Porque al parecer recaudó cuotas políticas a través de una fundación de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó, en primera instancia, la muerte política al concejal del Partido Conservador, Roger Carrillo.
Apoyados en algunas investigaciones, miembros de la fundación Proyecto Bogotá denunciaron que, al parecer, el cabildante Carrillo se lucró usando la fundación. La principal prueba es una información contable donde figura un cuadro de egresos que correspondería a préstamos al concejal, pagos de gasolina y arriendo.
Los denunciantes que trabajaron con Carrillo, suministraron un cuadro de ingresos como pruebas, que corresponderían a las supuestas coimas que el concejal Carrillo les exigía a sus colaboradores.
Según la denuncia, Carrillo manejó cuotas burocráticas en la fundación durante la administración de Gustavo Petro y, dicen que cada mes enviaba un emisario para hacer los cobros de dinero.
En este sentido, el Concejal aseguró que es una retaliación en su contra por parte de un abogado por un tema de pago de honorarios. “Él está denunciando ante las autoridades”.
Seguramente el concejal Carrillo apelará la decisión del Tribunal y entonces el caso pasará a ser estudiado por el Consejo de Estado, es decir que por ahora permanecerá en la curul.
En este sentido, en la Procuraduría, Carrillo está denunciado por “faltas gravísimas” cometidas dentro del ejercicio de su cargo, que son sancionables por violación, principalmente, del artículo 69 del Código Disciplinario Único.
Dentro de la Acción Disciplinaria el accionante presentó pruebas de la forma como “dolosamente” el citado Concejal, incurriendo en el delito de concusión, les exigía un porcentaje o cuota en dinero en efectivo sobre su salario y honorarios a personas vinculadas a su nómina en el Concejo de Bogotá o recomendadas por él en instituciones públicas del orden Nacional y Distrital.
Además, el demandante manifestó que los dineros obligados a retribuirle son destinados para beneficio propio y el sostenimiento de su sede política, fuera que recomendar o intrigar cargos en los organismos del Estado, haciendo uso de la posición como concejal, se incurre en tráfico de Influencias, sancionable por el C.D.U.
Es de anotar que dentro de las personas citadas por el querellante, que asegura que fueron víctimas u “objeto de chantaje”, por parte del citado concejal Carrillo, se encuentran funcionarios del antiguo Seguro Social, del cual fue presidente a nivel nacional; de la Contraloría de Bogotá; de la Unidad Normativa del Concejo de Bogotá; del Instituto Para la Economía Social del Distrito Capital IPES; del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá Foncep, del cual la directora es cuota política del citado concejal, según asevera el accionante.
Como agravante el abogado demandante anexó un oficio, firmado por Carrillo, y dirigido al Procurador General, en el que intriga la designación de Agencia Especial, de un proceso que cursa en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, contra un profesional al cual el citado concejal denuncia, constituyendo una falta grave por utilizar el membrete oficial del Concejo de Bogotá, para fines personales.