Durante la presentación en la Universidad Distrital del “I Foro sobre protocolo para Movilizaciones Sociales” la secretaria Distrital de Gobierno, Gloria Flórez Schneider informó que desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia se construye un protocolo que permita garantizar la libre movilización y la protesta pacífica de la ciudadanía.

De acuerdo con la secretaria Flórez, el documento está siendo construido en compañía de la sociedad civil, la administración distrital, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones.

“Dada la importancia que este tema tiene para la ciudadanía y el respeto a las expresiones sociales; la administración de Bogotá viene promoviendo la construcción del primer protocolo de movilizaciones que garantice la reclamación pacífica de los derechos. Bogotá es un referente para el país, por eso la enorme responsabilidad de que este documento legitime la protesta, la marcha pacífica y evitar que los excesos de fuerza afecten las libertades individuales y colectivas”.

Para la construcción del documento se han tenido en cuenta la opinión y participación de actores directamente involucrados como lo son las organizaciones sociales, las autoridades policiales, las entidades gubernamentales y organismos internacionales como la ONU.

“Hemos tenido en cuenta importantes experiencias y discusiones preliminares que se han realizado en la ciudad, puesto que Bogotá mantiene una memoria histórica y ha concertado pactos previos con el fin de garantizar la libre movilización y evitar situaciones de violencia. El mejor ejemplo que se tiene es el de las marchas del 1º de mayo del presente año, donde no hubo enfrentamientos ni agresiones entre la ciudadanía y la fuerza pública”.

La Secretaría de Gobierno destacó que actualmente la ciudad cuenta con los Puestos de Mando Unificado-PMU, instrumentos que sirven para lograr una articulación entre las autoridades civiles, los organismos de control, los de defensores de derechos humanos y la fuerza pública, para llegar a una toma de decisiones conjuntas que permitan respetar efectivamente los derechos de los manifestantes.