La primera ronda de las elecciones legislativas en República Centroafricana, organizadas simultáneamente con las presidenciales el 30 de diciembre de 2015, fue anulada a causa de "numerosas irregularidades" constatadas, anunció este lunes el presidente de la Corte constitucional de transición, Zacharie Ndumba.
"Las elecciones del 30 de diciembre de 2015 fueron anuladas y se convocarán nuevamente (...) a causa de numerosas irregularidades y la implicación de candidatos", declaró el presidente en una alocución pública.
Poco antes, la misma fuente anunció que dos exprimeros ministros, Anicet Georges Dologuelé y Faustin Archange Tuadera, se enfrentarán el mes próximo en en una segunda vuelta de las presidenciales.
Dologuelé obtuvo 268.952 votos, o sea, el 23,74% de los sufragios registrados, y Tuadera 215.000 (19,05%), señaló la corte.
"El Consejo Nacional de Transición (CNT, Asamblea legislativa) se mantiene en funciones hasta que se instale la Asamblea electa", destacó la corte, precisando que "recibió 414 denuncias" de candidatos descontentos.
Las legislativas fueron organizadas en las 140 circunscripciones del país, devastado por tres años de conflicto armado y enfrentamientos intercomunitarios, pero el material electoral y numerosas listas de votación, en muchos casos enviados a último momento, no llegaron a las zonas más aisladas.
"En algunas localidades, algunos compatriotas sólo votaron en las presidenciales porque las listas de votación para las legislativas no llegaron a tiempo", reconoció el relator general de la Autoridad Nacional de las Elecciones (ANE), Julius Nguadé Baba.
En lo que concierne al tratamiento de los resultados, "los procesos verbales no llegaron en el 100% a la ANE desde todas las circunscripciones electorales". Y cuando lo hicieron, quedó en evidencia que "algunos datos no habían sido tomados en cuenta, porque los procesos verbales y las hojas con los resultados eran simplemente inutilizables", deploró el jerarca.
De acuerdo a las disposiciones del Código electoral, las nuevas legislativas deben tener lugar en un plazo de 60 días. Sin embargo, estos plazos en los procesos electorales con frecuencia son prolongados al no poder realizarse las consultas en el tiempo previsto./AFP