Las diferencias con el Procurador

El apoyo al proceso de paz expresado por el fiscal General, Eduardo Montealegre, a raíz de la marcha por la paz de abril pasado, generó el primer choque con el procurador General Alejandro Ordóñez. Este respaldo desencadenó una serie de cuestionamientos del Jefe del Ministerio Público sobre los beneficios jurídicos que recibirían los integrantes de la guerrilla con base en el Marco Jurídico para la Paz. “Es importante aclarar si hay o no un marco que genera impunidad. Hago esto, en mi condición de representante de la sociedad. No se puede admitir que los responsables de delitos de lesa humanidad no vayan ni un solo día a la cárcel”, expresó.

Las uniones entre parejas del mismo sexo que quedaron en potestad de los jueces y notarios luego de que el Congreso no las reglamentara como ordenó en sentencia la Corte Constitucional, también generó diferencias entre los funcionarios. Mientras que el Ministerio Público dice que los funcionarios que unan en matrimonio a parejas gay podrían ser investigados, la Fiscalía dice que esto sería ilegal.

Tutela a la Contralora

A pesar que el lunes el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que el Fiscal interpuso contra la contralora General de la República, Sandra Morelli, es claro el inconformismo que generó en Montealegre la decisión del organismo de investigarlo por retrasos en la presentación de reportes fiscales.

Consideró Montealegre que la Contralora se extralimitó en sus funciones al elevarle pliego de cargos argumentando que el único órgano que lo puede investigar es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

 “Se vulneró la garantía constitucional de independencia y autonomía judicial y los derechos fundamentales al debido proceso”, dice la tutela.

El Jefe del Ente consideró la decisión como “sospechosamente desproporcionada" debido a que el organismo fiscal no tuvo en cuenta el paro judicial que retrasó las labores de la Rama el año pasado.

Para la alta funcionaria, el fiscal puede ser investigado por la Contraloría, “hasta que no haya modificación a nuestro régimen jurídico, o que una alta corte con una decisión vinculante, establezca que el señor Eduardo Montealegre no puede ser investigado, lo cual sería una excepción, sería el único en el conjunto de funcionarios del Estado que ejerciendo gestión fiscal no sería sometido a control”.

Demanda a Comisión de Acusaciones

El pasado 25 de junio el Fiscal General de la Nación denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al presidente de la Comisión de Acusaciones, el representante Constantino Rodríguez Calvo.

Según Montealegre, el Congresista incurrió en el delito de prevaricato por haber dictado acto inhibitorio a favor de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Henry Villarraga investigados en el escándalo del ‘Carrusel de las Pensiones’.

“No puedo guardar silencio ante los graves hechos de corrupción que se están presentando en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El país tiene derecho a la verdad, el país tiene que saber lo que está pasando. Nosotros no podemos permitir que sigan avanzando impunemente estos actos tan graves de corrupción”, declaró Montealegre.

A pesar que el Congresista dictó acto inhibitorio en el proceso por falta de pruebas, el Fiscal sostuvo que existen evidencias que demostrarían las irregularidades cometidas por los magistrados en el manejo de las pensiones.

El Representante sostuvo que no se encontraron méritos para continuar con el caso en el que según la denuncia se nombraron funcionarios por cortos periodos de tiempo para lograr pensiones millonarias.

 Pelea con Uribe

El proceso de paz, la desmovilización de las Autodefensas y la revelación de las coordenadas donde fue trasladado un cabecilla guerrillero hacia Cuba por parte de la Cruz Roja, han sido los puntos de la discordia entre el Fiscal y el expresidente Álvaro Uribe.

Sobre los diálogos, en los que Uribe  ha cuestionado que la guerrilla no haya parado las acciones terroristas y los posibles riesgos de impunidad, el jefe del organismo de investigación dijo que el exmandatario está más centrado en su beneficio político y en las elecciones de 2014 que en el éxito de las negociaciones de paz.

El alto funcionario también cuestionó los pocos resultados en justicia para las víctimas del proceso de desmovilización de los paramilitares en el gobierno pasado.

En respuesta, Uribe rechazó que se hubieran hecho pactos con las Auc. “Señor Fiscal: usted apoyó nuestra segunda campaña, sabe que la Ley de Justicia y reparación no fue un pacto con delincuentes ni impúnidad”, sostuvo.

El caso de las coordenadas fue calificado por Montealegre como un acto irresponsable que puso en peligro las vidas del personal humanitario que hizo el traslado del guerrillero.

“Le hago un llamado a la sensatez al presidente, con el respeto que me merece, de que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de actos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas que están en estas negociaciones”, aseguró.