Miércoles, 11 de Febrero de 2015
En este sentido, la Defensoría llama la atención sobre las restricciones de movilidad que padecen 624 familias en 17 veredas de San Miguel, Putumayo, donde los habitantes se abstienen de transitar por los caminos secundarios y el área rural, debido al temor por la posible presencia de campos minados, situación que sería revisada por el Ministerio del Interior en los próximos días.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, cuando se dio a conocer un panfleto atribuido a presuntos miembros de las Farc, en el que se advertía a la población sobre el riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca.
Al no comprobarse la autenticidad del documento, pero ante la zozobra de los campesinos, los organismos humanitarios le siguieron la pista al tema, hasta que la Personería Municipal recopiló varios testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la propia guerrilla hizo la advertencia, al indicar que habrían tomado esa decisión por los permanentes patrullajes del Ejército.
La Defensoría del Pueblo, que junto a las autoridades territoriales y a otras entidades como las Naciones Unidas participó de una reunión reciente en el municipio de San Miguel, exhortó a los grupos armados ilegales a frenar esta práctica y a contribuir de manera decidida con el desminado como muestra de su voluntad de paz, al tiempo que solicitó a los organismos de seguridad del Estado verificar la realidad de estas versiones y adoptar las medidas pertinentes para minimizar los riesgos de afectación a civiles.
Según la Defensoría Regional en Putumayo, entre el 26 de enero y el 2 de febrero de este año se presentaron tres accidentes por minas antipersonal en Puerto Asís, Valle de Guamuez y San Miguel, ocasionando la muerte de un militar, heridas a otro uniformado y a un trabajador de la industria petrolera, así como el desplazamiento de una familia con tres menores de edad.
Cabe recordar que desde 2012 y hasta el año anterior, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo había emitido 42 informes de riesgo y 22 notas de seguimiento que incluyeron advertencias respecto a la existencia y vulnerabilidad por estos artefactos en 114 municipios de 22 departamentos, información que está siendo actualizada ante la identificación de nuevas zonas con sospecha y presencia de minas antipersonal.
A estos hechos se suman otras circunstancias que son motivo de preocupación, como las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción de Puerto Libertador (Córdoba), donde todos los negocios cerraron sus puertas en medio de la angustia, pues mientras presuntos miembros del frente 18 de las Farc los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ofició al Ministerio de Defensa, al Comando del Ejército y a la Dirección de la Policía, reiterando el riesgo advertido para esa zona en informe del 22 de noviembre de 2014, y les solicitó reforzar los dispositivos de seguridad en esos territorios.
Las denuncias recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, indican que las presiones de las Farc hacia distintos sectores de la población civil, se han extendido a otras regiones como Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó a través de actividades como las amenazas y la extorsión.
La Defensoría valora los anuncios respecto a la continuidad de la tregua indefinida ofrecida por el grupo guerrillero, pero considera que la mejor manera de legitimar esas manifestaciones es acatando el Derecho Internacional Humanitario y excluyendo a la población civil del conflicto.
A pesar del alivio que ha significado el cese unilateral de hostilidades declarado por las Farc, gracias a la reducción de ataques a municipios y acciones de guerra, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante las denuncias que ha recopilado el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución en 11 departamentos del país respecto a situaciones de control poblacional mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación.
En este sentido, la Defensoría llama la atención sobre las restricciones de movilidad que padecen 624 familias en 17 veredas de San Miguel, Putumayo, donde los habitantes se abstienen de transitar por los caminos secundarios y el área rural, debido al temor por la posible presencia de campos minados, situación que sería revisada por el Ministerio del Interior en los próximos días.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, cuando se dio a conocer un panfleto atribuido a presuntos miembros de las Farc, en el que se advertía a la población sobre el riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca.
Al no comprobarse la autenticidad del documento, pero ante la zozobra de los campesinos, los organismos humanitarios le siguieron la pista al tema, hasta que la Personería Municipal recopiló varios testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la propia guerrilla hizo la advertencia, al indicar que habrían tomado esa decisión por los permanentes patrullajes del Ejército.
La Defensoría del Pueblo, que junto a las autoridades territoriales y a otras entidades como las Naciones Unidas participó de una reunión reciente en el municipio de San Miguel, exhortó a los grupos armados ilegales a frenar esta práctica y a contribuir de manera decidida con el desminado como muestra de su voluntad de paz, al tiempo que solicitó a los organismos de seguridad del Estado verificar la realidad de estas versiones y adoptar las medidas pertinentes para minimizar los riesgos de afectación a civiles.
Según la Defensoría Regional en Putumayo, entre el 26 de enero y el 2 de febrero de este año se presentaron tres accidentes por minas antipersonal en Puerto Asís, Valle de Guamuez y San Miguel, ocasionando la muerte de un militar, heridas a otro uniformado y a un trabajador de la industria petrolera, así como el desplazamiento de una familia con tres menores de edad.
Cabe recordar que desde 2012 y hasta el año anterior, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo había emitido 42 informes de riesgo y 22 notas de seguimiento que incluyeron advertencias respecto a la existencia y vulnerabilidad por estos artefactos en 114 municipios de 22 departamentos, información que está siendo actualizada ante la identificación de nuevas zonas con sospecha y presencia de minas antipersonal.
A estos hechos se suman otras circunstancias que son motivo de preocupación, como las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción de Puerto Libertador (Córdoba), donde todos los negocios cerraron sus puertas en medio de la angustia, pues mientras presuntos miembros del frente 18 de las Farc los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ofició al Ministerio de Defensa, al Comando del Ejército y a la Dirección de la Policía, reiterando el riesgo advertido para esa zona en informe del 22 de noviembre de 2014, y les solicitó reforzar los dispositivos de seguridad en esos territorios.
Las denuncias recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, indican que las presiones de las Farc hacia distintos sectores de la población civil, se han extendido a otras regiones como Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó a través de actividades como las amenazas y la extorsión.
La Defensoría valora los anuncios respecto a la continuidad de la tregua indefinida ofrecida por el grupo guerrillero, pero considera que la mejor manera de legitimar esas manifestaciones es acatando el Derecho Internacional Humanitario y excluyendo a la población civil del conflicto.