Entre la defensa de los tres cargos que le imputó la Procuraduría y la verificación de las firmas que buscan convocar la revocatoria, se moverá esta semana el alcalde mayor Gustavo Petro.
Sobre las firmas, al considerar que el 30 por ciento son inválidas, el mandatario apelará mañana la certificación expedida por la Registraduría.
En cuanto al proceso que le adelanta el Ministerio Público, ayer Petro dijo que le están reprochando la disminución de ganancias de los operadores de aseo.
Según pudo conocer EL NUEVO SIGLO, la determinación de absolverlo, sancionarlo o multarlo se dará antes de terminar 2013. De manera que si es destituido habría elecciones en 2014.
Ayer Petro tuiteó: “¿Se puede criminalizar o disciplinar el hecho de que un alcalde tome la decisión que una empresa pública preste un servicio público?”.
“Un procurador dice que al quedar 5.000 toneladas de basura debo ser destituido. ¿Sabe él que en New York quedan 20.000 toneladas?”, escribió y agregó que “la esencia de los cargos con que se me piensa destituir: haber contratado con empresas públicas el aseo de Bogotá”.
Revocatoria
Frente a la revocatoria, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que la Administración hace el contraste de los hallazgos de la Registraduría en las firmas presentadas para la revocatoria y los hallazgos de la revisión que adelantó el movimiento Progresistas.
Para Jaramillo, hay inconsistencias que expresarán esta semana en la apelación ante la Registraduría: “Ellos encuentran que sólo el 10 por ciento de las firmas están por fuera del censo electoral, mientras que nosotros encontramos que es el 30 por ciento. Nos preocupa que quienes hicieron el trabajo en la Registraduría, son personas que tuvieron problemas en el Valle del Cauca”.
Versión libre
Ya Petro presentó versión libre a la Procuraduría los días 27 y 29 de mayo.
A la salida de la Procuraduría, Petro manifestó que había demostrado con estudios técnicos que los operadores de aseo generaron riesgos para la salud y el medio ambiente de la ciudad durante cinco días antes que terminara el contrato de concesión, al reducir la recolección de basuras.
De acuerdo con la Administración, el 47 por ciento de las basuras se acumuló en esos cinco días, según registro del ingreso de las mismas al relleno sanitario Doña Juana, causando el impacto visual en las calles que molestó a la ciudadanía a finales del año pasado; con las medidas de emergencia adoptadas por el alcalde, entre ellas el uso provisional de volquetas, se habrían protegido la salud y el medio ambiente, y se habría garantizado el servicio.
Petro ha argumentado desde el principio, y así lo habría reiterado en la versión libre, que los impactos y daños ambientales se debieron a una actitud que consideró criminal, de retención de la flota de compactadores que era propiedad del Distrito, en manos de los operadores privados.
Piden investigaciones
Estudios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y de la Secretaría de Ambiente demostrarían el punto de vista del Gobierno distrital, por lo que Petro pidió que se escuchen las declaraciones de los técnicos responsables de dichos estudios.
El burgomaestre pidió investigar los posibles delitos contra la salud pública y denunció que los operadores o concesionarios se resistieron a devolver al Distrito los vehículos, bases de datos y software de las concesiones que finalizaban el 18 de diciembre, con el fin de crear la emergencia en el servicio de recolección de aseo.
Petro aseguró en la Procuraduría que "con documentos y estudios técnicos hemos probado que el Alcalde no armó el basurero que se le endilga, y que el medio ambiente, la salud pública y el servicio de recolección de basuras no se afectaron. Fueron los operadores privados, en los últimos días del negocio de las concesiones que tenían y se acababan, los que dejaron de recoger la mitad de las basuras".
"Con la Constitución y la ley atendimos la emergencia, pusimos en marcha un sistema transitorio y dotamos a la ciudad de un nuevo esquema con más cobertura y mejor servicio", agregó.
Y dijo que a la hora de mirar el bosque y no el árbol, estudios técnicos demuestran que se protegió la salud y el medio ambiente frente a los riesgos generados por el fin del negocio de la concesión y las trabas o demoras legales para la nueva licitación.
Tranquilo y orgulloso
Petro ha dicho que se siente tranquilo y orgulloso. "Tranquilo porque”, dijo, “hemos demostrado fehacientemente la legalidad de los actos del Distrito, la constitucionalidad de los actos del Distrito. Y orgulloso porque esta Alcaldía pudo, a través de todos sus sistemas de gestión de riesgos, hacer que en dos días un enorme daño ambiental que se hubiese podido producir, no se produjera".
El alcalde Petro ha reiterado que no se apartó de la Constitución ni de la Ley para proteger a la ciudad de Bogotá. "Fueron otros los que violaron la ley para proteger sus intereses, y eso debe ser investigado", sostuvo Petro.