El escándalo parece ser la constante del caso de las megapensiones de excongresistas, exmagistrados y altos funcionarios que la semana pasada frenó la Corte Constitucional mediante sentencia.
Es así como en el listado de los 610 excongresistas beneficiados con al altas mesadas, aparecen varios que fueron condenados o estuvieron vinculados en reconocidos casos de corrupción como el proceso 8.000, la parapolítica, la yidispolítica y el narcotráfico.
De la filtración de dineros del narcotráfico a la campaña del expresidente Ernesto Samper se encuentran los excongresistas Ana Delia García ($20.933.742), María Izquierdo ($18.043.195), Rodrigo Garavito ($21.428.760) y José Arístides Andrade ($20.110.038).
Asimismo están: Alfonso Angarita ($18.611.879), Tiberio Villareal ($20.564.600) y Alberto Santofimio ($20.920.804), condenado por su participación en la muerte de Luis Carlos Galán.
Parapolítica
De los vínculos de políticos con grupos paramilitares aparecen: Ramón Antonio Valencia, quien fue condenado a 45 meses de cárcel ($18.305.585); Mario Uribe, expresidente del Congreso, quien ya cumplió condena ($18.650.042); Salomón Saade, investigado preliminarmente ($19.064.901) y César Pérez, condenado por la masacre de Segovia ($20.059.176).
Asimismo, están: Miguel Pinedo, condenado ($21.198.184); Jesús Puello, investigado ($18.007.778); José María Imbett, condenado ($18.728.086); Julio Alberto Manzur, investigado ($19.855.908); Carlos García, sindicado y absuelto ($18.919.658) y Vicente Blel, quien cumplió condena ($18.487.801).
Narcotráfico
También se encuentran excongresistas relacionados con los carteles de la droga en la década del ochenta. Entre ellos están Gustavo Rodríguez ($20.698.914) y Jorge Ramón Elías ($21.471.488).
En relación a otros escándalos están: el excongresista y extitular de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz ($17.993.291); Lino Ramiro Varela, cuya investidura fue demandada por violar el régimen de incompatibilidades ($17.924.054) y Jesús Antonio García, cuya pensión inicial de 11 millones de pesos pasó a 31 millones y terminó en 21.954.000 después de una revisión.
Juan Martín Caicedo, exalcalde de Bogotá destituido por el escándalo de los auxilios del Concejo de Bogotá ($19.945.757), completa el grupo.
Otros casos
Reconocidos políticos regionales igualmente fueron beneficiados, entre ellos Álvaro Araújo ($18.867.441); Basilio Villamizar ($20.261.434); Omar Yepes ($20.092.921); Leonor Serrano ($18.082.439) y su esposo Gabriel Camargo ($19.558.660); Miguel Santamaría ($20.100.748); Armando Pomárico ($19.380.502); Tito Edmundo Rueda ($20.043.140) y Jaime Dussán ($18.113.928).
En la lista también están personas que antes de ser congresistas fueron personajes de la vida pública como periodistas y presentadores. De estos se destacan el narrador deportivo Edgar Perea ($18.986.400) y el presentador Alfonso Lizarazo ($21.030.955).
Otros que realizaron reemplazos también quedaron con millonarias pensiones. Es el caso de Charles Schultz quien reemplazó a Jorge Visbal, investigado por parapolítica ($17.574.768) y Luz Helena Restrepo, hija de la excongresista Regina Betancur que reemplazó a Álvaro García, condenado por parapolítica y la masacre de Macayepo ($18.116.201).
Revisión de mesadas
A partir del 1 de julio y sin retroactividad, el Estado no seguirá pagando pensiones por encima de los 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, en promedio 14.800.000 pesos.
Así fallo la Corte Constitucional la demanda contra las millonarias mesadas que recibían 777 excongresistas y exmagistrados que conformaban el régimen especial de pensiones.
El presidente en cargado del alto tribunal, Mauricio González, declaró la inexequibilidad del el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
En la explicación del fallo, González dijo que “los funcionarios encargados de reliquidar las pensiones de congresistas y magistrados (…) tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para hacer las respectivas reliquidaciones y demandar las pensiones que, en su criterio, puedan haberse obtenido de forma fraudulenta”,
Lo anterior quiere decir que quienes venían recibiendo mesadas que superaban los 14.800.000 pesos, no tendrán que devolver dinero al Estado, ya que se presume que las liquidadoras actuaron de buena fe y conforme a la Ley.
La sentencia precisa que en adelante tales pensiones se liquidarán sobre el 75% devengado durante los últimos 10 años de trabajo y no durante su último año como anteriormente se realizaba.