Por capturas, destituciones, pérdida de investidura y fallecimiento, más de ocho congresistas abandonaron este año su cargo.

 

Aunque muy diferente a lo que se vivió en el tiempo de la ‘parapolítica’, cuando por efecto de los procesos judiciales decenas de congresistas abandonaron el Congreso, el año que termina también deja varias bajas.

 

Órdenes de captura, pérdidas de investidura, destituciones y fallecimientos, fueron las causas de al menos ocho ausencias.

 

Uno de los casos más sonados fue el de la ex presidenta del Congreso, la senadora valluna del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, a quien en junio  la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por su presunta complicidad en lavado de activos.

 

Luego de establecer que junto con su marido, la parlamentaria adquirió varias fincas que en el pasado pertenecieron a reconocidos narcotraficantes, Toro fue detenida y recluida en el Centro de Altos Estudios de la Policía, al norte de Bogotá, mientras es investigada.

 

El segundo caso es el del ex senador Eduardo Carlos Merlano, a quien la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo sancionó por 10 años para asumir cargos públicos tras hallarlo culpable de tráfico de influencias.

 

Merlano trató de impedir que le pusieran una multa se tránsito y de realizarse una prueba de alcoholemia, argumentando que era Senador de la República y que había sido elegido por 40 mil votos.

 

 En cuanto a la pérdida de investidura se destaca la de la representante a la Cámara por el Partido de La U José Ignacio Bermúdez. En este caso el Consejo de Estado decretó su muerte política por haber votado el referendo reeleccionista a pesar de que en esa época tenía una sanción del Partido Cambio Radical que le impedía votar.

 

Del mismo modo, el alto tribunal anuló la elección de la Congresistadel Partido Liberal MónicaAnaya,quien violó el régimen de inhabilidades en el momento de los comicios, ya que se comprobó que fue elegida mientras su esposo era alcalde de un municipio de Magdalena.

 

También perdió su investidura la representante Issa Eljaude del Partido Conservador. En este caso el Consejo de Estado consideró que violó el régimen de inhabilidades ya que su hermano era alcalde de un municipio.

 

El 21 de agosto el ex representante y ex presidente de la Comisión de Acusaciones por el Partido de La U, Héctor Vergara, perdió su investidura tras haber sido hallado culpable de violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades electorales, ya que su padre era alcalde de Sincelejo cuando él fue elegido.

 

Del mismo modo, el Consejo de Estado anuló la elección del representante a la Cámara Jaime Cervantes por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al participar en la aprobación de dos proyectos.

 

 

Por fallecimiento dejaron el Congreso el  senador Juan Carlos Rizzetto del Partido PIN, quien en enero de este año murió a causa de un cáncer que padecía desde algún tiempo. Asimismo se presentó el deceso del representante Felipe Fabián Orozco del Partido de La U quien murió a principios de junio.

 

 

 

 

Tributaria debe apoyar la educación

 

El senador Eugenio Prieto Soto del Partido Liberal afirmó que para sacar adelante la reforma tributaria “además de voluntad política, es necesario identificar la fuente de recursos para conseguir el objetivo de avanzar en la ampliación de cobertura en educación superior”.

Para el Senador, además de la creación de empleo el proyecto debe mejorar otros aspectos como  “la falta de democratización de oportunidades de acceso a la educación superior”. El parlamentario cuestionó que dichas reformas “no necesariamente contribuyeron a garantizar la generación de empleo, la disminución de la pobreza y la reducción de la desigualdad”.

 

Reforma con equidad

 

El presidente del Movimiento Mira, Carlos Alberto Baena dijo que aunque el Gobierno insiste en que el proyecto de reforma tributaria “se trata de una modificación con neutralidad, los debates realizados en el legislativo dejan ver que la iniciativa promueve inequidad”.

Tras votar negativamente la iniciativa, Baena señaló que “la principal preocupación que justificó el anuncio de nuestro voto negativo, es el cambio en la financiación del Icbf y del Sena”.

 

 

Avance en caso de la UP

 

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda afirmó que se vislumbra un avance en el caso por el genocidio de la Unión Patriótica pasados 20 años.

“Es la primera vez que en Colombia, y no en instancias internacionales, una autoridad judicial define como genocidio el plan macabro que terminó con la vida de miles de miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista", subrayó el congresista.

 Cepeda insistió en que “no es suficiente con investigar y condenar a los autores materiales de ese crimen, sino que es imperativo llegar hasta los autores intelectuales y patrocinadores”.