El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advierte que las Bacrim son hoy la mayor amenaza. Explica los principales obstáculos a la ley de reparación de víctimas. Anuncia que pidió ajustes al Esmad de la Policía. Igualmente sostiene que la tutelitis en la salud sigue ahondándose. Alertas por situación de derechos humanos en Antioquia, Chocó, Casanare y Caldas.

 

 

EL NUEVO SIGLO:- ¿Tras un año en su cargo, cuál es la crisis más grave que afecta el país?

JORGE ARMANDO OTÁLORA:- En este momento la situación de afectación a los derechos humanos de los colombianos tiene un alto grado de complejidad, principalmente por el accionar de los grupos armados ilegales denominados ‘Bacrim’, que cometen violaciones que van desde homicidios selectivos hasta el reclutamiento de menores, el ‘boleteo’, las extorsiones, las desapariciones forzadas, y las amenazas y atentados contra defensores de derechos humanos.

De la misma forma, el país afronta graves problemas relacionados con otros derechos no relacionados al conflicto, como por ejemplo el acceso a la salud, el retraso en el reconocimiento de las pensiones públicas como consecuencia del tránsito del ISS a Colpensiones, la calidad en la prestación de los servicios públicos y la crisis carcelaria, entre otros.

ENS:- ¿Cuáles son los obstáculos en el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras?

JAO:- En primer lugar, la adecuación institucional y la falta de infraestructura para responder a los retos que plantea la Ley 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras). También la poca coordinación entre la Nación y las autoridades territoriales que hace que las víctimas no reciban respuesta rápida y efectiva.

De otro lado, la participación de las víctimas en el diseño, implementación y ejecución de la política no ha sido oportuna, con lo cual el plan nacional y los planes territoriales no consultaron las necesidades de las víctimas.

Además, la valoración de las declaraciones de las víctimas no se ha hecho en los términos que señala la ley y, por lo tanto, se demora su atención, con lo cual se vulneran los derechos. Se ha centrado la atención de las víctimas en la parte asistencial, pero faltan programas concretos para que la reparación sea integral.

Por último, para la población indígena y las comunidades afrocolombianas la situación es más precaria porque hasta ahora se inician a diseñar los programas con enfoque diferencial.

ENS:- ¿Cuál es la situación de fondo en la crisis carcelaria y cómo evalúa los correctivos parciales adoptados por parte del Gobierno?

JAO:- Lo primero que hay que decir es que en las visitas humanitarias que he realizado a cerca de 30 centros de reclusión en todo el país, hemos podido evidenciar que se trata de la peor crisis carcelaria que haya registrado Colombia en su historia reciente por cuenta del hacinamiento que alcanza el 56% y en algunos casos hasta el 400% como ocurre en la cárcel de Riohacha.

Las cárceles colombianas cuentan con una capacidad para 76.000 internos y actualmente la población carcelaria del país asciende a 119.000. A esto se suman las falencias en procesos de resocialización y las dificultades en materia de salud y servicios públicos en dichos centros penitenciarios y carcelarios.

Hemos dicho que este no es un tema que se pueda solucionar cambiando la legislación o con una simple declaratoria de emergencia carcelaria, como la que  decretó  el Gobierno en mayo pasado, sino que se requiere la declaratoria del estado de emergencia social, que consagra el artículo 215 de la Constitución Política.

Esa es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al Presidente de la República tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad.

 

Crisis en DH

 

ENS:- ¿Cómo vamos en el tema de los Derechos Humanos?

JAO:- Aunque los índices de homicidios, el desplazamiento forzado y las amenazas de muerte han venido mostrando una disminución, estas conductas siguen generando una gran preocupación por parte de la Defensoría del Pueblo, pues constituyen las más altas causas de vulneración de los derechos humanos de los colombianos.

Recientemente emitimos un mapa nacional que advierte el riesgo de violación de derechos humanos en relación con el conflicto armado interno en el país, en el que se destaca la emisión de 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento, en el último año (septiembre 2012 – agosto 2013) donde se destaca la difícil situación de departamentos como Antioquia, Chocó, Casanare y Caldas.

ENS:-¿Cómo está el país en la protección de los sindicalistas?

JAO:- En diferentes oportunidades la Defensoría del Pueblo ha reportado información a las autoridades dando cuenta de amenazas, no solo contra los sindicalistas sino también contra los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales de diferentes regiones del país por parte de integrantes de las estructuras armadas ilegales. La Defensoría hace su labor solicitando a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía General de la Nación, tomar las medidas pertinentes para evitar estas situaciones.

Rechazamos enfáticamente las amenazas y asesinatos de miembros del sindicalismo en Colombia y hago un llamado a las autoridades competentes del Estado para garantizar la protección del derecho a la vida y la integridad de los trabajadores de manera que puedan adelantar sus actividades laborales en condiciones de seguridad y dignidad.

ENS:- ¿El fenómeno de las Bacrim se ha frenado o continúa expandiéndose?

JAO:- Es importante reiterar que el principal factor de amenaza son los grupos armados ilegales post-desmovilización de las Autodefensas (autodenominados Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, Libertadores del Vichada, entre otros, quienes mantienen disputas y confrontaciones con las guerrillas, y entre ellos) y que desde la Defensoría hemos denunciado permanentemente la expansión de estas organizaciones en diferentes regiones del país.

Hemos observado en nuestro mapa nacional de riesgo de violaciones de derechos humanos que dichos grupos armados son los mayores generadores de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, hay que destacar que el Estado colombiano ha reaccionado a través de la Fuerza Pública y los organismos judiciales con capturas permanentes de los líderes de estas estructuras armadas. Esperamos que el Estado siga debilitando las bases de estos grupos ilegales que tanto daño le hacen a la sociedad civil.

 

El Esmad

 

ENS:- ¿Cómo vio la actuación del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) en los recientes paros?

JAO:- La Defensoría del Pueblo respeta el derecho a la protesta y entiende que existen razones legítimas para que se lleven a cabo. Sin embargo, ha insistido en que las vías de hecho no son el camino adecuado para lograr las reivindicaciones sociales. De la misma forma, como garante de los acuerdos entre las partes, hemos llamado la atención sobre los abusos que se cometieron en el desarrollo de las manifestaciones, tanto por parte de los ciudadanos como de la Fuerza Pública.

Precisamente, le acabo de solicitar al Director de la Policía Nacional que se instruya y exija puntualmente a los miembros del Esmad la sujeción a las disposiciones contenidas en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptadas por las Naciones Unidas. De la misma forma, insté a la misma Dirección para que los miembros del Esmad porten un distintivo que permita su identificación.

 

Crisis en salud

 

ENS:- La tutelitis sigue marcando la pauta en el sector salud, ¿por qué no han funcionado las medidas del Gobierno?

JAO:- La acción de tutela se ha convertido en el instrumento más expedito y el más utilizado por los ciudadanos cuando consideran que se les están vulnerando sus derechos. Sin embargo, es tan compleja la situación de derechos como el acceso a la salud, que la Rama Judicial está coadministrando este servicio esencial, porque son los jueces a través de las tutelas quienes están solucionando los problemas de salud de los ciudadanos, con el agravante de que se pueden dar órdenes equivocadas. Esta es una situación que no debería presentarse en una sociedad decente donde la salud debe ser un derecho garantizado para todos.

Muestra de este fenómeno es que durante el primer semestre de 2013 se han interpuesto 222.840 tutelas en todo el país por diferentes temas, de las cuales cerca de 56.500, es decir la cuarta parte, invocaron el derecho a la salud, lo que representa un promedio de 9.500 tutelas mensuales relacionadas con el mal e inoportuno servicio o el no acceso a medicamentos.