Legisladores de Estados Unidos denunciaron este lunes en un informe, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha tomado aún los correctivos necesarios para impedir que pueda repetirse una operación, como la llamada "Rápido y Furioso" de contrabando tolerado de armas a México.

"Hasta los momentos, el Departamento no ha reprendido a ningún alto funcionario por sus acciones -o la falta de ellas- durante 'Rápido y Furioso'", indicó un informe del senador Chuck Grassley y del legislador Darrell Issa, ambos republicanos, divulgado este lunes.

"La cultura gerencial del Departamento debe cambiar para prevenir que vuelvan a ocurrir operaciones mortíferas similares", señaló el texto, que acusa a al menos cinco directivos del Departamento de no haber actuado pese a haber tenido conocimiento de las tácticas de la operación, que causó irritación en México.

Este informe, de 104 páginas, es el segundo divulgado por los congresistas que investigan este escándalo, que permitió la entrada de más de 2.000 armas a México entre 2009 y 2010, a muchas de las cuales se les perdió el rastro.

La operación buscaba, en principio, detectar a grandes contrabandistas de armas a México, donde la violencia del crimen organizado ha dejado más de 60.000 muertos en los últimos seis años.

"Funcionarios del Departamento de Justicia vieron señales de alarma y algunos tuvieron inclusive frente a sí información sobre el contrabando tolerado, pero nada se hizo para ponerle fin", dijo el senador Grassley, en un comunicado.

Un informe interno del Departamento de Justicia publicado el 19 de septiembre ya había arrojado dudas sobre la cúpula de altos funcionarios del Departamento, aunque consideró que el fiscal general, Eric Holder, no tuvo conocimiento del escándalo hasta febrero de 2011, cuando arrancó la investigación oficial.

A raíz de ese informe, que pedía evaluar medidas contra 14 funcionarios, Holder anunció la destitución del asistente del viceprocurador general, Jason Weinstein, y el retiro anticipado de Kenneth Melson, ex jefe de la Agencia de Control de Armas, Tabaco y Alcohol (ATF) que autorizó "Rápido y Furioso".

La oposición republicana, que domina la Cámara de Representantes, sospecha que Holder sí sabía por anticipado de la operación, y en junio lo acusó de desacato por no entregar toda la información requerida, la primera vez que un procurador general sufre esa sanción en la historia del país.

El caso fue destapado por informantes de la ATF a los legisladores republicanos, después del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en diciembre de 2010, en cuya escena del crimen fueron halladas dos armas ligadas a la operación.

AFP