Christine Lagarde no estará legalmente obligada a renunciar al cargo de directora general del FMI en caso de ser imputada el jueves en París por el caso Crédit Lyonnais/Bernard Tapie, aunque su situación podría pasar a ser más frágil.

Ningún documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé tal eventualidad en una institución aún marcada por la dimisión en mayo de 2011 del predecesor de Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, por las acusaciones de agresión sexual.

Los estatutos de la organización, revisados en marzo de 2011, no hacen referencia al director general más que para enumerar sus competencias.

Actualizado en agosto de 2012, un código de conducta llama, ciertamente, a los miembros del consejo de administración del FMI, organismo presidido por Lagarde, a respetar "los más altos valores éticos" en referencia a posibles casos de "hostigamiento" o de favoritismo en el seno de la institución.

Pero ese documento no dice nada acerca de qué hacer en el caso de procesos judiciales contra el director general del FMI.

Lagarde está convocada por la justicia francesa para este jueves, no en calidad de jefa del FMI, sino como exministra de Economía de Francia (2007-2011). Deberá explicar la decisión de recurrir en 2008 a un tribunal arbitral para cerrar el conflicto entre el Crédit Lyonnais y Bernard Tapie sobre la venta de Adidas.

El paralelismo con su predecesor no es fácil de establecer. Strauss-Kahn dirigía el FMI cuando fue inculpado por agresión sexual aunque luego los cargos fueron abandonados.

Mientras que Strauss-Kahn fue formalmente acusado por un tribunal, Lagarde, citada como indagada, no ha sido formalmente acusada.

Aunque legalmente limitadas, las consecuencias políticas de una imputación son, sin embargo, más difíciles de prever y dependerán del grado de benevolencia de los principales Estados miembro, sobre todo de Estados Unidos, primer accionista del Fondo.

Interrogado por la AFP, el FMI se negó a hacer cualquier tipo de comentario y remitió al comunicado difundido a fines de marzo en el que su consejo de administración, que representa a los 188 Estados miembro, reiteró su "confianza" en la capacidad de Lagarde para desempeñar "eficazmente sus funciones".