La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta y se legalizó la expedición de 24 órdenes de captura contra seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y otros.

Las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquían desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenían por objeto otorgar beneficios penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.

En audiencia de imputación, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Días atrás la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción.

Al anunciar estas decisiones, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.