Un año después que el Gobierno sancionara la Ley Estatutaria de Salud, que convertía a este servicio como un derecho fundamental autónomo y que buscaba aliviar la atención a millones de colombianos, hoy el panorama sigue bajo un enorme letargo.

 

El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Néstor Álvarez, dijo a EL NUEVO SIGLO, que un año después de puesta en marcha la ley estatutaria todo sigue igual, y los problemas se siguen agudizando, “en términos generales el sistema no ha cambiado, al contrario se siguen agudizando los problemas, se demora la falta de atención, las citas médicas, etc.”.

 

Para Álvarez muchos de los decretos contradicen la ley estatutaria. “Han sacado circulares que van en contra de la misma ley estatutaria, como el decreto único de afiliación donde se deja éste como requisito para poder acceder a los servicios de salud cuando la ley dice que la salud es un derecho para todos los colombianos independientemente de sus condiciones, como la suspensión de los servicios de salud cuando el empleador se demora en hacer los aportes. El Gobierno y las EPS siguen aplicando decretos de la Ley 100 que en este momento son totalmente  contradictorios a la ley estatutaria”, sostiene el directivo.

 

El representante  de las EPS señaló que el gran problema que tiene postrado al sistema de salud colombiano, es que el Gobierno no ha querido entender que este es un derecho fundamental:  “el gran problema es que el Gobierno no ha querido aceptar que la salud es un derecho fundamental y como país no tenemos experiencia en administrar derechos básicos, entonces el Gobierno sigue creyendo que la prestación del servicio va de acuerdo a la capacidad de pago y no quiere asumirlo como una responsabilidad del Estado y mientras eso suceda no existirá ningún futuro”, indicó.

 

El nuevo modelo

Solo hasta ayer, el ejecutivo dio a conocer el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, que estará basado en los principios de la Ley Estatutaria.

 

El objetivo de la ley era ponerle fin al denominado carrusel de la muerte, toda vez que se convertía en obligatoria la prestación de los servicios de urgencias, que ya no requerían ningún tipo de autorización.

 

La política comprende un componente estratégico, que determina las prioridades del sector salud en el largo plazo; y un componente operativo, que consiste en el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), que se constituye en el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados.

 

El viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, dijo que la validación de la nueva política se realizó a lo largo y ancho del país con la academia, sociedades científicas, representantes de pacientes y demás agentes que integran el sistema.

 

“El centro de la atención de salud son las personas. Los gobernantes y las instituciones de salud deben responder a las necesidades de salud de los ciudadanos y no a la supervivencia de las IPS y EPS”, dijo.

 

El ABC

En el ABC de la Ley Estatutaria se especificaba que se debía facilitar el acceso a los servicios de salud, se eliminaran las autorizaciones para las atenciones de urgencias, se fortaleciera el control de precios a los medicamentos y se avanzara más rápido en la incorporación de nuevas tecnologías.

 

Sin embargo, estas medidas  no han mejorado la atención en salud. Sigue el llamado “carrusel de la muerte”, porque en algunos hospitales se niegan a atender en estado de urgencia a un ciudadano porque hay problemas con su EPS, cuando se establece en la ley que a ninguna persona se le podrá negar la atención médica de urgencia para la protección de su salud y su vida.

 

Otra de las medidas que contempla la ley era que los médicos tuvieran autonomía, entre ellos que tuvieran la capacidad para decidir qué tratamientos requieren los pacientes y no la capacidad de las EPS.

 

Asimismo, la ley estatutaria fortalecía la política de control de precios de los medicamentos, para que en Colombia se accediera a medicinas baratas.

 

La expedición de dicha ley implicaba un reconocimiento social de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Supone que hay un acuerdo entre los ciudadanos (en este caso la Gran Junta Médica que presentó la idea original) los Senadores y Representantes a la Cámara (que lo aprobaron), el Gobierno y los jueces (la Corte Constitucional, que declaró la Ley como exequible).

 

Los avances

Entre los avances que destaca el Gobierno, se destaca que cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 13 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) han recibido créditos de la línea de tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) por alrededor de medio billón de pesos, tras la presentación del plan de choque financiero del Gobierno para el sistema de salud.

Esta modalidad de crédito fue concebida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento en el artículo 4 del Decreto 1681 de 2015 y de la Resolución 3460 de 2015, a través de los cuales se establecieron el procedimiento, las condiciones, los requisitos, los criterios de viabilidad y el seguimiento de esta línea, destinada a otorgar liquidez y al saneamiento de los pasivos de las EPS e IPS.

 

Como resultado de este esfuerzo, la Financiera aprobó en la primera parte de la línea, operaciones por valor de $276.741 millones para las EPS y de $134.920 para las IPS.

 

En razón a que se ha presentado una importante demanda de la línea por parte de las IPS públicas y privadas, con solicitudes que exceden los dos billones de pesos, el Ministerio amplió el monto de la línea en $350.000 millones, a través de la Resolución 5588 de 2015, al tiempo que permitió que las IPS ambulatorias o domiciliarias sean beneficiarias.

 

A la fecha, la Dirección de Financiamiento Sectorial ha emitido certificación de Potencial Beneficiario de la Línea de Crédito a diez Entidades Promotoras de Servicios de Salud y 164 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tanto públicas como privadas, con lo cual se espera que una gran cantidad de estas puedan materializar los créditos y así distribuir en el Sistema recursos por valor aproximado de 1 billón 334 mil millones de pesos, que es el monto total de la línea.

 

El Plan de choque

A su turno, la viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, presentó un balance positivo sobre las medidas del plan de choque para mejorar la liquidez y el flujo de recursos a la red prestadora de servicios de salud.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Financiamiento Sectorial consolidado a la fecha, el paquete de medidas ha permitido el giro de 937.778 millones de pesos a la red de prestadores y proveedores de servicios de salud, beneficiando a 1.395 entidades.

 

Un grupo de 150 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) -78 públicas, 70 privadas y 2 mixtas- se beneficiaron de la compra de cartera efectuada entre los meses de agosto y septiembre del 2015 como parte  del plan de choque.

 

Esta compra de cartera ascendió a 235.000 millones de pesos, asignados a instituciones prestadoras de 29 departamentos. Las IPS públicas se beneficiaron con operaciones por un valor total de 109.946 millones de pesos; entre tanto, las privadas recibieron 117.529 millones; y las mixtas, 7.576 millones.

 

Las compras de cartera

Los procedimientos de la compra de cartera de los meses de agosto y septiembre del pasado año quedaron contenidos en las Resoluciones 2826, 3169 y 3261 de 2015.

 

Adicionalmente, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron operaciones de compra directa de cartera por $9.956.418.844, $10.104.730.195 y $11.132.405.464 respectivamente, beneficiando a 103 IPS de naturaleza pública, mixta y fundaciones, según las Resoluciones 4452, 5064 y 5571 de 2015.

 

Con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) informaron que  van a utilizar $413.387 millones, de los cuales $311.977 millones corresponden a los recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 y $101.171 millones a recursos propios. Esto en cumplimiento de las Resoluciones 2233 y 2679 del 2015.

De acuerdo con la información reportada por las CCF, a la fecha se han realizado giros por valor de $185.828 millones a las IPS.

 

Los recursos de la Nueva EPS por valor de $37.200 millones se encuentran en trámite de pago.

Así mismo, Comfenalco Antioquia está finiquitando el reconocimiento de las acreencias con recursos propios y disponibles por cerca de $101.000 millones.

Las deudas que postran a las EPS

La directora de Acesi, Olga Lucía Zuluaga, que agremia a los hospitales públicos y sociales del Estado, dijo que de acuerdo con el estudio de cartera hospitalaria realizado por la ACHC y aplicado a 140 Instituciones Prestadoras de Salud, la deuda que a junio de 2015 tenían las EPS del régimen contributivo y subsidiado, los entes territoriales, el Fosyga y otras entidades del Estado hacia las IPS es de $5,8 billones, presentando una variación del 10,1% con respecto a la deuda reportada el semestre anterior.

 

En el estudio de la cartera hospitalaria, se indica que “las EPS del régimen contributivo son las que concentran la mayor responsabilidad con un 38% de la deuda general hacia las instituciones hospitalarias, lo que equivale a 2,1 billones de pesos, seguida por las EPS del régimen subsidiado con un 32,9% y El Estado, incluidos los entes territoriales y el Fosyga con el 9,3%”.

De las 14 EPS privadas, las mayores deudoras son Coomeva EPS y Saludcoop EPS, que según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, debe ser liquidada.
La Nueva EPS, entidad mixta con 2,7 millones de afiliados, representa el 26,7% del total de esa deuda que alcanzó un monto de $586.091 millones frente a los $522.259 millones de 2014.

 

Por su parte las EPS del régimen subsidiado tienen una deuda con las entidades hospitalarias por $1,9 billones, lo que representa el 32,9% de la cartera total del estudio realizado por la ACHC.

 

De estas EPS, la mayor deudora es Caprecom EPS con 19,2% que equivale a $365.372 millones del total de la deuda; seguida por Savia Salud con el 18,1% de la deuda general ($345.237 millones).

 

Entre tanto la deuda de los Entes Territoriales es de $271.364 millones. 

 

"La cartera que tienen con las IPS debe ser asumida con los presupuestos oficiales suficientes para evitar la quiebra sectorial; lo contrario sería permitir un detrimento patrimonial y una enorme defraudación a la confianza de las entidades públicas y privadas que de buena fe y en cumplimiento de su misión institucional y de mandato legal han atendido, y lo siguen haciendo, a los pacientes en todo el país", puntualiza en el comunicado la ACHC.