Por Néstor Rosanía *

Especial para EL NUEVO SIGLO

En medio de tantas dificultades y problemas que afronta el país, a los colombianos ahora se nos sumó otro más, y es que el tema de la paz quedara en medio de la contienda electoral.

Cuando un país se ha bañado en sangre durante varias generaciones, y se abre una puerta para dar fin a ese conflicto armado por medio de un proceso de paz, es necesario construir un espacio para que pueda darse una verdadera y real negociación, pero ahora este proceso se convirtió en un botín político electoral.

Faltando un año para las elecciones a Congreso y Presidencia vemos cómo los candidatos de todas las vertientes políticas buscan hacer campaña en los hombros de la paz.

Hace 4 años la palabra que estaba en todos los slogans y pancartas de candidatos era “seguridad”, y la de esta contienda que asoma sin lugar a dudas será “paz”. Desde las toldas uribistas se habla de “paz sin impunidad”, desde las santista se dice “esta es la oportunidad de llegar a la paz”, y desde el Polo se ha escuchado “paz pero con justicia social”… Así en cada partido se diseña un discurso electoral frente a la paz.

El punto principal de la discordia en los debates electorales se va a centrar en la posible participación política y elegibilidad de miembros de las Farc y en las penas por crímenes de lesa humanidad.

A la ofensiva

El Gobierno que era tímido y reservado en apoyar el proceso, después de la marcha del pasado 9 de abril ya se jugó a fondo y sacó del silencio absoluto al jefe negociador  Humberto de la Calle, para que saliera a defender en todos los escenarios los avances en la negociación y desmintiera aquellas voces que dicen que se está negociando una reforma constitucional para que no se condenen los crímenes  de lesa humanidad. De la Calle fue categórico al decir que en la Mesa no está en discusión una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que las Farc casi que a diario la piden en sus comunicados.

El jefe del equipo negociador del Gobierno manifestó que es bienvenida la crítica pero no el sabotaje, en una clara alusión al expresidente Uribe, luego del vergonzoso episodio de las coordenadas. Y en medio de este rifirrafe entre el Ejecutivo y los uribistas el senador Benedetti entra a la discusión,  diciendo que a aquellos que no apoyaran la paz deberían fusilarlos, palabras destempladas en un país con semejante ola de  violencia. Por último, el presidente del Congreso Roy Barreras se declaró fiel acompañante a la política de paz de la administración Santos.

En el entretanto, el ex presidente Uribe está de correría política por todo el país con sus candidatos, intentando consolidar su partido -Centro Democrático- y qué mejor eslogan electoral que el de “paz sin impunidad”.

La tesis de no permitir la elegibilidad de los miembros de las Farc, responsables de crímenes de lesa humanidad  tiene gran acogida en el país. Nadie quiere ver a Iván Márquez sentado en el Congreso de la República. Esa imagen sería tan dolorosa como la de Pablo Escobar o la de Mancuso aplaudido por el Congreso en pleno.

Santos ya le salió al paso al uribismo y citó esta semana en Casa de Nariño a sus escuderos para planear la estrategia electoral de 2014.

Puntos clave

Con este panorama tan agitado de declaraciones y debates, se pueden llegar a perder por parte de los ciudadanos unos puntos claves que cabe recordar. El primero es el concepto de la justicia transicional.  Este es un mecanismo jurídico que formula la legislación internacional con el objetivo de crear un marco legal flexible para poder dar el paso de un Estado en situación de conflicto a un Estado en situación de normalidad. El fin primordial de esta Justicia Transicional es llegar al  bien superior de la paz, donde se sabe, de antemano, que se debe sacrificar la justicia.

El proceso con los paramilitares en Colombia es el mejor ejemplo de justicia transicional, que se materializó con la ley de Justicia y Paz.

El gobierno Uribe se sienta a negociar con las autodefensas su desmovilización a cambio de penas de 8 años para los autores de crímenes de lesa humanidad. En su momento el país y, en especial, las víctimas tuvieron que apretar los dientes y resignarse a que aquellos que cometieron masacres, torturas y descuartizamientos tuvieran que estar tan solo 8 años en prisión, para después verlos en las calles o, incluso,  haciendo política sin ser ellos los candidatos.

Esto no tiene nada de justicia, aquí no se aplica la máxima del jurista Ulpiano de dar a cada quien lo que se merece. Pero en pos de la paz y  dentro del concepto de Justicia Transicional se tiene que hacer. Lo más triste en el caso de los paramilitares es que se burlaron del Estado, no han contado toda la verdad, no repararon sus víctimas y aun así muchos fueron beneficiados de los privilegios de Justicia y Paz.

Concepto de justicia

De antemano el país lo que debe tener claro es que justicia no va existir en este proceso con las Farc, como no existió con los paramilitares ni como tampoco existe en ningún proceso de paz en el mundo. Todos quisiéramos ver que los comandantes de las Farc paguen 60 años de cárcel por sus crímenes, cosa que no va a ocurrir, como no ocurrió con los paramilitares. Esto es claro para el Gobierno, los partidos y los candidatos de todas las vertientes.

Entonces el juego político y semántico va a que el discurso se monta sobre el concepto de no impunidad como sinónimo de justicia total, cosa que es improbable y deja en el imaginario colectivo un mensaje de beneplácito de un sector político con las Farc. Ese es un punto.

Y, el segundo, va ligado directamente con el anterior y sobre el cual el Gobierno acaba de ser notificado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU: “crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad”.

Una cosa, entonces, es justicia transicional y otra impunidad. Impunidad sería cero sanciones y dar todas las prebendas a autores de crímenes contra la humanidad. Hoy la Corte Penal Internacional tiene sus ojos en Colombia, por los procesos de ‘falsos positivos’ y por los diálogos de paz, en donde si el Estado colombiano no actúa conforme a los parámetros de la justicia transicional -que le da el margen de flexibilidad para la negociación-, la jurisdicción internacional puede pedir a miembros de las Farc como responsables de crímenes atroces y condenarlos.

El tema cada vez es más complicado no solo por el debate de diversas alas políticas, sino porque desde La Habana es indignante escuchar a unas Farc déspotas y arrogantes diciendo que no tienen secuestrados, que no están en el negocio del narcotráfico y, para colmo, que ellas son víctimas de este conflicto.

Esperar de esta guerrilla  que cuente toda la verdad y  realice una reparación real a sus víctimas es casi improbable, y ese es uno de los requisitos indispensables de la justicia transicional.

El desafío para el Gobierno y para el proceso en sí mismo es poder tener resultados claros antes de finalizar este año. Ahora los tiempos son determinantes. Santos se juega su reelección y el hecho de pasar a la historia como el presidente de la paz. El uribismo se juega a fondo recuperar el poder y cada traspié del Gobierno con el tema del proceso le suma puntos. La comunidad internacional y, en especial Naciones Unidas, está atenta a ver hasta dónde el Estado flexibiliza sus posturas frente a los delitos de lesa humanidad. Y las Farc, pese a que en público se niegan a aceptarlo, saben que sus crímenes los deben pagar y, si son torpes y no lo hacen en el marco de justicia transicional, la Corte Penal Internacional estará atenta para hacerlos pagar en los tribunales supranacionales.

La paz es sin lugar a dudas la que definirá en 12 meses al nuevo presidente de Colombia. El problema de usar a la paz como eslogan electoral es que unos y otros esperan cuánta sangre se tiene que derramar para aumentar la fuerza en su contienda electoral.

* Analista político, director Centro de Estudios en Seguridad Defensa y Asuntos Internacionales (Cesdai). En twitter @nestorrosania