Ante la indignación nacional por el creciente fenómeno de accidentes con víctimas provocados por conductores borrachos y la aparente flexibilidad de la justicia a la hora de sancionarlos, no paran las propuestas de orden penal y administrativo que buscan no solo sancionar sino  frenar este flagelo.

Sin embargo hay quienes consideran que la normatividad existente es suficiente para castigar a los conductores ebrios y lo que hay que hacer por parte de los jueces y fiscales es aplicarlos de forma ejemplar.

En la otra orilla se ubican quienes piensan que el problema  de los conductores borrachos no se soluciona con cárcel sino con más educación y pedagogía.

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de varios exfiscales y exvicefiscales sobre este tema.

Menos beneficios

No se requiere una nueva norma para sancionar a las personas que de forma irresponsable se ponen al frente del volante, consideró el exvicefiscal, Francisco José Sintura. “Todo lo que han dicho como medidas alternativas ya está en la ley, no se necesita una nueva norma para decir que incauten el bien (el vehículo) porque eso en el Código Penal se llama comiso o decomiso. No se necesita una norma que diga que le quiten la licencia porque esa es una pena accesoria que está en el Código Penal. No se necesita que digan que como pena accesoria se le prohíba conducir por ‘x’ tiempo, eso ya está. Que extingan el bien, eso también ya está. Lo que necesitamos es que la ley se aplique y que los operadores judiciales, que son los fiscales y los jueces, la conozcan, la dominen, la aprendan. Lo que necesitamos es que las que están se apliquen y se apliquen con severidad”.

Sin embargo Sintura consideró que sí es necesario entrar a revisar la cantidad de beneficios que tiene previsto la ley, pues en la práctica se prestan para que se fijen penas irrisorias que a todas luces no corresponden a la gravedad del hecho cometido.

“Esta es una ley en la cual el juez a veces queda más preso de la ley que el propio delincuente por la cantidad de beneficios, de rebajas, de premios que tiene para los delincuentes. Eso sí requiere una modificación legislativa que reduzca sustancialmente las rebajas de pena, los beneficios por colaboración con las justicia o que los limite en unas proporciones razonables”.

Mayor prevención

Hay que pensar más en una política preventiva que en una política represiva, señaló el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, lo que seguramente mirando a futuro provocará un efecto real en la reducción de accidentes por conductores con copas.

Gómez insistió en que “en el tema de prevención es mucho lo que tienen que hacer las autoridades de policía, las autoridades de tránsito, los padres de familia, la propia sociedad, el Ministerio de Educación. Es mucho más eso que pensar en sanciones”.

En este sentido Gómez Méndez dijo que en las sanciones que se puede pensar para los conductores que son sorprendidos en estado de alicoramiento son “de tipo policivo básicamente, que tengan que ver con la suspensión provisional o definitiva de la licencia de conducción, pero no caer en el facilismo de llevar a todos los borrachos a la cárcel porque probablemente no va a haber cárcel para tanto borracho”. 

En cuanto a las penas para conductores ebrios que provocan heridos o muertos, el exfiscal General explicó que “hoy en día la legislación establece una causal de agravación de los delitos culposos, como estos de imprudencia, y es cuando la persona está en estado de embriaguez. Eso ya está y está prohibida en algunos casos la excarcelación”.

Detención

Por su parte el exfiscal General, Alfonso Valdivieso, se mostró preocupado por el hecho de que en la etapa de investigación han quedado libres en varios casos conductores ebrios involucrados en accidentes que dejaron víctimas fatales, como sucedió recientemente con el joven Fabio Salamanca, quien le quitó la vida a dos mujeres en Bogotá al chocar a alta velocidad su camioneta contra el taxi en que ellas se desplazaban.

“En el tema de cómo se adelanta la investigación, creo que está abriéndose camino la muy importante posibilidad de que una persona debe ser privada de la libertad una vez que suceden los hechos, de manera que no haya posibilidades de que esta persona sea dejada en libertad”.

En ese sentido añadió que “lo otro es una acción bien planteada por parte de la policía, de los organismos de seguridad, para que de inmediato la persona sea recluida porque ese paso transitorio por las clínicas y por los hospitales es una cosa, digamos, aparente, no es que la persona esté afectada sino que simplemente quiere tomarse un tiempo y recuperarse y tratar de trazar la estrategia, y luego sí presentarse a las autoridades.   

Sin embargo sobre el particular Valdivieso consideró que se necesitaría una norma que de forma taxativa señale la obligatoriedad de la detención en centro carcelario de un conductor borracho involucrado en un accidente que deja heridos o muertos, “es decir que nunca haya la posibilidad de libertad condicional” hasta que se decida si es o no culpable.

Iniciativas

El pasado 20 de julio nuevamente el Movimiento MIRA radicó un proyecto para endurecer las sanciones penales y administrativas a los conductores borrachos, el cual se hundió por falta de trámite en la pasada legislatura. Sin embargo en esta oportunidad le adicionó la figura de la extinción de dominio al vehículo en el caso de conductores que incurran en esta conducta.

Igualmente el presidente Santos propuso esta semana incautar los vehículos y retirar la licencia a las personas que conduzcan en estado de embriaguez. "Se le puede incautar el vehículo y se le puede inmovilizar, dependiendo, un año, dos años o hasta 10 años. Creo que más de uno lo pensará dos veces si no solamente le quitan la licencia, sino que le quitan el vehículo que está manejando", explicó Santos.

Igualmente se conoció que el Gobierno estudia la presentación de un proyecto de ley para frenar el flagelo de los conductores embriagados, que contempla, entre otros, subir la póliza de seguros, prohibir la prisión domiciliaria y la extinción de dominio sobre el vehículo.