Alegando la  vulneración a sus derechos al debido proceso y la defensa, e indicando que la justicia colombiana desconoció varios pactos internacionales, el exsenador Ciro Ramírez le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiar la anulación del fallo condenatorio proferido en Colombia por la Corte Suprema de Justicia.

Ramírez, elegido tres veces senador con el aval del Partido Conservador, fue condenado en 2011 a seis años y siete meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado por haber concertado una alianza con el paramilitar Bloque Central Bolívar para llegar al Congreso en 2002, según lo demostrarían interceptaciones telefónicas ilegales obtenidas en el curso de la investigación que inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía.

Ramírez aduce que no se le garantizó la doble instancia, además que el alto tribunal le dio validez a los testimonios hechos en su contra por testigos falsos.

El organismo internacional ya notificó al Estado colombiano para que en un plazo de tres meses se emita una respuesta frente a la petición. La CIDH estudiará este documento y determinará si existe validez en las pretensiones presentadas.

La pretensión de Ramírez se suma a las adelantadas por otros condenados por la parapolítica y que le han pedido a la CIDH medidas cautelares para “suspender inmediatamente los efectos de la condena”.

Sin embargo no es la única acción que están tomando los ex legisladores procesados y hallados culpables por sus nexos con grupos paramilitares.

Justicia transicional

Hace algunos meses, la exrepresentante por Antioquia, Rocío Arias, sostuvo que un grupo de parapolíticos está dispuesto a someterse a los instrumentos de justicia transicional que acuerden el Gobierno y las Farc en La Habana.

“Fuimos víctimas porque muchos de nosotros estuvimos perseguidos por las Farc. Tuvimos un acercamiento con las Autodefensas, pero también es cierto que tuvimos el visto bueno del Gobierno de aquel entonces para tener ese acercamiento con las Auc”, señaló Arias entonces.

“Hemos estado en conversaciones. Estamos redactando un documento y lo vamos a socializar con todos los que estuvimos inmersos en el tema de la parapolítica que fuimos condenados. La intención es que este documento sea objeto de discusión por las Farc y el Gobierno”, explicó.

Según las consideraciones de Arias, los juzgados por parapolítica estarán en desventaja con aquellos políticos que se sospecha han recibido apoyo económico y electoral del grupo armado de las Farc y pueden seguir con sus derechos políticos, mientras que los parapolíticos perdieron sus derechos.

“La intención es que el delito de concierto para delinquir agravado –por el cual fueron condenados– sea considerado conexo con el delito de rebelión”, dijo Arias.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez consideró que la propuesta de parapolíticos de entrar en el acuerdo de justicia transicional alcanzado con las Farc "no se corresponde" porque crearía impunidad y además iría en contra de los actuales esquemas procesales.

"Es una feria de concesiones. Pienso que esa propuesta no corresponde y sería un escenario de impunidad y no sería posible de acuerdo a los actuales esquemas procesales e incluso las normas constitucionales", indicó el Procurador.

Jurisprudencia

Por un lado está la tesis de que el concierto para delinquir se considere conexo a la rebelión, pero contra esa posición pesaría la jurisprudencia de no tener en cuenta a los paramilitares y sus cómplices como incursos en delitos políticos.

Es más, en 2010 la Corte Suprema de Justicia aseguró que los dirigentes políticos vinculados con los grupos paramilitares debían responder, a manera de cómplices, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los combatientes del grupo armado ilegal.

De hecho, la tesis, tanto en la Fiscalía como en la Corte, es que aunque algunos políticos fueron víctimas de intimidaciones, en términos generales eran estos los jefes de los paramilitares o en todo caso hacían parte importante de la estructura criminal. Sin embargo, como esto solo pudo comprobarse en muy pocos casos (como es el del exsenador Álvaro García, condenado por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, Bolívar, el 14 de octubre de 2000), se resolvió conducir el proceso a través de las inconsistencias de los resultados electorales adjudicables a los pactos firmados entre los dirigentes políticos y los jefes irregulares.

Cinco años después, la Corte decidió echar atrás esa jurisprudencia para considerar que esos acuerdos electorales, aunque execrables y punibles, no pueden ser considerados un indicio suficientemente serio para señalar la responsabilidad de los dirigentes en el derramamiento de sangre provocado por los paramilitares.

Esto podría abrir la puerta a otras reconsideraciones.

Pero de otra parte, la pertinencia de la justicia transicional no tiene que ver con el delito político, porque si así fuera no podrían ser cobijados los agentes del Estado.

De modo que aun sin modificaciones en la jurisprudencia del alto tribunal existe la posibilidad de que los parapolíticos pueden acudir a los mecanismos que se pacten en La Habana y por lo tanto recuperar la posibilidad de participar en política.

La pregunta, tanto en los casos de parapolítica como en los de eventuales nexos de políticos y guerrilla, es cómo se van a desmantelar las estructuras criminales, con fuertes lazos en la política, pero también en otras áreas sociales.