En este segundo ensayo sobre lo que implica dejar atrás la guerra y construir un nuevo país, una mirada profunda a una tarea pendiente de doble vía: la reparación efectiva a la juventud por los efectos dañinos del conflicto armado secular y su potenciación como la primera fuerza motora para impulsar el cambio societal. Cifras de victimización, perspectivas de cambio y obligaciones del Estado y la ciudadanía

Por Jairo Morales Nieto *

Especial para EL NUEVO SIGLO

En un previo ensayo publicado porEL NUEVO SIGLO abordamos la discusión sobre la sociedad postconflicto desde la perspectiva de la transformación cultural requerida para dejar atrás el síndrome de la cultura de la violencia que nos ha acompañado a los colombianos durante las pasadas seis décadas.

En este segundo breve ensayo sobre la sociedad postconflicto vamos a pasar de los aspectos culturales a la dimensión generacional de la paz. Este paso parece muy lógico pues si decimos que hablar de sociedad postconflicto es abandonar un pasado violento y dividido para crear todos unidos un país en paz (siguiendo a Desmond Tutu), entonces ¿qué mejor que vincular desde ya a la niñez y juventud de hoy y a las nuevas generaciones a la tarea de la reconciliación y la construcción de la nueva sociedad?

Esta es una de las principales opciones estratégicas de la transición hacia la paz que los colombianos tenemos que considerar pues, como lo veremos más adelante, los niños, niñas y adolescentes, a la vez que han sido dramáticamente maltratados en sus vidas y derechos por la violencia secular armada, son el material más noble y el cimiento más sólido para la erección de cualquier sociedad que busca rehacerse en sus aspectos axiológicos (valores sociales) fundamentales.

La condición de ser víctimas y, a la vez, poblaciones que dan esperanza en la búsqueda de una coexistencia pacífica entre los colombianos, hace de la juventud y de las nuevas generaciones el epicentro por excelencia del cambio societal hacia el futuro.

Por todo ello, la juventud debe tener un rol protagónico en la construcción de la sociedad postconflicto pues, a la larga, ella le pertenece en profundidad, extensión y duración. Este ensayo se mueve en consecuencia a lo largo de un concepto dualista que reconoce profundamente la victimización de la juventud por cuenta de los efectos dañinos del conflicto armado secular (vengan de donde vengan) pero a la vez también exalta la potenciación de la juventud como la primera fuerza motora para impulsar el cambio societal esperado. Así, entonces, a partir de esta dualidad entre lo malo y lo bueno (entre el daño y la esperanza), hemos estructurado este ensayo que tiene su inspiración más inmediata en una reciente misión que el autor realizó en Colombia por invitación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para asesorar al Instituto y al sector de protección social en el diseño de una estrategia postconflicto con particular atención en los niños, niñas, adolescentes, familias y territorios víctimas del conflicto armado secular.

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La guerra contra los niños, niñas y adolescentes

Este enunciado lo tomo prestado de un conspicuo estudio de la politóloga colombiana Natalia Springer sobre los daños y efectos del conflicto armado en la niñez y adolescencia. Y, en verdad, no le falta razón a esta autora para argumentar que la guerra ha sido una ‘conspiración criminal’ contra la juventud en general. Las cifras oficiales confirman esta dramática y alarmante apreciación. Veamos:

·La población total de víctimas registradas para el periodo 1985- 2014 asciende a 6,7 millones de personas, originarias mayormente de la geografía rural del país. Estas personas constituyen alrededor de millón y medio de familias que han sido desarticuladas y desarraigadas por la acción de una multitud de hechos victimizantes o daños severos contra todas las personas que las integran.

·La lista de daños a todas estas poblaciones es larga y comprende, entre otras: desplazamiento forzado (afectando al ochenta por ciento de las víctimas), amenazas, homicidios, torturas, atentados, secuestros, desaparición forzosa, minas anti-persona, delitos contra la libertad e integridad sexual , vinculación a grupos armados, abandono o despojo forzado de tierras y pérdidas de bienes inmuebles;

·Llama poderosamente la atención que del total de víctimas registradas, cerca de 800 mil personas (algo así como el doce por ciento) tienen algún distintivo étnico (indígenas, afro-colombianos, palenqueros y gitanos) que como se sabe son las poblaciones de mayor exclusión social en el país;

·Del total de víctimas registradas, cerca de la tercera parte (2,2 millones de personas) son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Y, 1,1 millón de víctimas (17,1 por ciento) son jóvenes entre 18 y 26 años de edad. Los dos grupos de población suman entonces 3,2 millones de personas que representan cerca de la mitad del total de víctimas registradas con una distribución por género muy igual entre hombre y mujeres.

·Las víctimas menores de 18 años han sido clasificadas en tres grupos etarios: primera infancia (0 a 5 años); niñez (6 a 12 años) y adolescencia (13 a 17 años). La primera infancia registra: 440.785 víctimas; la niñez: 894.349 víctimas; y la adolescencia: 738.322 víctimas. Todas estas poblaciones comparten la lista completa de hechos victimizantes descrita arriba, es decir, han sufrido los mismos daños infringidos a sus familias con el predicado de que muchos niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por la muerte violenta de sus padres;

·Los niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos insurreccionales, paramilitares y bandas criminales forman un capítulo muy especial del conflicto armado y también de la historia de los más graves daños infringidos contra los derechos humanos en el país. Aunque el número real de víctimas del reclutamiento forzoso es incierto, una muestra de 24.000 desmovilizados atendidos por la Agencia Colombiana de Reintegración (ARC) estableció que 8.340 desmovilizados (35 por ciento) fueron reclutados cuando aún eran niños, niñas y adolescentes. Por su lado, el Ministerio de Defensa indica que en las filas de las Farc y Eln habría aún 1.374 menores de edad operando como milicianos activos;

·La situación de los menores de 18 años judicializados también es un tema que merece especial atención en todo este contexto de transición hacia la paz. Según cifras del ICBF, cerca de 50 mil menores de entre 14 y 18 años han sido judicializados en todo el país entre 2007- 2014. Aunque muchos de estos jóvenes no son víctimas directas del conflicto armado, se considera que deberían incluirse como parte del núcleo de la estrategia postconflicto que se proponga, pues son poblaciones en alto riesgo de reincidencia delincuencial, a menos, desde luego, que la sociedad les ofrezca protección y opciones reales de rehabilitación y reintegración familiar, social y laboral.

La narración de este escueto recuento estadístico quedaría inconclusa si no se hace mención del enorme daño que el conflicto armado ha causado en la salud mental y condiciones psicológicas de todas estas poblaciones víctimas. La comunidad científica nacional e internacional asociada a las actividades de prevención y protección social del ICBF está realizando importantes investigaciones y estudios en estos campos, cuyos resultados, esperamos, van a recibir adecuada atención por parte de los hacedores de las políticas de reintegración social en la era postconflicto.

El gran desafío que tiene la sociedad postconflicto es evitar a toda costa que todas estas poblaciones jóvenes (víctimas, desmovilizadas y judicializadas) sean capturadas o recapturadas por las bandas criminales por falta de respuestas y atención apropiada de parte del Estado y la sociedad, como ya fue el caso en el contexto de la desmovilización de las denominadas autodefensas (Auc) durante la primera mitad de la década pasada.

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Construcción de una generación de paz

La reseña estadística descrita anteriormente sobre la población víctima del conflicto armado y sobre la condición de los menores de edad y las familias víctimas es realmente patética pues revela que algo muy malo ha ocurrido y, desafortunadamente, sigue ocurriendo en Colombia. Tenemos una población de niños, niñas y adolescentes y familias no solo vulnerable sino efectivamente vulnerada y dañada en sus vidas, dignidad y derechos

¿Qué debemos hacer y para qué?

Mi respuesta a esta pregunta se esbozó al comienzo de este escrito y es el encabezado de esta sección. Simplemente, debemos hacer de los jóvenes víctimas una nueva generación de paz. Eso es lo que nos aconseja la historia. Según ésta, las sociedades postconflicto miran más hacia el futuro que al pasado (sin olvido, desde luego, para no tropezarse de nuevo con la misma piedra) y tienden a privilegiar más a las nuevas generaciones que a las viejas que convivieron con el conflicto.

El porqué de este axioma universal tiene su explicación en la premura de las sociedades por dejar atrás los horrores de las guerras y en la esperanza que ponen en quienes tienen la edad y vitalidad para hacer de los cambios hechos reales y duraderos.

Pensar en la construcción de una nueva generación a partir de las propias víctimas como protagonistas de su propia historia, obviamente no significa olvidar o dejar a un lado el bienestar y comportamiento de las viejas generaciones.

Esta opción no es viable pues el desarrollo de la cultura de paz sólo es posible si se involucran desde el comienzo los viejos y jóvenes como portadores y receptores de un nuevo sistema de valores sociales fundamentales que debe dar piso a la sociedad postconflicto que queremos construir.

Importante en este contexto es mantener siempre en mente que los niños, niñas y adolescentes tienen voz y mucho que aportar sobre el mundo y el país que quieren y sobre las formas y maneras de como configurarlo y transformarlo. Este argumento adquiere hoy en día una fuerza irrefutable si escuchamos la excepcional voz de Malala Yousafzai, la niña pakistaní abaleada miserablemente por los talibanes por defender el derecho de las niñas a la educación, y quien fue galardonada con el Premio Nobel de Paz en diciembre de 2014.

De su discurso de recepción del honorífico galardón en Oslo, extraemos el siguiente párrafo que suena más que pertinente en el contexto que nos ocupa (traducción libre del autor): “Queridos hermanos y hermanos, niños, niñas como yo, tenemos que trabajar…no esperemos. No solo los políticos y líderes del mundo, todos tenemos que contribuir. Yo, tú, nosotros. Es nuestro deber. Seamos la primera generación que decide ser la última, vamos a ser la primera generación que decide ser la última que ve aulas vacías, infancias perdidas y potenciales desperdiciados. Que ésta sea la última vez que un niño o una niña pasa su infancia en una fábrica. Que ésta sea la última vez que una niña es obligada a contraer matrimonio en la primera infancia. Que ésta sea la última vez que un niño pierde la vida en la guerra. Que ésta sea la última vez que vemos a un niño fuera de la escuela. Dejemos el final con nosotros. Comencemos este final juntos, hoy, aquí mismo, ahora mismo”. (Oslo, 10 Diciembre 2014. Nobelprize.org). Parafraseando a Malala Yousafzai queremos ver por última vez una generación de niños, niñas y adolescentes colombianos -cualquiera sea su ciclo de vida- sin protección y oportunidades de bienestar (atención psicosocial, salud, nutrición, educación, vivienda y empleo). Queremos ver por última vez una generación de niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzoso, empuñando un fusil y abusados (as) sexual y laboralmente. Queremos ver por última vez niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-colombianos, palenqueros y gitanos, aniquilados y maltratados por ser minorías étnicas y poblaciones marginadas. Queremos al final del día que la sociedad postconflicto sea el mundo del respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¡Queremos que todo esto se logre en una década al final de la cual no debe haber ninguna víctima del conflicto armado sin prevención, protección y promoción humana!

¿Cómo hacerlo, dónde y con quién? Fundamentalmente se requiere diseñar e implementar desde ya una estrategia de cambio societal que guie a todos los colombianos para que en el año 2025 tengamos cero víctimas y una nueva generación viviendo en paz con goce pleno de sus derechos y responsabilidades, alejada de los métodos violentos de imposición de objetivos e insertada en una sociedad más democrática, justa, equitativa y participativa. La tesis central que guía esta sección del ¿Cómo hacerlo, dónde y con quién?, dice que para la realización de la visión teleológica y el objetivo global descrito, se requiere realizar las siguientes acciones estratégicas:

·Alcanzar -prima facie- un consenso fundamental de y entre todas las fuerzas locales (poderes públicos, grupos de poder económico y grupos de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de las víctimas y de los grupos desmovilizados y, desde luego, los niños, niñas y adolescentes y familias) sobre la importancia de construir una nueva generación de paz con goce pleno de sus derechos y obligaciones como ciudadanos;

·Celebrar un contrato social entre todas las fuerzas sociales mencionadas para la construcción de la visión teleológica y la realización del objetivo global. Un contrato local es un acuerdo legal mediante el cual todos los ciudadanos de un determinado territorio (municipio, veredas y corregimientos): expresan la voluntad política por la paz; renuncian libremente a la violencia como método de imposición de objetivos; se comprometen a actuar y operar a la luz de las reglas del juego democrático y del estado de derecho; se responsabilizan por la reducción de las desigualdades sociales en el municipio; y, suscriben un compromiso en cuanto a la atención, prevención y protección de todos los niños, niñas y adolescentes residentes en el municipio, haciendo mínimos los riesgos de desarrollo, por ejemplo, por la acción de las bandas criminales;

·Promover la creación de entornos de protección integral para todos los ciclos vitales involucrando a las familias como sujetos de derecho y a las comunidades, así como a las instituciones responsables a nivel local;

·Organizar la demanda de bienestar social por parte de los niños, niñas y adolescentes y familias víctimas y no-víctimas (en condición de pobreza y pobreza extrema) para que dicha demanda organizada participe de manera activa y contributiva en el diseño y administración de los servicios de prevención, protección y promoción integral;

·Organizar la oferta institucional de bienestar social a nivel local de manera que todo el sector de protección familiar, inclusión social y reconciliación, opere en forma coordinada y bajo una misma partitura, desde las propias personas, las familias y las comunidades;

·Establecer un equilibrio racional y armonioso entre la oferta y demanda de servicios de bienestar social sobre la base de la priorización de necesidades y teniendo en cuenta las capacidades fiscales y financieras del país para satisfacer dichas necesidades.

Si bien el desarrollo metodológico del consenso y contrato social toma una vía deductiva de ‘arriba hacia abajo’, el procedimiento metodológico de la identificación y organización de la demanda de bienestar social es el resultado de un proceso inductivo de ‘abajo hacia arriba’, pues se parte de los individuos de carne y hueso para que participen e interactúen con las otras fuerzas sociales e institucionales en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

En este razonamiento de equilibrio racional y armonioso entre la demanda y la oferta de bienestar social se encuentra una de las claves de la estabilización política y gobernabilidad municipal y, por, ende, es un factor muy importante para la disminución del potencial de conflicto derivado de la acumulación de necesidades básicas e existenciales insatisfechas.

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No avanzo más en estas discusiones estratégicas por el limitado espacio disponible. La propuesta de estrategia que hago ya está en las manos institucionales correspondientes. Espero eso sí que el lector coincida conmigo en la enorme importancia de la dimensión generacional de la paz para la salud y vitalidad de la sociedad postconflicto y en la necesidad de iniciar respuestas desde ya, aun sin esperar a los acuerdos de paz que ya vendrán, pues la sociedad del futuro se construye aquí y ahora mismo.

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Suráfrica. Enero 2015. jairo@inafcon.com