Al cierre del primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil “Derechos de las víctimas sobrevivientes de ataques con agentes químicos”, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, lamentó el deshonroso primer lugar que tiene Colombia por el número de casos y la descoordinación institucional para hacer frente a este flagelo. 

“Hemos expedido las normas perfectas, pero de los derechos a los hechos hay una distancia bastante grande. Nosotros no hemos cumplido con la mayoría de las normas”, agregó.  

De acuerdo con información suministrada por la Procuraduría, en la audiencia en la que participaron víctimas e instituciones, el jefe del Ministerio Público explicó que estos encuentros van encaminados a elaborar una política de Estado que integre las rutas de salud, justicia y trabajo y que cuente con una coordinación interinstitucional para responder de manera “oportuna y eficaz” a las necesidades de los pacientes.

Carrillo demandó la necesidad de construir una circular que defina el trabajo de las instituciones y anunció que el órgano de control será el veedor del cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Explicó que en términos de justicia se debe tener la capacidad de judicializar a los agresores y no puede haber discriminación en el trato a las víctimas de ataques con agentes químicos.

En materia de salud, el procurador aseguró que “hay mucho camino por recorrer” en la prestación de servicios y en la atención integral. 

Precisó que “una tarea pendiente” por parte del Estado y de la sociedad sigue siendo la formación y capacitación de las víctimas para su efectiva vinculación laboral. 

En este Consejo Asesor participaron las fundaciones Natalia Ponce de León, Reconstruyendo Rostros y Alexandra Rada, quienes a través de sus representantes dieron a conocer los obstáculos que se han presentado para la efectiva garantía de sus derechos como la falta de aseguramiento, desconocimiento en el protocolo de atención, dificultades para asignación de citas médicas, discriminación, deficiencias en el acceso a la justicia y al mercado laboral, entre otros.  

En la audiencia también intervinieron la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Policía Nacional, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Las entidades participantes adquirieron compromisos puntuales frente a las dificultades expuestas por las víctimas de ataques con agentes químicos.

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