Fue negado el pedido de asilo solicitado por Mayer Mizrachi, pariente del expresidente panameño Ricardo Martinelli acusado de fraude, precisando que la decisión no tiene que ver con razones políticas, como afirma la defensa, señaló hoy la Cancillería.
"Se le negó el asilo y tiene diez días hábiles para ejercer su apelación, diez días que se le cumplirían el viernes de la siguiente semana, o sea el viernes 22 de julio, ahí le responderemos a esa apelación", dijo la canciller María Ángela Holguín, en rueda de prensa en Bogotá.
En la negativa "no hay absolutamente nada político", como ha afirmado Mizrachi, quien se ha presentado ante medios colombianos como empresario y "perseguido político", precisó la ministra.
"Aquí estamos respondiendo a una solicitud y (...) hemos sido lo más garantistas posibles. Tiene su salvoconducto y el salvoconducto estará hasta que quede en firme la decisión" de negarle el asilo y expulsarlo del país, afirmó Holguín.
La semana pasada la canciller sostuvo que Colombia estudiaba el pedido de asilo de Mizrachi, hijo de un cuñado de Martinelli e investigado por fraude contra la administración pública en Panamá, por lo que fue detenido en diciembre en Cartagena.
Mizrachi estuvo preso cerca de seis meses en la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, porque en su contra había un pedido de orden de captura y extradición de las autoridades de Panamá.
El gobierno panameño comunicó al colombiano que desistía de ambos pedidos, por lo que la fiscalía del país andino ordenó su libertad y correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregarlo a Migración Colombia para su expulsión del país debido a la existencia de una orden en ese sentido.
Pero por un presunto acto de corrupción en el Inpec, Mizrachi no fue entregado a las autoridades migratorias y el 23 de junio realizó una "solicitud de refugio ante la cancillería colombiana", según un comunicado de Migración Colombia.
El expresidente Martinelli (2009-2014), que vive fuera de Panamá, acumula una decena de denuncias por escándalos de corrupción, delitos financieros y espionaje a opositores durante su mandato.
El exmandatario dice ser un "perseguido político" del actual gobierno de Juan Carlos Varela, su exaliado y enemigo político desde que lo cesó en 2011 de su cargo de canciller.