El arranque del segundo mes del año significa un reto para el gobierno Santos en la que, sin duda, es una de las prioridades de su agenda legislativa en 2012: la reforma a la justicia.

A hoy es claro que existe una especie de calma chicha entre la Casa de Nariño y las altas Cortes judiciales, después de la forma en que terminó siendo aprobado el proyecto de reforma al término de su cuarto debate en la Cámara de Representantes y luego la accidentada conciliación con el Senado.
Desde el mismo momento en que la iniciativa logró superar la mitad de su trámite legislativo, el Gobierno, por intermedio del presidente Juan Manuel Santos y los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, anunció que buscaría un nuevo acercamiento con los presidentes de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, así como de los consejos de Estado y Superior de la Judicatura.
Sin embargo, transcurrido ya un mes y medio tras haber finalizado este primer tramo de la legislatura a mediados de diciembre, oficialmente no se han producido reuniones entre los ministros y los presidentes de los máximos tribunales.
Lo único que se sabe es que algunos de los congresistas, sobre todo de la Comisión I de Senado, célula en donde arrancará el quinto debate, han buscado contactos con los magistrados y analizado algunos de los puntos que más debate suscitan en las altas Cortes.

¿Quién manda?
Esa situación incierta ya tiene prendidas las alertas en varios sectores políticos, académicos y de la rama judicial, pues consideran que si bien en la primera vuelta al Gobierno le funcionaba la tesis de que lo importante era supervivencia del proyecto y que los ajustes y correctivos se dejarían para la segunda vuelta, ahora que arranca ésta pues ese argumento queda sin sustento.
Está claro que el presidente Santos a través de la coalición de Unidad Nacional tiene las mayorías parlamentarias para sacar avante la reforma. En ese orden de ideas, el problema no es de mecánica política, sino, en realidad, de legitimidad.
¿Se arriesgará el Gobierno a sacar avante una reforma a la justicia sin consenso con las altas Cortes? Ese es el gran interrogante que surge ahora que sólo restan cuatro debates y la iniciativa entra en terreno definitivo.
Al decir de altas fuentes del Ejecutivo, el problema radica en que los magistrados, sobre todo de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, siguen apuntando al Gobierno para hacer los reclamos y manifestar sus inconformismos sobre algunas de las propuestas más polémicas, desconociendo que las decisiones finales no están en cabeza de la Casa de Nariño sino del Congreso, el mismo que ha dado muestras, en no pocas ocasiones, de tener la suficiente fuerza o autonomía para imponer sus criterios en este proyecto tan delicado.
Y si alguien lo duda no es sino evaluar lo que ha pasado con la propuesta de acabar el Consejo Superior de la Judicatura, idea bandera del Gobierno pero que tuvo que sacrificarse triste y resignadamente cuando senadores y Representantes notificaron al Ejecutivo que no permitirían la desaparición del controvertido alto tribunal.

El fuero militar también funciona como ejemplo, toda vez que el Gobierno, a través del recién posesionado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue quien sorpresivamente lo propuso en el debate a la reforma, pero luego, al analizar el impacto e implicaciones del mismo, el Gobierno cambió de parecer y quiso, como lo anunciara el ministro Vargas, retirarlo y presentarlo como un proyecto autónomo e integral, a lo cual se negaron en el Congreso, forzando a que el tema siga en carrera.
En ese orden de ideas, en la Casa de Nariño consideran que por más que los ministros del Interior y de Justicia logren convencer a los magistrados de que vuelvan a los debates en el Congreso, en modo alguno puede el Ejecutivo asumir compromisos de cambios o ajustes al texto de la reforma. Es claro que por más que Santos, como jefe de la Unidad Nacional, haga los guiños respectivos, no puede asegurar que éstos serán acatados y las pruebas de ese riesgo están a la mano.

Pero…
Sin embargo en las altas Cortes la respuesta de que el Congreso es autónomo y que el Ejecutivo no tiene ya mayor injerencia en los cambios propuestos no calan mucho.
Es más, no pocos magistrados consideran que la única forma de que el texto de la reforma sea ajustado en temas clave como las facultades nominadoras de las altas Cortes sobre altos funcionarios como Fiscal, Procurador y Contralor generales, es, precisamente, que Santos se imponga sobre su coalición parlamentaria.
Para no pocos integrantes de los máximos tribunales es claro que persiste un ánimo revanchista en el Congreso contra las altas Cortes, sobre todo la de Justicia, y que prueba de ello es lo que pasó en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se aprobó la creación de una especie de ‘supercorte’ que le quitaba al alto tribunal la facultad de juzgar, investigar, condenar o absolver a los funcionarios aforados, especialmente los congresistas.
Sería ingenuo desconocer que fue el propio Gobierno el que instruyó a los senadores para que ‘depuraran’ de nuevo el texto aprobado por la Cámara y forzaran que esos artículos que afectaban el fuero investigador de la Corte se eliminaran en la conciliación, lo que finalmente ocurrió, exigiendo un trabajo a fondo de los ministros Vargas y Esguerra y, según se rumoró en los últimos días de ese primer tramo de la legislatura, hasta la intervención directa del propio Presidente.
Así las cosas, por más que el Gobierno insista en que el Congreso es autónomo y que ha dado muestras suficientes de no hacerle caso al Ejecutivo en temas gruesos de la reforma judicial, y que, por lo tanto, les corresponde a las altas Cortes ir a los debates para hacer valer allí sus respectivas posiciones, al final los magistrados consideran que queda más fácil y eventualmente productivo presionar a la Casa de Nariño que a los mismos senadores y Representantes.

¿Entonces?
Se trata, entonces, de un escenario en donde la posibilidad de alcanzar consensos es muy difícil. Por más que haya disposición de lado y lado a reunirse y buscar caminos de entendimiento, poco se logrará mientras las partes sigan contradiciéndose en torno a quién tiene el poder para presionar los ajustes de fondo al proyecto de reforma.
En ese orden de ideas, este mes y medio que resta para que arranque el quinto debate en la Comisión I de Senado genera muchos interrogantes frente al futuro de la reforma, más aún cuando siguen circulando con fuerza los rumores en torno a que en la primera vuelta se incurrió en vicios de forma muy graves que ya podrían estar vislumbrando un posible fallo de inexequibilidad en la Corte Constitucional, cuyos magistrados han permanecido aislados de todo la discusión de la iniciativa pero que, se sabe, también tienen muchos reparos al texto que sigue vivo.
A todo lo anterior debe sumarse el impacto de hechos sobrevinientes en el tema de la reforma a la justicia. De un lado, el escándalo esta semana en torno al ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura y, de otro, el rifirrafe entre el gobierno Santos y el ex presidente Uribe, que si bien se atañe a los procesos penales, disciplinarios y fiscales contra altos ex funcionarios de la anterior administración, tiene como telón de fondo la autonomía de la rama judicial y el poder de injerencia o no que en ella tiene el actual titular de la Casa de Nariño.
Uno y otro hecho tendrán repercusiones en el quinto debate, así como lo habrá también respecto a las críticas de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, frente al fortalecimiento del fuero militar.
Por ahora no queda más que esperar a ver cuál será el desarrollo de los acontecimientos en las siguientes seis semanas y si el Gobierno logrará convencer a los magistrados que vuelvan a los debates en el Congreso (algo que considera clave para mantener su imagen conciliadora), pues por más que no estén de acuerdo con varios de los puntos clave de la iniciativa, al final de cuentas, si éstos son aprobados, tendrán que someterse a los mismos, como es propio en un Estado de Derecho.