Por las presuntas irregularidades que pudieron cometerse en convenio con la Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) por 6.500 millones de pesos firmado en diciembre, la Personería de Bogotá le formuló cargos al director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Javier Suárez, y a la subdirectora de la misma entidad María Eugenia Serrano, a quienes citó el lunes a audiencia pública.

La supuesta irregularidad se dio el 23 de diciembre, una semana antes de terminar 2013.

La Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios realizó la indagación preliminar y procedió al recaudo de información documental y testimonial; luego abrió investigación disciplinaria, formuló cargos por faltas gravísimas y notificó a los servidores públicos.

De otra parte, el Ministerio Público distrital, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años para desempeñar cargos públicos a Héctor Manuel Monroy, profesional especializado de la Dirección de Servicios Técnicos de la Empresa de Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB), por alterar los datos de los resultados de pruebas de homologación de medidores en un proceso de licitación de compra de 160.000 contadores de agua.

El funcionario público ordenó que no se difundieran los resultados de las pruebas practicadas el 23 de agosto de 2013, con el fin de proceder a alterar dichos resultados al día siguiente, 24 de agosto, disponiendo además que se diera por terminado el proceso contractual, inobservando el cronograma fijado sin que esa decisión hubiese sido socializada con los representantes legales de las firmas oferentes, ni los veedores de la propia empresa tal y como se había dispuesto en el comité industrial.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, porque se habrían cometido en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Por el mismo caso exoneró a Diana Lorena Gómez, gerente corporativa de Servicio al Cliente de EAAB y a Tito Yate, técnico del Laboratorio.

La investigación consideró que el servidor podría estar incurso en un delito informático, cuando sin estar facultados para ello alteren o supriman datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes. Por eso, el Ministerio Público distrital también envió copia a la Fiscalía para que determine si el funcionario incurrió en algún delito.

En un tercer caso, un funcionario sancionado denunció una supuesta extorsión de que habría sido víctima para que se modificara el sentido de la providencia.

Se trata de Luis Fernando Escobar, alcalde local de Kennedy, que fue destituido e inhabilitado por 11 años. La sanción impuesta por la Personería de Bogotá, en primera instancia, también cobijó a su antecesor Jesús Antonio Mateus. Según el Ministerio Público tanto el exfuncionario como su sucesor fueron encontrados responsables de haber incurrido en irregularidades en un convenio con la Fundación para el Desarrollo de la Educación, la Salud y una Nueva Cultura de Vida en Colombia (Fundesco) por 350 millones de pesos.

Jorge Caviedes, abogado de Escobar, dijo que a su cliente lo llamaron para decirle que había dos proyectos de resolución: uno en el que lo suspendían por tres meses y otro donde lo destituían y lo inhabilitaban por 11 años.

Tras la queja, el Ministerio Público dispuso la apertura inmediata de la investigación interna y ordenó hacer copias a la Fiscalía para la indagación penal, respecto de los hechos mencionados por el alcalde local, quien ha sido citado para que ratifique su denuncia y aporte las pruebas de que disponga.

La Personería busca agotar la investigación de manera pronta y sus resultados serán difundidos públicamente, advirtiendo que dicho episodio no tiene nada que ver con el contenido del fallo, el cual será objeto de revisión en segunda instancia, haciendo énfasis que es política indeclinable de la actual administración obrar con apego absoluto a la Constitución y a la ley.

Por lo anterior, el ente de control acogió la denuncia del mandatario local porque permite ejercer el control interno, para lo cual reitera que espera agotar la investigación de manera pronta, oportuna y cuyos resultados serán difundidos públicamente.