La politización. Los niveles de desprestigio que alcanza la administración de justicia en el país son alarmantes, pues ponen al descubierto que nadie cree en quienes la imparten debido especialmente a su politización y a la estructura que se le dio con la Reforma Constitucional de 1991. Una justicia dedicada a tomar decisiones según la agenda de los medios de comunicación, abusando de la medida de aseguramiento, con privación de la libertad en contra de personas que aún no han sido vencidas en juicio para dar golpes mediáticos y mostrar “resultados” ante la opinión.
Caso elocuente. Uno de estos casos es el del excongresista Jorge Hernán Mesa Botero, quien lleva nueve meses detenido. En 2004, como gerente de la Caja de la Vivienda Popular, se diseñaron y estructuraron dos proyectos de vivienda de interés social, en Manizales.
Inicialmente se prometieron en venta apartamentos de 42 metros cuadrados, y a petición de la mayoría de familias beneficiarias, en vez de construirlos solicitaron casas independientes de un solo nivel de desarrollo progresivo, aunque el área construida fuera menor, esto, con el fin de que en el futuro pudieran construir segundos y hasta terceros pisos, básicamente, para poder adecuar en el primer nivel una tienda, un local comercial o un garaje. Estas solicitudes fueron la razón para que finalmente se construyeran viviendas independientes de 28 metros cuadrados en lotes de 30 metros cuadrados. Por estos hechos, la Fiscalía considera que el haber construido menos metros cuadrados de los inicialmente prometidos, es una conducta que se enmarca en el delito de peculado por apropiación en favor de un tercero, es decir, en favor del constructor que ejecutó el proyecto.
Explicación. Aunque existen tres informes periciales del CTI de la Fiscalía, de la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, y por avalúos de procesos ejecutivos del Banco Agrario sobre las mismas viviendas, que concluyen que la reducción en metraje se debió a que construir viviendas es más costoso que construir apartamentos en edificaciones, el único sustento técnico que tiene la Fiscalía es un informe pericial presentado en un proceso administrativo elaborado por un perito que no es ni ingeniero, arquitecto ni exhibe título profesional, y tampoco está certificado por ninguna entidad que maneje listas de avaluadores. Según este peritazgo que llevó a la justicia a vincular a Mesa Botero al proceso y a dictarle la medida de detención, las viviendas entregadas costaban menos que los apartamentos inicialmente prometidos.
Libertad para otros. Mientras los taxistas que utilizan sus vehículos en paseos millonarios son dejados en libertad, un ciudadano está preso hace nueve meses por una decisión que tomó una junta directiva; empapelado por causa de una prueba aportada por una persona no calificada, y procesado por una adjudicación que él no manejó, pues se le encargó a una firma fiduciaria, mediante el mismo esquema que hoy día utiliza el Gobierno Nacional para desarrollar el proyecto de las 100 mil viviendas gratis.
No hay derecho. El proceso de Mesa Botero se encuentra ad portas de comenzar la etapa de juicio. Existen todos los elementos probatorios para explicar que el proyecto se desarrolló conforme a la ley y razones suficientes técnicas para explicar el valor de las viviendas, los cuales demostrarán que una vez más, nuestra Justicia ha cometido otra injusticia.