Una de los retos de la política de atención y reparación a las víctimas es garantizar que los esfuerzos y los recursos del Estado se dirijan exclusivamente a quienes en realidad han sido golpeados por el conflicto. Además de hacer lo posible para que las víctimas conozcan sus derechos, la Unidad de Víctimas ha desplegado estrategias para evitar que avivatos terminen aprovechándose de los beneficios que ofrece la Ley 1448.

Actualmente, la Fiscalía investiga 400 denuncias por posibles conductas fraudulentas relacionadas con la atención a las víctimas. Las más comunes, según el jefe de la oficina jurídica de la Unidad de Víctimas, Luis Alberto Donoso, son el falso testimonio y el fraude procesal. Eso se traduce en que algunas personas se presentan como víctimas de cierto delito relacionado con el conflicto interno sin serlo, para así ser incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y hacerse acreedoras de los beneficios económicos del Estado.

Donoso explica que “es común usar mentiras para ingresar al RUV en condición de desplazados, porque los otros hechos victimizantes tienen otros mecanismos de certificación. Los hechos de secuestro, homicidio o desaparición son más notorios, debe mediar denuncia penal”.

A esto se suma, según Andrés Celis, jefe de la unidad de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, que “los niveles de impunidad y de investigación por el delito de desplazamiento son muy bajos. Ahí hay un círculo vicioso: en la medida que el Estado no profundice en este punto, se abre la posibilidad de que personas eventualmente quisieran aprovecharse”. Además resalta el hecho de que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante más común en Colombia: de 6.231.617 víctimas registradas, 5.468.366 corresponden a este hecho.

Eso, además de implicar una pérdida de dinero para el Estado lleva a que las víctimas reales, que son la mayoría, sean quienes sufran las consecuencias más graves de ese aprovechamiento. Según Celis, es una discusión que “termina estigmatizando a la población y haciendo pensar a la sociedad que el nivel en que se presentan estos hechos es más común de lo real”.

El filtro

El abogado Donoso le explicó a EL NUEVO SIGLO los requisitos para que un ciudadano pueda ser incluido en el RUV. “La puerta de entrada es la declaración que rinden las víctimas ante el Ministerio Público: Procuraduría, defensorías, y personerías municipales. El 80% acude a las personerías porque están a la mano de las comunidades”; ahí exponen las circunstancias en que resultaron victimizados.

En esa declaración se aplica el principio de buena fe establecido por la Corte Constitucional. Sin embargo, eso no es suficiente para quedar registrado como víctima. Esa declaración pasa a la Unidad de Víctimas, donde, bajo unos criterios basados en “circunstancias fácticas, jurídicas y de contexto”, se toma la decisión de incluir o no a la persona en el registro.

Donoso expone un ejemplo de cómo comprobar bajo circunstancias de contexto: “Si alguien dice que  fue víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla en un municipio ‘x’, en un año ‘x’, la Unidad verifica si en ese municipio efectivamente existió presencia guerrillera en la época en que supuestamente lo desplazaron”.

Andrés Celis reconoce el esfuerzo del Estado a través de estos mecanismos para prevenir el fraude. Pero propone una estrategia complementaria: el trabajo con las comunidades: “Al trabajar directamente con la población, se logra disminuir la posibilidad de que una persona que no pertenece a la comunidad se presente como víctima, o que perteneciendo sin ser víctima quiera obtener el beneficio. Los procesos de control de las mismas comunidades en los ejercicios de participación logran ser un mecanismo importante para disminuir los riesgos de aparición de fraude”.

Los tramitadores

Otro dolor de cabeza en la aplicación de la Ley de Víctimas son quienes buscan hacer el papel de intermediarios o tramitadores para pedirles a las víctimas un alto porcentaje de lo que reciben por reparación administrativa.

Cabe aclarar que, aunque todos los trámites ante la Unidad de Víctimas son completamente gratis y la intermediación no es necesaria, esta labor tampoco está prohibida. De hecho, Donoso asegura que la mayoría de ellos actúa de buena fe, pues “el primer tramitador que tienen a la mano las víctimas es muchas veces alguien que hace parte de la organización de víctimas legalmente constituida”.

El problema llega cuando ese tramitador le hace creer a las víctimas que su labor de intermediación es indispensable. Por eso, la Unidad de Víctimas está implementando una campaña que busca “alertar a las víctimas y a quienes hacen parte del sistema de atención, que nuestros trámites son gratis y no requieren intermediación”, explica el abogado.

Para el miembro de Acnur, este problema también puede combatirse con más trabajo de la mano de la gente: “El Estado no tiene la capacidad de acompañar a todas las comunidades, pero un trabajo más cercano es una estrategia para prevenir la aparición de quienes quisieran aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas”.

Destacado:

“Se termina estigmatizando a la población y haciendo pensar a la sociedad que el nivel en que se presentan estos hechos es más común de lo real”: Andrés Celis (Acnur)