La guerrilla propuso en La Habana la "proscripción real y material" del paramilitarismo en Colombia, como parte de las garantías para el fin de conflicto armado y su integración como oposición política.

"El gobierno nacional se comprometerá con el desmonte efectivo y la proscripción, real y material, de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Jesús Santrich a la entrada de las conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Las Farc exigieron además "la promulgación de una política criminal orientada de manera específica a ese propósito y de la depuración de los poderes públicos permeados por estas estructuras" paramilitares.

Entre 2003 y 2006 los grupos paramilitares de derecha se desmovilizaron en Colombia en un proceso que les concedió beneficios procesales a cambio de información veraz sobre sus actos y reparación para sus víctimas.

Desde 2006, la Corte Suprema de Justicia investiga los vínculos de los paramilitares con políticos, especialmente congresistas que contaron con sus apoyos para ser elegidos, un escándalo conocido como "parapolítica".

"Se conformará una Comisión de la verdad histórica para el esclarecimiento de sus crímenes, que contará con la participación de representantes de la oposición política y social y del movimiento de víctimas", añadió la guerrilla.

La petición está contenida en "Diez propuestas mínimas de garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno", presentadas en esta jornada.

El domingo, al reanudar el diálogo de paz, tras 19 días de receso, el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, acusó a la guerrilla de usar las negociaciones de paz para "hacer política", y la instó a "avanzar" en la búsqueda de acuerdos que permitan poner fin al conflicto armado de casi medio siglo.

El proceso de paz arrancó en noviembre de 2012 con una agenda de cinco puntos, que incluye el desarrollo rural (ya consensuado), la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas y la reparación a las víctimas.