Por Helena Villamizar

Especial para EL NUEVO SIGLO

La rápida reacción de la sociedad civil permitió derrotar la mal llamada Reforma  a la Justicia.  Si bien esta “hazaña” legislativa motivó la indignación de la ciudadanía, no ha sido éste el único desmán contra la Constitución y los derechos de los colombianos protagonizado por el Gobierno y las mayorías oficialistas del Congreso en los últimos años. Tampoco dicho esperpento se creó en la conciliación del último día, como lo ha querido mostrar el Gobierno. Por el contrario, fueron tales los desafueros del proyecto de iniciativa gubernamental que desde su inicio recibió numerosas críticas de distintos estamentos de la sociedad y en especial de la propia Rama Judicial.

Con justificadas razones un editorial de este Diario tempranamente calificó el proyecto como Frankestein, advirtiendo el embate contra la separación de poderes y  la maniobra para debilitar a la Corte Suprema de Justicia, cuya valiente actuación contra la parapolítica el país reconocía.

Grandes vicios, incluida la impunidad parlamentaria, ya estaban contenidos en los textos de la reforma, según lo evidencian numerosas denuncias del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia,  y cuyo  Boletín de Prensa. Nº 016, invitaba a una jornada de protesta contra la reforma el pasado 30 de mayo.

Decía ese comunicado: “Que pretende lograr con la Reforma enredar y complicar el trámite de las investigaciones penales que por parapolítica y corrupción se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra varios de los congresistas, creando 4 instancias antes del fallo (en vez de 2 como sería justo) y debilitando la Pérdida de Investidura. DE PASAR ESTA REFORMA COLOMBIA YA NO VERÁ MÁS CONGRESTISTAS CORRUPTOS, FINANCIADOS POR LA PARAPOLÍTICA Y POR EL NARCOTRÁFICO EN LA CÁRCEL”.1/

Pero el Gobierno pasó por alto las numerosas críticas, incluidas las de reconocidos juristas y magistrados. Los verdaderos objetivos de la reforma eran erosionar la independencia de la Rama Judicial ampliando los poderes del Ejecutivo y privatizar la justicia bajo el engaño de  descongestionarla.

Como señaló el editorial de EL NUEVO SIGLO del pasado 19 de junio, la reforma contemplaba  “entre otras (…) la erosión en  la regulación de la justicia dividida en múltiples y costosos organismos a la vez que se da carácter de para-jueces a notarios y transeúntes con credencial para aplicar un sistema con fórceps cuyos fallos (¡oh paradoja contra los principios de celeridad y economía procesal!)  deben ajustarse después en los tribunales legítimos”.

Hasta el sector financiero

El citado Observatorio, igualmente, denunció hasta el cansancio el significado de tal privatización, la cual al lesionar el principio de gratuidad de la administración de justicia, conducía  a su estratificación y llevaría a “QUE EL SECTOR FINANCIERO SE FORTALEZCA MÁS A COSTA DE LOS DEUDORES, QUIENES SIN LA GARANTÍA DE UN JUEZ, PERDERÁN MÁS RÁPIDO Y SIN DEFENSA SUS VIVIENDAS”1/

El  favorecimiento al sector financiero fue en efecto pilar de la reforma en congruencia con otras medidas y acciones gubernamentales. El país se pregunta, por ejemplo, por qué tanto empeño y celeridad en sacar adelante una reforma a la Justicia cuyo verdadero leitmotiv era su privatización, mientras que a la monumental crisis de la salud no se le presta la debida atención y en cuyo origen está, como es ampliamente reconocido, su privatización. Como lo han señalado expertos analistas y  asociaciones de la salud,  la solución de esta crisis exige derogar la ley 100. No es un secreto que el ostensible crecimiento del gasto en salud en términos del PIB ha robustecido enormemente réditos privados mediante el negocio de la intermediación de estos recursos, pero ha llevado a que el derecho a la salud de los colombianos se encuentre en estado de coma.

La reforma a la Justicia no ha sido la única actuación indigna de las mayorías oficialistas del Congreso. Igualmente lo han sido la pasividad parlamentaria frente a la  crisis de la salud, como la aprobación de leyes o actos legislativos contrarios a los intereses de la nación,  ya sea por acción u omisión al no leerlos o estudiarlos con el debido rigor y responsabilidad por su investidura. Tal es el caso del Acto Legislativo de Sostenibilidad fiscal y la Regla fiscal impulsadas por el actual gobierno,  que en línea con las prioridades  de su antecesor subordinan los intereses de la nación  a los del capital financiero. Bajo el ropaje “técnico” de los criterios de “estabilidad macroeconómica” de las calificadoras de riesgo, que según Stiglitz “tienen un historial de malas actuaciones” fueron supeditados los derechos fundamentales de los colombianos al “grado de inversión” y a las “trampas financieras” que suelen representar para las economías los criterios de corto plazo y las medidas impuestas por  estos representantes del capital financiero. 

Más

Otro acto de suprema indignidad  fue la aprobación del TLC por Estados Unidos por las mayorías parlamentarias uribistas en 2007, con pleno conocimiento de que éste tratado iba a ser modificado por Estados Unidos. El TLC, como el acto legislativo de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal lesionan gravemente la soberanía macroeconómica; las normas que de estos se derivan limitarán las políticas de desarrollo y demandarán de Colombia enormes sacrificios en épocas de dificultades externas, como hoy está ocurriendo a Grecia, Irlanda y España entre otros, en  beneficio exclusivo del capital financiero.

La escandalosa aprobación de la reforma judicial por las mayorías de la “unidad Nacional” en el Congreso sin duda tuvo la enorme virtud de dar transparencia a la tarea  realizada por unos parlamentarios indignos y suscitar sospechas sobre otras de sus actuaciones, las cuales sería deseable que el repudio de la sociedad civil, como sucedió con la reforma a la justicia,  igualmente reversaran.

1/http://www.obserjusticia.org/2012/05/reforma-la-justicia-7-debate.html