Un juez de control de garantías de Floridablanca (Santander) legalizó tantos los allanamientos como las capturas de 11 personas aprehendidas este 6 de noviembre durante operativos realizados por servidores adscritos a la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía.

A esta hora, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Guajira adelanta la audiencia de imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.

En desarrollo de la investigación sobre contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, sin embargo fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.

También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcotrataron con aproximadamente 1500 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

Entre los capturados se encuentran 2 servidores públicos, que habían estado en el periodo de los convenios y 9 personas particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas, estos últimos, presuntamente recibieron la suma de $1.200 millones para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas, este dinero fue entregado a las 150 personas que cada uno había subcontratado, sin verificar el perfil y la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas. Entre los contratados había albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que hay un trasfondo político.