Ya es un hecho: se legisló sobre el mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos con las Farc en La Habana. ¿Pero qué implicaciones políticas, tanto en el ambiente nacional para lograr una paz efectiva como en la propia mesa de negociaciones, tendrá esta decisión? Decálogo

 

 

1. No se negoció en  La Habana

 

Las Farc han alegado que todavía no se han negociado los mecanismos de refrendación e implementación (que para la guerrilla es uno solo –la constituyente– y para el Gobierno dos –plebiscito y comisión legislativa especial–), de manera que con el proyecto del plebiscito va a pasar los mismo que con el Marco Legislativo para la Paz y el Referendo para la Paz que implicaron una pérdida de tiempo porque una de las partes no aceptó esos desarrollos. Igual suerte le espera al Acto Legislativo para la Paz. De manera que en lugar de ganar tiempo, como lo han dicho voceros del Gobierno y de las bancadas de la Unidad Nacional, se está haciendo todo lo contrario.

 

 

2. Inaplicable

Una de las pocas disparidades entre los textos de Cámara y Senado es el tiempo estipulado para que el Gobierno explique los acuerdos logrados con las Farc antes de convocar el plebiscito, que en un caso son 20 días y en el otro 30. Cualquiera de las dos opciones es inaplicable en la práctica, pues será muy difícil hacer pedagogía de temas tan complejos como los negociados y eventualmente acordados entre el Gobierno y las Farc.

 

 

3. Mecanismos de participación

Es inequitativo que solo se haya planteado reglamentar un plebiscito para un caso específico, en lugar de reformar los mecanismos de participación, especialmente cuando están pendientes de buscar al constituyente primario promotores de varias iniciativas como quienes quieren consultar a la ciudadanía sobre la adopción gay, el aborto o la reforma de equilibrio de poderes, entre otras muchas inquietudes de grupos significativos de ciudadanos de diversa índole.

 

 

4. ¿Unir o dividir?

Desde la campaña presidencial el Gobierno ha proclamado la intención de unir al país en torno a la bandera de la paz, sin embargo la forma en que avanza la legislación propuesta, incluyendo el plebiscito con sus varios peros, está llevando a una profundización de la polarización en este tema que, como ningún otro, requiere un acuerdo político y ciudadano para que lo que se acuerde perdure y sane heridas en lugar de enconarlas. No es de menor cuantía que, en lugar de lograr un acercamiento del uribismo a las posiciones afines al proceso de paz, así fuera con una permisiva neutralidad, ese grupo humano que electoralmente representa casi la mitad de quienes acuden a las urnas va a terminar totalmente en contra de lo pactado en La Habana. Ya se ha dicho que Uribe es necesario para una paz firme y duradera.

 

 

5. ¿Sustitución constitucional?

La maniobra jurídica para hacer vinculante el resultado del plebiscito podría conllevar a que la Corte Constitucional considere que existe una sustitución de la Carta y entre a pronunciarse de fondo, declarar inexequible el proyecto y en consecuencia echar por la borda lo que se acuerde en La Habana. Los constitucionalistas han explicado que el plebiscito es un instrumento político y no jurídico como sí lo es el referendo, de manera que darle alcances jurídicos al plebiscito podría ser interpretado por el alto tribunal como una modificación de la esencia de la Constitución.

 

 

6. Legitimidad

Las cifras son tozudas. Actualmente el censo electoral es de 33.820.199 potenciales sufragantes. Si el umbral para refrendar los acuerdos de La Habana se baja a 13 por ciento, quiere decir que se necesitarán 4.396.626 votos por el sí. Solo para nombrar unos pocos ejemplos, eso equivale al 56,08 por ciento de los 7.839.342 votos logrados por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial de 2014; al 63,56 por ciento de los 6.917.001 votos registrados por Óscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta presidencial de 2014; al 25,66 por ciento de los 17.128.262 sufragios contabilizados por gobernaciones en octubre; y al 26,27 por ciento de los 16.732.650 ciudadanos que votaron por asambleas en octubre.

 

 

7. Marcatización superficial

Vamos rumbo a una marcatización superficial del proceso de paz, porque si el plebiscito preguntará en bloque por un sí, para quienes están de acuerdo con la negociación de La Habana, o por un no, de quienes dicen querer la paz pero no acordada de cualquier manera, quedarán por fuera de poder ser contadas las personas que comulgan con una serie de tonos grises entre ambas posiciones extremas y anulan la capacidad reflexiva en torno a la especificidad de los puntos pactados entre el Gobierno y las Farc.

 

 

8. Oposición

En ese escenario, a la oposición al proceso de paz se le crea un dilema sobre si llamar a una abstención activa, que al no existir un umbral de participación terminaría siendo inane, o salir a votar masivamente por el no. De entrada, algunos congresistas uribistas han empezado a hablar de un ‘paro electoral’.

 

 

9. Otro plebiscito

Diseñar un plebiscito a la medida de la negociación del Gobierno con las Farc implica que cuando se avance en los diálogos con el Eln y haya la necesidad de refrendar los eventuales acuerdos con ese otro grupo guerrillero, se tenga que volver a visitar el sastre legislativo para coserle un mecanismo de refrendación específico para esa nueva ocasión.

 

 

10. Fisuras en la coalición

El trámite legislativo dejó en evidencia que el Gobierno no logró convencer plenamente ni siquiera a sus propias fuerzas que acompañaron la iniciativa gubernamental por pura disciplina al interior de las bancadas, pero que a la hora de salir a poner los votos en las urnas podría producir varios efectos. Uno es que se debilitará la Unidad Nacional al generar un cortocircuito entre los congresistas y sus bases electorales. Otro es que puede agudizar las dudas que ya existen sobre el Acto Legislativo para la Paz. Y más grave es que puede conllevar a que la ciudadanía no atienda la disciplina de las bancadas de sus legisladores, sino que vote en sentido contrario.