Despojado por el ‘fast track’ de su principal función, la deliberación legislativa, el Parlamento cierra un periodo en el que los temas de paz se tomaron la agenda y muchas otras problemáticas se descuidaron 

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De las siete legislaturas que se han surtido durante los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos, la que acaba de terminar es, sin duda alguna, una de las más cuestionadas, no sólo en cuanto a la productividad en materia de proyectos de ley y actos legislativos aprobados, sino porque nunca antes las facultades y autonomías legislativas habían estado tan en el ojo del huracán.

Del periodo de sesiones ordinarias instalado el 20 de julio del año pasado se sabía, desde el comienzo, que sería clave para el futuro del proceso de paz. No en vano una de sus primeras tareas fue, precisamente, autorizar la solicitud presidencial para citar a un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las Farc. 

Ese visto bueno se hizo en tiempo récord, sin mayor debate y con la ruidosa pero poco efectiva oposición uribista, pese a que esta y muchos sectores del país seguían advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de rebajar el umbral de participación del 50 al 13 por ciento del censo electoral. Lo cierto es que la coalición y otras bancadas abrieron paso a la citación a las urnas el 2 de octubre, seguros de que el Sí arrasaría a los contradictores de lo pactado en La Habana, y pese a conocerse ya que en el acuerdo suscrito por Gobierno y Farc el rol del Congreso en la aprobación de leyes y reformas constitucionales derivadas del pacto sería apenas notarial, sin mayor posibilidad de modificar las iniciativas, que incluso entrarían automáticamente a bloque de constitucionalidad y se convertían en norma superior inapelable. 

Sin embargo, el No fue el que terminó ganando en las urnas, enviando un mensaje al Gobierno y a las mayorías parlamentarias sobre los fuertes reparos del país a lo pactado con la guerrilla, sobre todo en materia de cesiones políticas, jurídicas, electorales y económicas.

La refrendación inédita

Contrario a lo que las mayorías parlamentarias habían dicho cuando aprobaron la ley plebiscito especial y luego cuando autorizaron su convocatoria, en torno a que se respetaría el dictamen popular, el Congreso empezó a buscar un mecanismo para hacerle un esguince al constituyente primario.

De un momento a otro, tras iniciarse un diálogo nacional entre los del Sí y los del No para ajustar el acuerdo –que terminó en un nuevo desencuentro político–, se abrió paso a la propuesta de una inédita refrendación parlamentaria del acuerdo de paz. 

Pese a que múltiples voces insistieron en que no se podía suplantar a la democracia directa y participativa por una instancia de democracia indirecta y representativa, el Congreso terminó, en diciembre, aprobando lo que los ciudadanos negaron en las urnas. Un previo pero no menos polémico aval de la Corte Constitucional al tema de la refrendación legislativa del acuerdo, a partir de una simple proposición, le dio el piso a las mayorías parlamentarias para proceder, dando así un golpe mortal a la legitimidad y utilidad de los mecanismos de participación ciudadana.

El Congreso que autorizó el plebiscito como la voz del pueblo frente al acuerdo de paz, luego desconoció el dictamen de las urnas con una refrendación parlamentaria

En ese mismo fallo, la Corte dio vía libre al procedimiento de ‘fast track’ o vía rápida legislativa que estaba contenido en el acto legislativo de paz, que fue aprobado en el primer semestre del año pasado y permitía acelerar la aprobación de las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del proceso de paz. ‘Fast track’ que establecía, además, que el Congreso no podría reformar las iniciativas a menos que tuviera visto previo del Gobierno y, por extensión, de las Farc.

Salvo temas como el desafuero del magistrado Jorge Pretelt, la reforma al régimen de licores, el salario y las prestaciones sociales para las madres comunitarias, la prohibición del cobro de reconexión de servicios públicos o el aumento de la licencia de maternidad, fueron pocos los proyectos ajenos al tema de la paz aprobados en la primera parte de la legislatura. 

Simple notario

Ya con el ‘fast track’ andando y la minoritaria oposición del uribismo, en cuestión de pocos meses de este 2017 el Congreso aprobó la ley de amnistía a los guerrilleros desmovilizados y la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) –corazón jurídico del acuerdo de paz–, así como otras normas sobre la obligación de los próximos tres gobiernos de cumplir lo pactado en La Habana, la conformación de las Farc como partido político, la ampliación de derechos políticos, la comisión de búsqueda de desaparecidos, el monopolio de las armas en cabeza del Estado, mecanismos de protección a líderes sociales… 

En todas ellas, salvo algunas correcciones derivadas de los criterios y alertas del fiscal general Néstor Humberto Martínez, el debate parlamentario fue casi nulo y tanto las mayorías de las comisiones primeras de Senado y Cámara como las plenarias cumplieron un papel casi notarial. Esto hasta que hace un mes la Corte cambió de parecer sobre el ‘fast track’ y le devolvió al Congreso su función deliberante y legislativa para poder ajustar los proyectos de implementación del acuerdo sin permiso del Gobierno, facultad que, sin embargo, no utilizó en el cierre de la legislatura.

Termina así un periodo congresional bastante accidentado. Salvo los temas de paz, muchos polémicos y todavía pendientes de revisión constitucional, poco se avanzó en otros flancos e incluso se acusó al Congreso de estar ausente de muchas problemáticas nacionales como la crisis económica, la ola de paros, la tragedia invernal, el rebrote de violencia del Eln y las bandas criminales, las consultas contra minería y petróleo, la debacle penitenciaria… A ello se suma que los debates de control político terminaron en un pulso reiterado y desgastado entre gobiernistas y oposición, sin mayor valor agregado. Se hundió, por igual, el referendo sobre adopción pese a estar respaldado por más de 2,3 millones de firmas.

La aprobación este semestre de proyectos como la reglamentación del servicio militar, ampliación de una hora en la jornada nocturna laboral o la reducción de semanas de cotización para pensión a las mujeres, entre otras, terminan configurando un balance muy pobre de una legislatura en la que el Congreso, según no pocos sectores, estuvo ‘castrado’ legislativamente y no dudó en reversar una decisión del constituyente primario, ambas circunstancias tan inéditas como polémicas.

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