Legisladores norteamericanos denunciaron vivamente este miércoles los programas de vigilancia puestos en vigor por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), por considerar que violan la vida privada de los estadounidenses, y amenazaron con no renovarlos.

Desde el inicio de las revelaciones de Edward Snowden, la atención de la opinión pública y de los parlamentarios en Estados Unidos se dirigió más al exconsultor de la poderosa agencia de inteligencia, encargada de las intercepciones telefónicas e informáticas, que a los hechos que denunció.

Pero el miércoles, legisladores de ambos partidos en la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes criticaron ásperamente a funcionarios de los servicios de inteligencia y del departamento de Justicia.

Según ellos, la recolección de metadatos (número y duración del llamado) de las comunicaciones de millones de estadounidenses va mucho más allá de lo que lo que permiten la Constitución y las leyes.

"Muy claramente creo que este programa se salió de los cauces de la legalidad", denunció la representante demócrata Zoe Lofgren.

Para los legisladores, la ley aprobada en 1978 tras el escándalo de Watergate estaba destinada a permitir la vigilancia de las comunicaciones únicamente cuando existe la sospecha de que una persona está realizando actividades terroristas.

Pero al buscar datos como si se tratara de encontrar una aguja en un pajar, la NSA va demasiado lejos y el tribunal secreto encargado de validar el marco de los programas de la agencia no puede ejercer ningún control efectivo sobre las actividades de vigilancia del organismo.

Es ese tribunal, el Tribunal de Inteligencia Exterior (FISC), el que tiene la potestad de obligar a los operadores telefónicos a remitir esos datos a la NSA.

"Es insostenible, es escandaloso y debe ser detenido inmediatamente. Me parece que estamos frente a una muy seria violación de la ley", estimó el principal legislador demócrata de la comisión, John Conyers. El representante pide que se desclasifiquen las decisiones más importantes del FISC.

"Buen equilibrio"

La única justificación de los servicios de inteligencia para detentar millones de datos es que "pueden ser útiles" en el futuro, denunció.

Las investigaciones afectaron en 2012 únicamente a los datos de "300 identificados únicos" en caso de sospechas de actividad terrorista, intentó justificar el representante de la NSA John Inglis, quien recordó que únicamente 22 personas en la agencia tenían el derecho de manejar los metadatos recogidos.

Para el número dos del departamento de Justicia, James Cole, "el buen equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la de la vida privada y las libertades públicas" es una preocupación constante.

"Pensamos que estos programas respetan ese equilibrio", afirmó en referencia a la recolección de metadatos y al programa Prism de vigilancia en internet.

"Ambos son aplicados siguiendo las leyes aprobadas por el Congreso", aseguró ante los cuestionamientos de los legisladores.

Según Cole, "la recolección sólo tiene valor si los datos son utilizados".

"No hablamos de la utilización. La violación de las libertades públicas no concierne solamente a la mala utilización sino a la recolección", le respondió, enervado, otro legislador, Jerrold Nadler.

También en el Partido Republicano preocupa la amplitud del programa. En particular James Sensenbrenner, uno de los promotores de la Patriot Act (Ley Patriótica) en 2001 y de su sección 215 que contempla la recolección de metadatos. "La sección 215 expira a fines de 2015 y a menos que se den cuenta de que tienen un problema, no será renovada", dijo el republicano al secretario adjunto de Justicia.

"No están los votos en la Cámara de Representantes (...), deben modificar la manera en que usan la sección 215, si no en un año y medio no la tendrán más", advirtió.

AFP.