Las medidas administrativas y legislativas que sean necesarias para impedir los despidos de las mujeres vinculadas al Congreso que se encuentran en estado de embarazo o en el periodo de lactancia fueron exigidas por el Consejo de Estado.

El alto tribunal precisó que cuando se demuestre que el Senado o la Cámara han cometido una infracción al fuero de maternidad y se le ordene el reintegro por vía judicial, la medida de reubicación en el servicio deberá cumplirse de manera oportuna y real.

El pronunciamiento lo hizo la Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la magistrada Stella Conto, al declarar patrimonialmente responsable a la Cámara y Senado por los perjuicios morales sufridos por una mujer que estando en embarazo debió renunciar a la UTL del representante araucano Julio Enrique Acosta en 1997.

La víctima demandó la nulidad de la resolución que aceptó su renuncia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor en el año 2002, condenó a la Cámara a pagar cerca de 81 millones de pesos y ordenó su reintegro. Sin embargo, la demandante debió acudir a la tutela para buscar el cumplimiento de la decisión judicial. Aun así, la mujer tuvo que esperar hasta el año 2007 para obtener el restablecimiento de sus derechos laborales, consistente en su reintegro y el pago de los salarios pendientes.

En fallo aparte, la misma Sección, con ponencia de la magistrada Conto, condenó al exrepresentante Acosta a pagar más de 81 millones de pesos, que deben ser actualizados con el IPC, por la condena que se profirió en contra de la Cámara en 2001, por la renuncia forzada de una mujer embarazada que laboraba en su UTL.

Acosta, que luego fue gobernador de Arauca, fue condenado en noviembre a 28 años de cárcel, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Acosta habría asesinado a través de paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca al exregistrador de ese departamento Juan Alejandro Plazas.