Un paso más hacia su definición se juagará el próximo 25 de julio el Marco Legal para la Paz, fecha en la que la Corte Constitucional escuchará a las partes en audiencia pública dentro del trámite de estudio del proyecto de ley.

Ese día volverán a estar cara a cara el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, protagonistas en la discusión y quienes tienen posiciones encontradas.

Del mismo modo asistirán el ministro del Interior, Fernando Carrillo; el ministro de de Defensa, Juan Carlos Pinzón;  la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.

Las discusiones que se den en este escenario y las conclusiones que salgan de ella, serán el abrebocas de lo que se espera sea la decisión del alto tribunal.

Como se sabe, la Corte empezó desde diciembre pasado el estudio del Proyecto de Acto Legislativo  01 de 2012 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, también llamado Marco Jurídico para la Paz.

El estudio de la ley, aprobada en junio de  2012 por el Congreso entró en su recta final en el alto tribunal, luego de que el pasado 29 de mayo fuera radicada la ponencia por parte del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

En este sentido a la norma le resta su discusión en la Sala Plena de la Corte, en la que los magistrados deberán acoger o desaprobar el sentido de la ponencia que hasta ahora se desconoce.

No obstante, hasta ahora  no se ha agendado en el orden del día el tema la discusión de la Ley, según la Secretaría General de la Corte Constitucional.

Mientras en La Habana se avanza en la negociación con las Farc y en Colombia se aprueba la reglamentación fuero penal militar y se abre paso una reforma a la Fiscalía para prepararla para el posconflicto, en la Corte Constitucional está pendiente una decisión que podría remover todo el marco normativo vigente para viabilizar una terminación de la guerra y la reinserción de los combatientes.

La polémica

El Marco, que contempla la aplicación de la  justicia transicional como forma de sometimiento de los desmovilizados para cualquier grupo armado al margen de la ley, fija las condiciones de reinserción y de la participación política, ha generado polémica entre diferentes sectores políticos debido a que la ley también posibilita la aplicación de la amnistía.

En su trámite, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, emitió concepto negativo, por considerar que  la norma abre el camino a la impunidad.

“Hace imposible que se garantice los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas afectando un proceso de justicia”, afirmó Ordóñez en su intervención ante la Corte.

“Al habilitar el marco jurídico para la paz se pone a Colombia en la misma situación que tienen sistemas judiciales inviables como el del Congo, Kenia, Camboya, Sierra Leona o la antigua Yugoslavia”, precisó el jefe del Ministerio Público.

“Establece que las personas que si se van a investigar, a los llamados ‘máximos responsables’, solo se les investigará por algunos delitos y otros no. De esta forma, en el universo de conductas delictivas, la norma establece que la Fiscalía podrá centrar la investigación penal únicamente en los delitos de lesa humanidad y crimines de guerra y genocidio, excluyendo las otras conductas criminales en el conflicto armado interno”, indicó.

Esta posición ha sido controvertida por el fiscal General de la Nación, Eduardo Montrealegre, quien ha sostenido que no hay derechos absolutos que no admiten ningún tipo de relativización.

“Quiero decir que la orientación no solo de la Corte Constitucional colombiana sino de una gran cantidad de tribunales internacionales han sostenido que los derechos fundamentales y los derechos humanos no son derechos absolutos, que son derechos que son relativos y que pueden ser flexibilizados cuando entran en colisión con otros derechos”, explicó Montealegre.  

En relación a la justicia transicional, el jefe del organismo investigador ha cuestionado los cuestionamientos del Procurador al decir que “su concepto de justicia real es del siglo XVIII. Que conste señor Procurador que estoy hablando del siglo XVIII y no del Medioevo, pero no lo hago para descalificarlo a usted intelectualmente, lo digo porque usted está en una concepción de filosofía penal del siglo XVIII”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que por el tiempo que han tomado las conversaciones en La Habana, los acuerdos ya no se alcanzarán a tramitar en el Congreso y en la Corte Constitucional una norma que permita la participación de los grupos ilegales en los comicios de 2014, en caso de llegarse a un acuerdo de paz.

“Por eso digo que tendrían que establecer unos atajos constitucionales o unos puentes para poder garantizar seguridad jurídica y política a quienes se desmovilicen”, precisó el legislador.

En ese sentido el Parlamentario expresó el temor de que el proceso de paz tome más tiempo del inicialmente presupuestado.

La reforma constitucional también deberá superar la demanda interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas que solicitó declararlo inconstitucional “porque sustituye un pilar fundamental de la Constitución Política: el deber del Estado colombiano garantizar los derechos humanos,  y por consiguiente, de investigar todas las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y de juzgar a sus responsables”.

Reforma de la Fiscalía

En este contexto, el miércoles el Congreso aprobó en último debate el proyecto de ley por el cual se otorgan facultades extraordinarias pro témpore al Presidente para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas.

 Con esta iniciativa se pretende construir una entidad dinámica y flexible para combatir de manera efectiva las nuevas formas de criminalidad organizada, mediante la implementación de nuevas y mejores tendencias investigativas, la priorización de casos, la actualización de sus procedimientos, el fortalecimiento de su planta de personal y su renovación tecnológica.

 Esta incluye, entre otros puntos, la creación de una institución universitaria como establecimiento público de orden nacional para la formación y el conocimiento científico de la investigación penal, criminalística y distintas áreas requeridas por la Fiscalía General de la Nación.