FIRME , fiel a sus convicciones y con la tranquilidad de conciencia que le da el apego a la Constitución que siempre ha observado y que ahora por defenderla la tiene en las puertas de un juicio, con la “maquinaria madurista” trabajando a toda marcha en su contra, se mantiene la fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega.
Esta abogada de 59 años, veterana chavista y quien hace tres meses sorprendió al país y al mundo al “divorciarse” del gobierno venezolano por la ruptura del orden constitucional, es hoy una de las más férreas opositoras del Gobierno, el que redobló esfuerzos por acorralarla, al punto que logró que el Tribunal Supremo de Justicia la citara a audiencia, este martes, para definir si la somete a juicio.
De esta forma, el TSJ (uno de los muchos organismos controlados por el presidente Maduro) no sólo evaluará si la enjuicia -algo que podría llevar a su destitución-, sino que, como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado del oficialismo Pedro Carreño pidió a la STJ -acusado de servir al gobierno- que la enjuicie y destituya, alegando que "mintió" al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental.
El estará en la audiencia pública del martes con el defensor del ueblo, Tarek William Saab, de línea chavista.
Hace tres meses, esta disciplinada y firme abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional" por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el gobierno.
Rubia y de ojos claros que cubre con gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares de Maduro.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta".
"Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber", comentó.
"Terrorismo de Estado"
Ortega aseguro esta semana que el gobierno ha impuesto un "terrorismo de Estado" a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y dejan 79 muertos.
Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Desde que denunció el quiebre constitucional, la grieta con el gobierno se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, pues considera que atenta contra la "democracia participativa", y enjuiciar a magistrados.
Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición.
Tildada de "traidora" por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama "líder de la oposición", siempre ha sido de izquierda. Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en 2002 fue nombrada fiscal por Caracas.
Con el aval de Chávez, asumió como fiscal general en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios de gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un "suprapoder" que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participa.
La decisión contra la fiscal Ortega se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses, y dejan 79 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un "ataque terrorista" como parte de una intentona golpista esta semana.
El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.
La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada este miércoles en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.
"Parece que todo el país es terrorista (...) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado" mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional.
Apego a la Constitución
Ortega es recordada por imputar a los policías que la justicia condenó por el golpe de Estado a Chávez en 2002, pero también por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, la definió como "una mujer afable y respetuosa", si bien cree que "en el caso de Leopoldo la Fiscalía actúo de forma muy irregular".
El politólogo Nicmer Evans, chavista crítico de Maduro, considera que el papel de la fiscal será esencial para "reinstitucionalizar el país".
"Representa al chavismo digno, democrático, frente a las pretensiones totalitarias del madurismo", subrayó.
Analistas como Félix Seijas consideran que puede convertirse en un "puente" entre el chavismo crítico y la oposición.
Un periodista de la fuente judicial que la conoce desde hace 10 años asegura que Ortega "es muy sagaz y tiene gran olfato político".
No tiene hijos, pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir.
Al cierre de la semana, Ortega pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas cautelares de protección para los funcionarios del Ministerio Público.
La fiscal ha advertido que "se cierne sobre Venezuela un oscuro panorama sobre el Estado" y ha dicho que "Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana".
Finalmente, los fiscales de los países del Mercosur rechazaron las amenazas del oficialismo venezolano de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, "por fuera de los canales legales y constitucionales".
También consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones, pidieron que se le respete "su derecho a la defensa" y rechazaron “cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal (...) y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano".
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