadero impacto en los consumidores y ciudadanía en general, la real capacidad de los Estados, en particular los más pobres, para soportar una carga fiscal de ese tamaño y los efectos sobre la seguridad que podrían acarrear.

Conclusión
Colombia ha sido respetuosa de la normativa internacional sobre la materia, en particular de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 y las Convenciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Cuestionar el impacto favorable de la normativa, o de parte de ella, es legítimo, pero desconocer o desestimar los esfuerzos de países que, como Colombia, han corrido con la peor parte de esta tragedia, y que los han conducido, puede que no tan rápido como se quisiera y aún con muchos obstáculos, a mejorar su situación, resulta equivocado. Si la lucha contra las drogas se ve en blanco y negro, si se entiende como una guerra que se gana o que se pierde, es fácil caer en ese error.
Colombia, hasta hace poco, era un Estado puesto en jaque por el narcotráfico y los violentos. Su firme decisión de combatirlos, y los resultados alcanzados, le han permitido ingresar, bajo el liderazgo del Presidente Santos, en una nueva etapa de auténticas transformaciones, en todos los campos. Señalo, por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sancionada este año por el Presidente Santos en compañía del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Esta Ley permitirá reparar a millones de víctimas del conflicto armado colombiano y constituye la iniciativa de este tipo más ambiciosa emprendida en el mundo entero.
Nuestros esfuerzos también nos han conducido a ofrecer ayuda a otras naciones.
Colombia es líder en cooperación Sur – Sur, su experiencia resulta útil para regiones igualmente afectadas, como Centroamérica y el Caribe. Menciono el caso de México. Sólo en 2009 y 2010, hemos capacitado 5.849 miembros de cuerpos policiales y entidades de ese país, en lucha contra las drogas, el lavado de activos, el secuestro y la extorsión, entre otros temas.
Este problema es mundial; no respeta fronteras; de allí nuestro llamado a la corresponsabilidad. Todas las naciones, productoras, de tránsito o consumidoras, tienen el derecho de ensayar nuevas soluciones según las características de la problemática en su territorio, pero también el deber de levantar la mirada más allá de sus fronteras y entender que las drogas ponen en riesgo no sólo la salud física y mental de las personas, sino también la seguridad de muchas naciones en el mundo, así como la vida misma y libertad de millones de habitantes del planeta, entre los que debemos contarnos los colombianos.
Finalmente, no puedo terminar sin referirme a las declaraciones del Señor
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, quien señaló en una entrevista al periódico The Guardian que Colombia está dispuesta a participar con gran interés en una evaluación global de los éxitos y fracasos alcanzados en estos 40 años de lucha contra el fenómeno de las drogas. Lo hará en la disposición de explorar nuevos caminos sin ningún preconcepto o prejuicio, pero siempre en el entendido que este debate involucre a todos los países y en el marco de un plan internacional coordinado que descarta cualquier acción individual de Colombia, aún la de ser promotor de la iniciativa. Mientras una propuesta de esta envergadura no se abra paso, Colombia seguirá fortaleciendo sus acciones en todos los frentes que les he mencionado, siempre con el apoyo de quienes han sido nuestros principales aliados a lo largo de estos años, Inglaterra y Estados Unidos. El apoyo con hechos concretos siempre lo agradecerá la nación colombiana”.